Buenos Aires obligará a sus 93.000 policías a pasar un control de consumo de drogas

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La Policía Bonaerense, a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de Argentina, tiene mala fama. En poco más de 16 meses, el gobierno provincial echó, por causas diversas, a casi 4.300 agentes y encarceló a otros 362. La obligación de los mandos superiores de presentar sus declaraciones de ingresos terminó con 1.000 policías investigados por enriquecimiento ilícito. Ahora será el turno del uso de drogas ilegales. Los 93.000 policías de la Bonaerese serán sometidos a pruebas toxicológicas que determinarán si son consumidores activos. “Quién consume no puede manejar un patrullero, no puede manejar un arma y no puede prevenir al narco”, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal.

Las pruebas comenzarán en 90 días, serán sorpresivas y se dispondrán por sorteo. En una primera etapa pasarán por los test los cuadros más altos, empezando por el ministro de Seguridad, los comisarios y todos los efectivos destinados al combate del narcotráfico. Luego se sumará al resto de los uniformados. A cargo de las pruebas habrá una fundación independiente, que coordinará su trabajo con Asuntos Internos de la policía. “La idea es prevenir el consumo de drogas adentro de nuestra fuerza”, dijo Vidal, “y no tiene un objetivo punitorio. Es, en principio, para que aquellos que consumen tenga la posibilidad de pedir ayuda y pueda reinsertarse”. Los casos positivos serán suspendidos el tiempo que dure el tratamiento. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo que seguirán cobrando su salario, “pero dejarán de inmediato de portar un arma o de manejar un patrullero, porque en esas condiciones serían un peligro para sí mismos y para los demás”.

Las leyes argentinas no penan el consumo personal de drogas siempre que esa acción no perjudique a un tercero. Los policías, claro está, no está amparados por el espíritu de esa norma por tratarse de una fuerza pública que va armada y tiene responsabilidad sobre la vida de otros. La Bonaerense tiene en estos momentos 300 sumarios abiertos por consumo de drogas para un total de 93.000 hombres. Los casos se mantienen en reserva, aunque algunos de ellos se han colado a los medios gracias a las redes sociales. El más emblemático fue en diciembre pasado, cuando una agente de la policía local de Ezeiza, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, grabó a su compañero esnifando cocaína dentro de la patrulla. La idea es que estos casos salgan ahora la luz mediante un sistema formal que los mantenga en el anonimato y permita la contención. “Hay policías que pueden pedir voluntariamente el tratamiento, porque esto no es una caza de brujas”, dijo Ritondo.

El plan forma parte de un plan más ambicioso de cambio de imagen de la policía Bonaerense, una fuerza que cada nuevo gobierno promete depurar. Vidal llegó al gobierno con la misma promesa. “Es nuestra responsabilidad garantizar a cada vecino que tiene una fuerza policía que los protege y que no está condicionado en sus decisiones por el consumo de drogas. Si detectamos que ese policía es parte de una banda será perseguido, eso no se hizo nunca y si hay un lugar donde tenemos que hacerlo es en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

La gobernadora, incluso, habló de mafias. Se refirió así a los uniformados detenidos por enriquecimiento ilícito, con dinero salido de sobornos del juego ilegal, la prostitución o el narcotráfico. Para Vidal, “todos tienen que explicarle a la sociedad como viven y como se constituye su patrimonio”. “Mi decisión política”, dijo, “es no parar hasta garantizar que el último policía es honesto. Yo sé que hay mafias, pero en este equipo tenemos la tranquilidad de que no somos parte de la mafia y como no somos parte de la mafia podemos combatirla”