El Gobierno de Venezuela cuestiona la mediación del Vaticano

El secreto mejor guardado de la última semana en Venezuela fue el contenido de la carta que monseñor Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, envió al presidente Nicolás Maduro para criticar la falta de compromiso del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo con la oposición. Con la publicación de la misiva -que exige, entre otros, el establecimiento de medidas para aliviar la crítica falta de alimentos básicos y medicinas, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral que ponga fin a la crisis- llegó la airada respuesta del chavismo. El jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, ha protestado “de manera enérgica” los términos de esa comunicación “porque se alejan de un acompañamiento prudente, silencioso e imparcial, no inherente a los temas abordados entre las partes, que son requisito indispensable para la gestión que efectúa el Vaticano en Venezuela”.

El Gobierno protestó por la carta de Parolin, fuertemente criticado por toda la nomenklatura chavista a lo largo de la semana, con el latiguillo de la intromisión en los asuntos internos y la afrenta a la soberanía. “Venezuela no es un protectorado del Vaticano”, escribió Rodríguez. La carta es un nuevo hito en la tirante relación que la Santa Sede ha mantenido con el régimen de Caracas desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder. La presencia del Vaticano, solicitada por la oposición, cuya jerarquía en Venezuela siempre ha chocado con los modos del chavismo gobernante, es el precio que ha tenido que pagar el gobierno de Maduro para llevar a su contraparte a la mesa de diálogo, un clamor continuo desde el inicio de las protestas encabezadas por el líder opositor Leopoldo López a principios de 2014.

Poco ha tardado el Vaticano, apenas dos reuniones, en exigir avances en el diálogo. Lo hace motivado por el agravamiento de la crisis y el sufrimiento de los sectores más vulnerables y está dispuesta a garantizar la gobernabilidad siempre que las conversaciones concluyan con una salida electoral consensuada. Ese propósito choca con el del chavismo, que entiende las conversaciones como una bocanada de aire para el gobierno de Maduro, cercado por una severa crisis económica, cuando apenas transita por la mitad de su gestión.

Rodríguez respondió punto por punto las exigencias del Vaticano. El gobierno ha querido descartar cualquier posibilidad de adelantar las elecciones, una propuesta que ha surgido en las reuniones bilaterales como una posibilidad. “En Venezuela hay un cronograma electoral según lo previsto en nuestra Constitución y nuestras leyes: elecciones de gobernadores a mediados de 2017, comicios de alcaldes a finales de ese mismo año y elecciones presidenciales en diciembre de 2018. Ese es el cronograma que nosotros asumimos en claro acatamiento de nuestra soberana Constitución”, afirmó Rodríguez.

La oposición ha tomado esta carta del Vaticano y su negativa a volver a la mesa de diálogo hasta tanto el gobierno cumpla como una forma de recuperar el impulso que perdió cuando decidió aplacar las protestas en la calle y apostar a los acuerdos políticos. Los facilitadores han pedido a las partes una tregua hasta el 13 de enero para que no terminen de patear la mesa con decisiones desde los poderes públicos que controlan. Está por verse si en los calmados días de diciembre el gobierno controla la incontinencia verbal de su dirigencia, ganada a la satanización de su contraparte, y si la oposición, que controla el Parlamento, reconoce al Tribunal Supremo de Justicia, que lo ha declarado en desacato, para intentar ver si finaliza el bloqueo político y es posible la convivencia.