Un gallego perdido en Paraguay

Daniel Martínez Vera es un paraguayo de 19 años que tiene acento gallego. Sus 14 años de residencia continua en Santiago de Compostela le han marcado su forma de hablar y también de pensar. “No estoy mal pero tampoco estoy bien” dice en una entrevista con EL PAÍS en Paraguay, país adonde fue deportado en noviembre por las autoridades españolas contra su voluntad y la de su familia, que aún vive en Galicia. El 22 de noviembre se produjo su deportación exprés porque, transcurrido un año desde su mayoría de edad, no consiguió un contrato de trabajo. Ahora tiene prohibido regresar a Galicia durante 5 años.

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El Gobierno aseguró en su momento que la deportación se realizó “con todas las garantías legales", pero el caso ha desatado protestas de vecinos y de asociaciones de migrantes en España,  que apelan al arraigo social del joven en Galicia. Fue un cambio muy drástico para Daniel pasar de las calles asfaltadas de Santiago de Compostela a los caminos de tierra roja de Itá, un pueblito dedicado a la agricultura a unos 35 kilómetros de Asunción. Fue un viaje desde una región de mar donde están su madre y su hermano menor a un país rodeado de tierra en el corazón de América del Sur, a unos 9.000 kilómetros de distancia, donde casi no tiene nada ni a nadie.

“Extraño mucho a mi madre y a mi hermano y no me encuentro bien. No estoy trabajando y no tengo ningún sustento. Necesito estar ya donde me crié y no aquí, que no me siento bien”, dice desde la humilde vivienda donde convive con unos familiares de su padre, con el que no tiene relación, que le ofrecieron quedarse.

Abogados de la organización de migrantes paraguayos en España Paraguay Resiste interpusieron una demanda frente a la expulsión dictada por la subdelegación de Gobierno de A Coruña y hoy, martes 19 de abril, se celebró una vista en los juzgados de Santiago de Compostela. La ley contempla la autorización de residencia por arraigo social para los extranjeros que hayan permanecido en España un mínimo de tres años y tengan un contrato laboral de al menos uno. “Quiero volver. Tengo una oferta de empleo. Estoy seguro que podría estar trabajando. Es una empresa de música de un peruano en Barcelona que me ofreció trabajo si me retornan”, dijo Daniel. José Luis Zagazeta, administrador de una distribuidora digital de música ubicada en Cataluña,ofreció un empleo al joven deportado “para que pueda retornar y legalizar su situación”.

Daniel llegó a los 5 años a España con su madre, quien desde entonces trabajó como empleada del hogar, sin conseguir una autorización de residencia hasta hace poco tiempo. Desde el 2002, la familia se instaló en Santiago de Compostela.

A la madre de Daniel le detectaron un cáncer hace cinco años, del que todavía se recupera. “Necesito volver para estar con ella y ayudar con mi hermano, que se merece disfrutar de su infancia”, ruega. Cando enfermó, su madre se vio obligada a poner a Daniel, por entonces de 13 años, bajo la custodia de la Xunta de Galicia. La Xunta asumió entonces la guarda del menor, pero cuando éste cumplió la mayoría de edad lo dejó a su albedrío. La Consellería de Política Social sostiene que no era competencia suya tramitarle la nacionalidad.

Daniel asegura que se comunica con su madre por mensajes, pero que eso no es suficiente. “Élla esta regular, no trabaja, no sabe que hacer. Élla me dice que está bien pero no se yo si es del todo verdad”, dice.  Sus abogados resaltan que Daniel no tiene arraigo familiar en Paraguay y sí en España. “No tiene ninguna relación con su padre porque este se desentendió de él hace muchos años (...) Su situación es de absoluta exclusión social ya que sus familiares más cercanos, como su madre y su hermano, viven en España", aseguran en la demanda que presentaron en los tribunales gallegos. “Por lo tanto, su vínculo familiar, además de académico, social y cultural está en España, donde desea poder regresar para reunirse nuevamente con su familia”, añaden.

El Foro Galego da Inmigración, la ONG que asesora a migrantes en Galicia, y el grupo de En Marea, que lidera la oposición en el Parlamento gallego, han reclamado a la Xunta que interceda ante el Gobierno central para “poner fin a las campañas de deportación” y “abolir la legislación de extranjería” que, denuncia, “tiene claras señas racistas y atenta contra los derechos humanos”. “El arraigo social de un chico de 19 años que ha vivido 14 en territorio gallego, en donde se encuentran su madre y su hermano, debería haber sido suficiente para evitar su deportación”, dijo la formación política.