Incidentes en Argentina en el juicio contra una militante kirchnerista

La tensión política por la detención de la militante kirchnerista Milagro Sala en Jujuy (1.500 km al norte de Buenos Aires, Argentina) ha derivado en violencia. La dirigente social, líder de la organización Tupac Amaru, enfrenta en prisión acusaciones judiciales que van desde la malversación de fondos hasta la instigación al desorden público. Durante la primera audiencia pública, en la que se esperaba un fallo por una causa de 2009, la policía local se enfrentó con violencia con legsiladores nacionales y provinciales que habían viajado a Jujuy en apoyo de la militante.Sala está detenida sin condena desde enero, en una decisión judicial que ha merecido el repudio de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El Gobierno de Mauricio Macri niega que la prisión preventiva de la dirigente responda a cuestiones políticas.

Los incidentes se inciaron cuando la policía negó el ingreso a unos 30 legisladores convocados por la defensa. La prohibición derivó en un duro choque con las fuerzas de seguridad, con golpes a la diputada nacional Mayra Mendoza, del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), y dos concejales de la provincia de Buenos Aires. En rueda de prensa, este martes, en el Congreso Nacional, Mendoza denunció "una situación lamentable, evidencia de lo que se vive permanentemente en la provincia de Jujuy". "Solo es posible que no haya estado de derecho en una provincia cuando al país lo gobierna Macri. Intentamos entrar a la audiencia que es pública y la policía de (el gobernador) Gerardo Morales nos reprimió violentamente”, dijo. "Recibí muchísimos golpes, como se pudo ver, me tomaron del cuello y me dejaron sin respiración”, dijo.

La denuncia de Mendoza acaparó, minutos después, el inicio de la sesión en Diputados, destinada a aprobar un proyecto de reforma del impuesto al salario. El presidente del bloque de Cambiemos (oficialista), Mario Negri, dijo desde su banca que “no solo hubo agresiones en un lugar y hay que repudiarlas a todas”. Se refirió así al caso de un exdiputado kirchnerista que aparece en un video golpeando a un policía. Luego apuntó directamente contra los legisladores del FpV: "Aunque les duela hay que tener la vara pareja. Acá no hay dueños de los derechos humanos; ¿qué se creen que son?".

La dirigente social Sala y dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales (ROS) están en el banquillo por un escrache contra el gobernador Morales en 2009. El abogado de la querella, Eduardo Vergara, solicitó 8 años de prisión efectiva para la líder de Tupac Amaru por el delito de instigación y para Graciela López y Roberto Salvatierra (ambos de ROS), por daños agravados y amenazas coactivas. La sentencia se conocerá el 28 de diciembre.

La detención de Sala se ha convertido en un problema de dimensiones internacionales para Macri. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyó hace tres semanas el pedido de libertad emitido el 21 de octubre por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Sala está detenida en forma preventiva, acusada de malversación de fondos en los millonarios programas sociales que adminstraba su agrupación, Tupac Amaru. Macri insiste en que debe seguir en prisión porque en libertad podría afectar los procesos en su contra. Pero ha debido enfrentar un rechazo cada vez mayor. Antes del fallo de la CIDH, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió por la libertad de la líder social y diputada del Parlasur. El Gobierno ha respondido siempre con la mimsa fórmula: tomó nota de los reclamos y los envió a la justicia jujeña. Al mismo tiempo invitó a la CIDH a viajar a Argentina para que tenga “contacto directo con los distintos actores (…) que se encuentran vinculados al caso de la señora Sala”.