Asesinado el octavo periodista mexicano en lo que va de año

El reportero mexicano Luciano Rivera estaba en un bar con unas amigas la noche del domingo antes de convertirse en el octavo periodista asesinado en lo que va de año. Alrededor de la 1.40 de la madrugada del lunes, cinco hombres entraron al local, ubicado en Rosarito (Baja California), y tuvieron una discusión con él. Uno de ellos sacó una pistola y le descerrajó un tiro en la nariz que le atravesó hasta la nuca. Y aunque las autoridades no han confirmado si hay alguna relación por su trabajo, con su muerte se suman casi dos reporteros asesinados al día desde marzo a julio de este año. Y México se retrata como uno de los rincones del mundo más letales para ejercer este oficio. 

"Descanse en paz nuestro compañero Luciano Rivera, a nombre de quienes laboramos en CNR TV, gracias a todos los que han enviado mensajes y a quienes nos han hablado por teléfono al canal", informaba la mañana del lunes en un comunicado la televisora local CNR, donde trabajaba el periodista además de dirigir la revista Dictamen. 

La noche del domingo al lunes, Rivera estaba en un conocido bar de la localidad costera de Rosarito llamado La Antigua, ubicado en una de las vías principales. Ahí entraron cinco hombres, según ha señalado la subprocuradora de la zona Patricia Librada Ortega. Las primeras investigaciones apuntan a que tuvieron una discusión con el reportero por una de las amigas con las que se encontraba. "No tenemos ningún dato de que tenga alguna relación con la actividad periodística de la víctima", ha precisado la funcionaria.

El grupo de agresores salió del lugar y se subió al mismo taxi en el que habían llegado. Más tarde, las autoridades detuvieron al que manejaba el vehículo y en él encontraron una pistola, a la que se refieren como presunta arma del crimen. De momento es el único detenido por el crimen. En un vídeo de una cámara de seguridad del establecimiento se observa a la gente salir conmocionada del lugar de los hechos. 

De los ocho reporteros asesinados este año en el país, ninguno vivía en la capital. Cecilio Pineda, asesinado en marzo, vivía en un pueblo de Guerrero; Ricardo Monluí, en una ciudad pequeña de Veracruz; Miroslava Breach en Chihuahua; Maximinio Rodríguez, en Baja California Sur, Javier Valdez en Sinaloa y Jonathan Rodríguez en un pueblo de Jalisco. El caso más reciente fue el de Salvador Adame, que dirigía un canal de televisión en la Tierra Caliente de Michoacán, región de historial violento, al amparo de los cárteles de la droga y demás grupos delictivos. 

El asesinato de Javier Valdez en mayo colmó la gota de la indignación nacional. La imagen de uno de los periodistas más respetados en México y Estados Unidos acribillado a 12 tiros, de rodillas y a plena luz del día en Culiacán, hizo que el caso se convirtiera en un catalizador de la reacción del Gobierno. La saña y el descaro de los sicarios, generaron tal reacción —principalmente del gremio— que obligó al presidente, Enrique Peña Nieto, a anunciar nuevas medidas para la protección de periodistas.

Las críticas aparecieron casi al instante, cuando los propios compañeros de Valdez recordaron que el Gobierno ya gestionaba un mecanismo de protección de periodistas, y que, dados los elevados índices de violencia contra ellos, no se trata de un sistema muy eficiente.