Lorenzo Córdova: “¿De verdad queremos que el narco pague las campañas en 2018?”

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene algunos días despachando en una oficina alterna. Los edificios de la autoridad electoral, al sur de la Ciudad de México, muestran los daños de los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Las grietas están a la vista en las escaleras y los gruesos plafones de yeso, que aportaban 35 toneladas de peso a la construcción, están apilados en el suelo desnudando las instalaciones eléctricas. Córdova (Ciudad de México, 1972) sabe que parte de su encargo son los gestos que dan a los mexicanos confianza y seguridad. Por eso trasladó su oficina, que no registró ningún daño, al tercer piso de un edificio lleno de empleados asustados por la tragedia.

Toca ahora a Córdova lanzar una advertencia sobre una de las secuelas políticas dejadas por los terremotos. El 25 de septiembre, a seis días del segundo seísmo y mientras la sociedad se organizaba para rescatar a las víctimas y atender a los damnificados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso en el Congreso eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reducir la Cámara de Diputados de 500 legisladores a 300 y el Senado de 128 representantes a 64.

César Camacho, el líder del PRI en la Cámara baja, calcula que estas medidas representarían un ahorro al Estado de 11.619 millones de pesos que podrían “destinarse a la atención y reparación de daños ocasionados por los desastres naturales recientes”, según la iniciativa. El partido en el Gobierno, con mayoría simple en ambas cámaras, desea que las medidas entren en vigor para la campaña de 2018.

Córdova advierte que “no es pertinente” cambiar las reglas del juego una vez comenzado el proceso electoral que concluirá el 1 de julio con la elección de un presidente y 3.416 cargos en todo el país. El presidente del INE asegura que la última ocasión en la que se reformaron las leyes durante un proceso democrático fue en 1994 ante un contexto de violencia generada por el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI. “El cambio solo debe hacerse cuando haya un consenso unánime de todos los jugadores y cuando sea absolutamente necesario para la viabilidad democrática de las elecciones”. ¿Ve la autoridad electoral este escenario tras los seísmos? “La respuesta es evidente: no”, afirma Córdova.

La iniciativa presentada por el diputado Camacho está dirigida al malestar ciudadano generado por el alto costo de las elecciones. El INE otorgará a los partidos políticos 6.788 millones de pesos para hacer campaña el próximo año. Esta cifra ha irritado amplios sectores de la sociedad, indignada ante la corrupción política y los desvíos de dinero de algunos gobernadores.“Hemos llegado a unos excesos en los montos que se destinan a financiar la política”, admite Córdova, quien se dice partidario de rebajar el dinero público. “Pero hay una sobre reacción. Parece que los políticos están asumiendo un sentimiento de culpabilidad y esta propuesta tiene una buena dosis de demagogia”.

La propuesta del PRI, que tendrá que ser discutida y aprobada por el Congreso, abre la puerta a que diversos intereses económicos irrumpan en las campañas de 2018. El texto de Camacho desea que sean los “militantes, simpatizantes o personas morales de nacionalidad mexicana” quienes paguen a los políticos. Aún quedaría vigente la prohibición a recibir dinero de iglesias o empresas extranjeras. “En este país hay muchos dispuestos a financiar la política. Desde intereses criminales a corporativos. Nadie puede negar el riesgo que esto supone… Lo planteo con exceso y mucha preocupación: ¿De veras queremos que el narco financie las campañas?”, dice Córdova.

No existe la serenidad necesaria ni la frialdad para discutir las reglas del juego

La campaña a la presidencia del próximo año tendrá un tope de gasto de 430 millones de pesos. El límite de dinero público que puede recibir un candidato son 100 millones de pesos. “Sin financiamiento público, ¿de dónde va a salir el resto del dinero?”, cuestiona el consejero presidente del INE. “Tengamos cuidado. El remedio, cuando es malo, puede ser más caro que la enfermedad”. El abogado y académico considera que el tiempo para la discusión sería después de las elecciones.

Pero la caja de Pandora ya se ha abierto. El PRI ha renunciado a más de 200 millones de pesos de dinero público que le correspondían para 2017. El miércoles 4 de octubre el Congreso local de Chiapas, una de las regiones más afectadas por el seísmo del 7 de septiembre, aprobó una propuesta del Partido Verde, un aliado del PRI, para eliminar el financiamiento público a los candidatos de los siete partidos que buscarán un cargo en las elecciones. Córdova cree que la decisión será impugnada y que el caso llegará a la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que decidir su constitucionalidad.

La propuesta del PRI rompe con la reforma política de 1977 promovida por uno de sus ideólogos más importantes, Jesús Reyes Heroles. Estas modificaciones abrieron el sistema de partidos y permitieron el crecimiento de la oposición frente al partido hegemónico. Esa reforma trazó el camino para que en 1996 se consolidara el financiamiento público para que las competencias fueran más equilibradas y transparentes. La marcha atrás propuesta por el PRI ahora pone en riesgo el avance democrático, considera Córdova. “No existen la serenidad necesaria ni la frialdad para discutir las reglas del juego. Estamos hablando de reglas de las que depende el futuro democrático y que están siendo replanteadas sin un debate sereno, objetivo y profundo”.