India legaliza el rechazo de los pacientes al tratamiento asistido para una muerte digna
El Tribunal Supremo del país asiático reconoce el derecho a rechazar medios artificiales que prolonguen la vida a enfermos terminales
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de India ha declarado legal el derecho de las personas, incluidos enfermos terminales y aquellos en estado de coma incurable, a plasmar su voluntad anticipada de negarse a tratamientos médicos que prolonguen sus vidas de forma artificial.
La sentencia, ratificada el viernes por una sección de cuatro magistrados del constitucional dirigida por el Presidente de la Corte Suprema Dipak Misra, considera que el derecho fundamental a la vida y a la “plena existencia” debe incluir la elección de un...
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de India ha declarado legal el derecho de las personas, incluidos enfermos terminales y aquellos en estado de coma incurable, a plasmar su voluntad anticipada de negarse a tratamientos médicos que prolonguen sus vidas de forma artificial.
La sentencia, ratificada el viernes por una sección de cuatro magistrados del constitucional dirigida por el Presidente de la Corte Suprema Dipak Misra, considera que el derecho fundamental a la vida y a la “plena existencia” debe incluir la elección de una muerte digna. Aunque los jueces dieron sus opiniones por separado, todos coincidieron unánimemente en aceptar un 'testamento vital' que permita “aliviar la agonía de los individuos”, dijo Dipak Misra.
El hito se remonta a una petición judicial realizada en 2005 por la organización no gubernamental 'Common Cause', a la que le siguió el caso de Aurna Shabaug en 2011; en el que el tribunal permitió la retirada del tratamiento de sostenimiento de la vida en pacientes que no estuviesen en una posición de tomar una decisión formada o en estado vegetativo permanente. Así, el presente fallo aprueba solo la autonomía del paciente, es decir, su derecho a rechazar medios artificiales que les prolonguen la vida; siempre y cuando la decisión esté avalada por un documento de voluntades anticipadas ó testamento vital; para el que se establecen una serie de directrices.
Según los parámetros establecidos por el tribunal, el testamento vital solo puede ser determinado voluntariamente y por escrito por un adulto en su sano juicio. El documento, que debe ser firmado en presencia de dos testigos y refrendado por un juez magistrado de primera clase, establece las circunstancias bajo las cuales se puede recurrir a la retirada de la asistencia médica o las medidas médicas a las que se opone el paciente en el proceso de retraso de su muerte. El testamento vital también tiene que mencionar a la persona encargada de ejecutar tales decisiones en caso de que el enfermo no pueda hacerlo, así como la posibilidad de el paciente revoque dicha autoridad en cualquier momento.
Ante el eventual procedimiento, el hospital de turno debe constituir una junta médica con el director del departamento concerniente y, al menos, tres especialistas con más de 20 años de experiencia que examinarían al paciente para confirmar que se cumplen las especificaciones previstas por la ley y por el propio testamento vital. Finalmente, la junta médica debe comunicar su decisión al guardián o a la familia, en caso de que el paciente no esté en posesión de sus facultades cognitivas, y recibir la aprobación del juez antes de proceder a la retirada de la asistencia médica.
El fallo del Tribunal Supremo no reconoce, por tanto, la eutanasia activa o directa; que continúa siendo ilegal en India. Esta última, según la Organización Mundial de la Salud, se produce en los casos de suicidio asistido profesionalmente; de homicidio intencional de aquellos que han expresado, de manera libre y con competencia plena, el deseo de ser ayudados a morir; ó en el caso de la muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida.
India se convierte así en el segundo país de toda Asia en regular la retirada voluntaria de la asistencia médica artificial para casos de pacientes terminales junto a Japón. En Australia, el estado de Victoria cuenta con una ley al respecto.