La liberación de tres mujeres presas por abortar aviva el debate sobre la despenalización en El Salvador

Cinthia Rodríguez celebró el jueves su cumpleaños por primera vez en libertad, después de pasar nueve años en la cárcel. La mujer de 32 años sufrió un aborto espontáneo en 2008 y tras un largo juicio las autoridades de El Salvador la condenaron en 2009 a tres décadas de prisión, acusándola de homicidio agravado en una nación en la que la interrupción del embarazo es ilegal en todos los casos. Tras nueve años de batalla legal, la Sala Penal de la Corte Suprema salvadoreña falló a favor de Cinthia y otras dos mujeres, y conmutó sus penas tras afirmar que estas fueron desproporcionadas y que el sistema de justicia no tomó en cuenta otros elementos al juzgarlas, como su condición social o de salud.

Junto a Cinthia fueron liberadas del Penal de Ilopango —a 12 kilómetros de San Salvador— María del Tránsito Orellana y Alba Lorena Rodríguez, ambas también condenadas a 30 años de prisión por homicidio agravado. Las tres mujeres se reunieron con sus familiares después de que las autoridades del Ministerio de Seguridad les informaran sobre su libertad en un acto público, un hecho cargado de simbolismo en un país muy conservador. “Las leyes contra el aborto son similares en El Salvador, Nicaragua u Honduras, pero en El Salvador hay un sector muy conservador que coludido con sectores religiosos se ensaña contra las mujeres. Son muy beligerantes en perseguirlas”, explica Martha María Blandón, activista nicaragüense que ha trabajado durante décadas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Centroamérica. Blandón estuvo el jueves en el acto de liberación de Cinthia, María y Alba, que considera un “hecho extraordinario” porque por primera vez autoridades de alto nivel del país centroamericano declaran públicamente “que el Estado salvadoreño se equivocó, que el sistema de justicia fue negligente”.

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En las cárceles de El Salvador todavía hay 18 mujeres encarceladas por casos similares a los de las tres liberadas. Las activistas consultadas por el EL PAÍS explican que se trata de mujeres pobres, entre ellas hay madres solteras, algunas son analfabetas, viven en zonas empobrecidas y sin acceso a servicios sanitarios. “Algunas ni sabían que estaban embarazadas y se enteraron al sufrir dolores, ir a la letrina y ver que sangraron”, explica Blandón. Cuando estas mujeres acuden a un centro médico tras sufrir los abortos espontáneos, son los mismos funcionarios del sistema de salud quienes avisan a la Policía, que las detiene y remite al sistema judicial.

Angélica Rivas forma parte del equipo de abogadas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico que trabajó para lograr la liberación de las detenidas. El jueves se mostraba “muy feliz” y aseguró que esta decisión de la justicia salvadoreña abre un precedente para conmutar la pena de las 18 mujeres que siguen apresadas. “Hemos puesto a prueba la institucionalidad del Estado, demostramos que la incidencia ciudadana funciona”, dice a EL PAÍS. “Esto sienta un precedente, puede hacer que los tribunales cambien la manera de analizar estos casos y eso es fundamental para que El Salvador se pueda llamar un Estado de derecho”, afirma.

La Agrupación Ciudadana pidió al Congreso salvadoreño que discuta una reforma para despenalizar el aborto. Rivas explica que hay dos propuestas de reforma estancadas en el sistema legislativo: una de ellas, presentada por una diputada del izquierdista FMLN, establece como causas para la interrupción del embarazo, cuando la vida de la mujer está en riesgo, el feto presenta malformaciones o en caso de violación a mujeres adultas y a niñas y adolescentes. La otra propuesta fue presentada por un legislador de la conservadora ARENA, y establece solo dos causas: riesgo a la vida de la madre o por violación. El año pasado falló en el Congreso una discusión para despenalizar el aborto, pero Rivas espera que, después de la liberación de Cinthia, María y Alba los legisladores se animen a discutir las propuestas. “Las dos son viables”, asegura.

El Salvador ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos por la forma tan beligerante en la que hacen cumplir la legislación contra el aborto. La Agrupación Ciudadana lleva el recuento de cifras de espanto: entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres han sido condenadas por delitos relacionados a la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a 250 mujeres. Amnistía Internacional ha desarrollado varias campañas para exigir al Estado salvadoreño que acabe con la prohibición del aborto. En 2018 este organismo reunió 268.630 firmas en 60 países para instar al Congreso salvadoreño a discutir la despenalización. “El estado salvadoreño sigue sin reconocer el gravísimo contexto de violencia institucional, las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas miles de mujeres y niñas en El Salvador”, dice Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía. “La liberación de Alba, María y Cinthia, cuyas sentencias fueron conmutadas, es, sin duda, el resultado del arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Estas tres mujeres no debieron pasar ni un día en prisión, pero fueron judicializadas en un contexto en donde la total prohibición del aborto también criminaliza la pobreza y la falta de acceso a servicios médicos integrales en salud reproductiva. Una mujer pobre que sufre una complicación obstétrica en El Salvador siempre estará en riesgo de ser encarcelada”, afirma Guevara-Rosas.

El Salvador está atravesando por un intenso cambio político. Hace un mes el joven Nayib Bukele fue elegido como presidente del país centroamericano, acabando con décadas del bipartidismo entre Arena y los exguerrilleros del FMLN. Bukele ha llamado su elección como el inicio de una “nueva era” en su país y su llegada al poder despierta muchas expectativas, entre ellas la posición que la nueva administración tendrá sobre el aborto. Para la activista Martha María Blandón el nuevo presidente “es una gran incógnita”, pero no ve en él a un mandatario comprometido con una agenda progresista. La abogada Angélica Rivas, por el contrario, tiene “esperanzas” en que haya un cambio en la política oficial sobre el aborto. “Sí, estamos esperanzadas, a la expectativa. Ojalá que acompañe una propuesta tan justa como es revisar la legislación sobre el aborto. Esta es una oportunidad para que el presidente cambie el rumbo del país”.