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Moreno busca cerrar la puerta al regreso de Correa con una consulta en Ecuador

Los ecuatorianos serán consultados sobre si aceptan la enmienda constitucional que permite la reelección indefinida a partir de 2021

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la canciller, María Fernanda Espinosa, el lunes en Quito. Ampliar foto
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la canciller, María Fernanda Espinosa, el lunes en Quito. EFE

Un año y medio antes de terminar su mandato en 2017, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa se aseguró de dejar una puerta abierta para su regreso y aprobó una enmienda que permitía la reelección indefinida a partir de 2021. Ahora su sucesor y exaliado, Lenín Moreno, ha puesto esa medida en riesgo. El mandatario convocó el lunes una consulta popular, que se celebrará como muy pronto en diciembre, entre cuyas ocho preguntas se incluye una sobre la posibilidad de que el presidente se eternice en el poder.

El texto de la segunda pregunta de la consulta indica: “Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional [Parlamento] el 3 de diciembre de 2015?”. Moreno ya ha dejado muy clara su postura: todo lo que no sea alternabilidad en el poder es una “aberración democrática”.

Correa buscó en su día un atajo burocrático a través del Parlamento para aprobar la enmienda de la reelección y no la sometió a votación popular. De las ocho preguntas definidas, depuradas a partir de 400 propuestas recibidas de ciudadanos, partidos políticos y organizaciones sociales, cinco supondrían, en caso de ser apoyadas por los ecuatorianos, una modificación de la Constitución. Y entre ellas, dos intentan poner freno a los casos de corrupción.Moreno cree necesario que el pueblo decida si está de acuerdo con que se sancione a todo cargo público condenado por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. También ha puesto en el centro de las críticas al órgano que selecciona a las autoridades de control.

El presidente lamenta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado como cuerpo de representación popular que elige al fiscal general, al contralor (que fiscaliza la gestión de las instituciones públicas) y al procurador (que defiende los intereses del Estado), está en realidad politizado y no ha cumplido su función, abonando el terreno para que los casos de corrupción se propaguen por las instituciones públicas.Moreno pregunta a los ecuatorianos si creen que tal consejo debe ser reestructurado para garantizar que sus miembros no sean afines a movimientos políticos o grupos de poder y si quienes lo conforman actualmente, que han sido señalados por su cercanía al correísmo, deben ser sustituidos. Así como a las autoridades de control nombradas por ellos —también cuestionadas por su afinidad al Gobierno anterior— pese a que no hayan terminado su mandato.

Las ocho preguntas definidas por Moreno serán sometidas a dictamen de constitucionalidad por el Supremo y, según los cálculos de la presidencia, podrían ir a votación a partir de diciembre. De su redacción, se deduce que el nuevo régimen ha querido desmarcarse de la herencia más polémica de la anterior Administración. Además de la reelección y de las cuestiones relacionadas con la corrupción, la consulta popular podría deshacer el camino andado por Correa en cuanto a la explotación petrolera y minera. Dos puntos que plantea proscribir “sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos” para evitar casos como el de la ciudad de Zaruma, engullida por la minería ilegal, y reducir en un tercio “el área de explotación petrolera autorizada por [el Parlamento] en el Parque Nacional Yasuní [de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas]”. Asimismo, pretende que los delitos de abusos sexuales contra menores nunca prescriban y que la ley de plusvalía, con la que Correa quiso corregir la tendencia especuladora inmobiliaria, sea derogada por haber generado un colapso en la construcción.

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