México encara la crisis de los desaparecidos con una nueva ley

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Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas ha sido finalmente aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Ejecutivo para su publicación. A más de diez años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico encabezada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), México por fin contará con una norma que prevenga esta violación a los derechos humanos, facilite la localización de personas desaparecidas y garantice la reparación integral a las víctimas. La norma prevé penas de hasta 60 años de cárcel para los servidoes públicos que incurran en este delito y de 50 años para los particulares que priven de la libertad a alguien.

El dictamen, que fue aprobado por unanimidad, prevé crear una comisión nacional de búsqueda de personas que estará integrada por servidores públicos, quienes podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados. La ley también crea un registro nacional de desaparecidos que depurará el actual. El conteo que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sitúa en 33.482 las personas no localizadas en los 32 estados del país y ha recibido críticas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos que buscan a sus familiares por ser impreciso.

En los últimos diez años la crisis de derechos humanos se ha agravado en el país. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros repuntaron a raíz de la guerra contra el narco. En diversos Estados del país los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos, ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones. Tamaulipas es la entidad que encabeza el mayor número de averiguaciones previas relacionadas a personas que permanecen sin localizar. según el registro actual. Una de las peticiones más recurrente de las familias de los desaparecidos ha sido estar en el proceso de las investigaciones. La legislación aprobada señala que se les integrará a través de un sistema ciudadano que dará seguimiento a las acciones del sistema nacional de búsquedas.

Una vez que entre en vigor la norma también se deberán crear fiscalías especializadas en el ámbito federal y en los Gobiernos locales para facilitar a los familiares los avances en la investigación y se deberán establecer programas de protección a las víctimas, sus familiares y toda persona involucrada en el proceso. También se deberá crear un registro de fosas. Los familiares de los desaparecidos y sus representantes se les garantizará el acceso a las evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda de los suyos.

La presión internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014 llevó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas a finales de 2015. Desde entonces cuatro comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa del Ejecutivo y en la que habían presentado otros legisladores. En abril de este año, los senadores aprobaron el dictamen y lo enviaron a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue aprobado este jueves.

El año pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al Congreso aprobar la norma para crear una estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación que tenga garantizados los recursos para su funcionamiento. “Esta estructura debe coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes", expuso en un comunicado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también pidió generar una base de datos, como parte de la ley, donde se aclare cuántas son desapariciones forzadas, (con la participación de un servidor público) o ausencias y cuántos casos son atribuibles al crimen organizado..