Trece Gobiernos de la UE critican las medidas excepcionales de Orbán frente al virus
El Gobierno húngaro ha establecido un estado de alarma indefinido que le otorga más poder
Media Europa se moviliza contra la última vuelta de tuerca autoritaria del primer ministro Viktor Orbán con la crisis del coronavirus como pretexto. Trece países de la UE, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, lanzaron este miércoles un comunicado conjunto en el que muestran su inquietud por las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno húngaro. Los socios comunitarios creen que las restricciones por la pandemi...
Media Europa se moviliza contra la última vuelta de tuerca autoritaria del primer ministro Viktor Orbán con la crisis del coronavirus como pretexto. Trece países de la UE, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, lanzaron este miércoles un comunicado conjunto en el que muestran su inquietud por las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno húngaro. Los socios comunitarios creen que las restricciones por la pandemia deben ser temporales, proporcionadas y respetar la libertad de prensa, y opinan que Budapest incumple las tres premisas.
Recluir a la población en sus viviendas, sancionar a los que pisan la calle sin permiso o prohibir las reuniones masivas se ha convertido en el duro precio a pagar para vencer al virus en gran parte de los Estados miembros. El recorte de libertades, impensable más allá de circunstancias excepcionales como una guerra o una pandemia, ha sido concebido en todo momento por las cancillerías europeas como un mal necesario con fecha de caducidad. Por todas menos por una. Las leyes aprobadas por el Parlamento húngaro este lunes para luchar contra el coronavirus van un paso más allá: prolongan el estado de alarma indefinidamente, lo exime del control parlamentario, y castigan, con hasta cinco años de prisión, a quienes publiquen informaciones falsas o distorsionadas que “obstruyan o eviten la protección eficaz de la población”, un enunciado subjetivo que se teme abra la puerta a la persecución de periodistas.
La reacción de buena parte de los socios europeos al movimiento de Budapest ha sido crítica. Pese a lidiar internamente con la mayor crisis sanitaria sufrida por el continente en un siglo, el respeto a las más elementales reglas democráticas sigue estando en el ADN de la UE. Y 13 países han mostrado su inquietud por lo que consideran un atentado contra sus valores. “Estamos profundamente preocupados por el riesgo de violación de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales derivados de la adopción de ciertas medidas de emergencia”, afirma el documento.
La idea compartida es que la emergencia sanitaria no puede servir de excusa a Viktor Orbán para instaurar un régimen a su imagen y semejanza. “Las medidas de emergencia deberían limitarse a lo estrictamente necesario, deberían ser proporcionadas y temporales por naturaleza, sujetas a escrutinio regular y respetar los principios mencionados así como las obligaciones del Derecho Internacional”, añade el texto.
El escrito no cita en ningún momento a Hungría, pero no hay dudas sobre su destinatario. Entre los remitentes del mensaje están las cuatro grandes economías europeas: Alemania, Francia, Italia y España. Pero también han querido sumarse Irlanda, los países del eje del Benelux, los sureños Portugal y Grecia, y los nórdicos Finlandia, Suecia y Dinamarca.
La respuesta de los 13 países se produce después de que varias organizaciones de derechos humanos expresaran su rechazo a la deriva autoritaria de Orbán. Y un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que examinará las medidas de emergencia que los Veintisiete han tomado frente al coronavirus para asegurarse de que no vulneran derechos fundamentales. El paso adelante de la Comisión ha sido aplaudido por el grupo de países firmantes del comunicado, pero fuera de él han quedado otros 13 Estados. Entre los que no lo respaldan están los grandes aliados de Orbán del llamado Grupo de Visegrado: Polonia, República Checa y Eslovaquia. Un nuevo foco de disensión dentro de la UE en medio de una cruenta pandemia.
Tusk pide la expulsión de Fidesz del PPE
La pertenencia de Fidesz al Partido Popular Europeo pende de un hilo. La formación ultraconservadora de Viktor Orbán fue suspendida hace un año por su desafío al Estado de Derecho. La decisión limitaba su poder en el grupo al impedir acudir a congresos y restringir su derecho a voto, pero no revocaba su condición de miembro. Este miércoles, el presidente del PPE, Donald Tusk, instó al resto de miembros a ir más allá y expulsar a Fidesz definitivamente. “Construir un Estado de emergencia permanente es políticamente peligroso y moralmente inaceptable”, criticó. Orbán contraatacó con una carta a la líder de la CDU alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, a la que pidió que hablara con Tusk para acabar con la división en el seno del PPE, pero la posición del líder húngaro en el PPE aparece más frágil que nunca.