El caso del último desaparecido argentino se convierte en un problema grave para Macri

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El pasado sábado, 20 supervivientes de la ESMA, el centro de torturas más famoso de la dictadura argentina, protagonizaron un sobrecogedor recorrido por las instalaciones, hoy convertidas en un modélico centro de memoria para no olvidar la represión. Uno tras otro, en las zonas donde fueron recluidos y torturados, donde murieron centenares de compañeros, en el mismo sótano donde otros eran drogados para ser introducidos sedados en aviones y después lanzados con vida sobre el Río de la Plata, narraban sus durísimas experiencias a centenares de personas allí reunidas. Y todos ellos, al presentarse, en la puerta de la ex ESMA, dijeron la misma frase: “Estuve aquí como detenido-desaparecido y quiero que aparezca con vida Santiago Maldonado ¿Dónde está?”.

El público aplaudía cada vez que se citaba el nombre. Algunos jóvenes, en vez de preguntar por los horrores del lugar, por los recuerdos de los supervivientes, les pedían que les aconsejaran qué hacer para presionar a favor de la reaparición de Maldonado, el último desaparecido argentino, del que no se sabe nada hace casi un mes.

Se le perdió la pista el 1 de agosto, durante una protesta de un grupo de mapuches en la Patagonia que han ocupado tierras del grupo Benetton. Los indígenas aseguran que a Maldonado se lo llevó la Gendarmería, los agentes lo niegan y el Gobierno los defiende. La principal hipótesis instalada en Argentina apunta a que lo mataron de algún golpe y escondieron el cadáver. Pero aún no ha aparecido ninguna evidencia que incrimine a los agentes y los testigos mapuches solo hablan encapuchados y sin ofrecer su nombre, porque este grupo de indígenas no reconoce a la justicia local. El caso se complica cada vez más, y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reclamado al Gobierno que lo resuelva ya.

El escándalo crece cada día, y ya se ha convertido en un problema serio para el Gobierno de Mauricio Macri. Este fin de semana la campaña a favor de Maldonado estalló en las redes sociales: casi 500.000 tuits pedían al Gobierno que aclare dónde está el último desaparecido de un país en el que esta palabra tiene un significado especial. Argentinos famosos en todo el mundo se están interesando y se solidarizan con la causa en las redes. “Soy Gustavo Santaolalla y estoy grabando en Los Ángeles ¿dónde está Santiago Maldonado?” escribía el famoso músico, ganador de dos Oscars.

El caso ha llegado incluso al fútbol. El fin de semana, San Lorenzo y Temperley, dos equipos de primera, pusieron pancartas en sus estadios reclamando la reaparición. El Patón Guzmán, portero suplente de la selección argentina, se colocó una camiseta con el reclamo. Y el entrenador, Jorge Sampaoli, contestó cuando le preguntaron en la rueda de prensa previa al partido Uruguay-Argentina del jueves: “Como argentino, para los que vivimos aquella época [por la dictadura] molesta un poco que este tema no esté resuelto”.

El asunto ya no solo moviliza al sector más crítico con el Gobierno, los kirchneristas, empieza a extenderse entre su propio público, lo que es más inquietante para el Ejecutivo. La conductora estrella Mirtha Legrand, que apoya al Gobierno, fue especialmente dura en sus preguntas sobre el asunto a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que insiste en defender a los gendarmes y aún no ha apartado siquiera a los responsables del operativo.

Bullrich, que fue cercana al mundo montonero –su hermana fue pareja de Galimberti, uno de los más conocidos dirigentes del grupo- y recorrió casi todos los partidos hasta llegar al macrismo, alimentó la polémica con una frase sobre los represores y los guerrilleros: “Ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles”.

El Gobierno trata de alentar otras hipótesis para la desaparición de Maldonado, como la posibilidad de que en realidad fuera víctima de una pelea 10 días antes en la que no participaron los agentes, pero tampoco aporta ningún elemento sólido para esa alternativa. La familia insiste en que Maldonado desapareció a manos de la policía. Ahora además han publicado un vídeo para demostrar que él estaba allí el 1 de agosto, pero el hombre que ellos señalan aparece encapuchado, con lo que tampoco hay certezas.

El Ejecutivo está cada vez más inquieto y se molesta mucho cuando tratan de asociar a Maldonado con los desaparecidos de la dictadura. La comparación no resiste un mínimo análisis: entre 1976 y 1983 un gobierno militar organizó una represión masiva sin juicio ni garantías que terminó con 30.000 desaparecidos. Desde hace 34 años en Argentina se suceden gobiernos democráticos y ha habido escándalos de desaparecidos, pero nunca ningún plan sistemático.

El Gobierno insiste en que están trabajando para encontrarlo pero no hallan ninguna evidencia de que se lo llevaran los gendarmes. De hecho no dan ningún crédito a los testigos ni a la familia y aseguran que ni siquiera tienen claro que estuviera en ese lugar el 1 de agosto. En su último informe de gestión en el Congreso, el jefe de Ministros, Marcos Peña, remarcó ante los diputados que el Gobierno está comprometido con la búsqueda de Maldonado. "No hemos encubierto a nadie y queremos que se sepa la verdad. Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona del Estado que se haya apartado un centímetro de la ley y de la aplicación de la fuerza pública", dijo.

El juez del caso, Guido Otranto, sigue buscando evidencias y está haciendo todo tipo de pruebas de ADN, pero el caso ha entrado en un marasmo de confusión habitual en Argentina. Dos años y medio después no se sabe si el fiscal Nisman murió o fue asesinado. 23 años después aún no hay autores claros ni condenados del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y que precisamente investigaba Nisman cuando apareció muerto con un tiro en la cabeza.

Los argentinos están pues muy acostumbrados a los casos sin esclarecer y la impunidad. Sin ir más lejos, la justicia permitirá a Carlos Menem que se presente a las elecciones al Senado a pesar de estar condenado por tráfico de armas. Pero este caso ha superado el alto nivel de tolerancia de los ciudadanos del país austral a los escándalos. El Gobierno ya sabe que tiene un problema mayúsculo en plena campaña electoral, pero mientras no aparezca el cuerpo la solución está muy lejana y el caso solo puede empeorar.