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Gobierno y ciudadanos discuten el tarifazo del gas argentino rodeados de policías

El Ejecutivo se ve intimidado por la Corte Suprema a explicar las subidas antes de su aplicación

Grupos de izquierda protestan durante la audiencia pública sobre el aumento del gas.
Grupos de izquierda protestan durante la audiencia pública sobre el aumento del gas.

La subida en las tarifas del gas se ha convertido en un desafío político y judicial para el presidente Mauricio Macri. Intimidado por la Corte Suprema, el gobierno argentino inició ayer en un centro cultural de Buenos Aires las audiencias públicas que exige la ley, pero ha debido desplegar más de 3.000 policías, cortar el tránsito y cercar el edificio con vallas ante el temor de manifestaciones violentas. El ministro de Energía, Juan José Araguren, fue el primer orador de una lista que superó las 300 personas, entre altos funcionarios, empresarios gasíferos, legisladores y representantes de los consumidores, y que obligará a extender las sesiones al menos hasta el domingo. Aranguren confirmó que el tarifazo del gas no superará en promedio el 203%, lejos del hasta 800% de incremento que recibieron los usuarios con el aumento decretado en abril y anulado más tarde por la Corte hasta tanto el Ejecutivo no cumpliese con la formalidad de las audiencias.

Macri ha decretado subidas en todos los servicios públicos para eliminar poco a poco los millonarios subsidios que repartió el kirchnerismo para mantener bajas las facturas. En el caso del gas, la estrategia costó al Estado “más de 5.700 millones de dólares durante el último año, que cubrió la diferencia entre lo que cobró el productor y lo que pagó el usuario”, explicó Aranguren. La intención inicial del Gobierno de Macri fue eliminar de un golpe esa diferencia, pero tuvo que dar marcha atrás por las protestas callejeras y un fallo adverso e inapelable en la Corte. Aranguren ha dicho ahora que el aumento será escalonado, hasta llegar a “cero subsidio en 2019”. El promedio de las subidas será de 236% en los consumidores más pequeños y de 122% en los más grandes, explicó el ministro. Y prometió que una familia tipo pagará en verano una factura de 500 pesos (33 dólares), “menos de lo que hoy abona por la televisión por cable o el teléfono celular”, argumentó Aranguren.

El ministro Aranguren abre la audiencia pública por el gas.
El ministro Aranguren abre la audiencia pública por el gas. EFE

Actualizar las tarifas ha sido el eje de la política de ahorro fiscal de Macri. Pero ha chocado con el gas, sobre todo por el impacto que tuvo en las familias una subida decretada en el inicio del invierno. Pero el problema es de fondo, advirtieron los expertos que sucedieron a Aranguren en la audiencia. El 51% de la matriz energética argentina se basa en el gas, un recurso que tiene en abundancia (posee las segundas mayores reservas del mundo en yacimientos no convencionales, después de China) y que fue, al menos hasta ahora, muy barato. Pero ante el agotamiento de los yacimientos más rentables y el aumento del consumo, derivado del crecimiento económico registrado a partir de 2004, el país debió importar gas para satisfacer la demanda.

“Desde 2009 el país pagó por importaciones 60.000 mil millones de dólares, dinero que se quemó en las cocinas o para generar electricidad. Es dinero no productivo”, dijo Daniel Gustavo Gerold, de la consultora G&G. A su turno, hablaron los representantes de las empresas distribuidoras. Todas coincidieron en su reclamo de aumento “porque los costos no dan”. Al final de la lista de oradores se colocó a los consumidores, principales impulsores del freno judicial al tarifazo.

El gobierno eligió para las audiencias el centro cultural Usina del Arte, un edificio construido en 1914 que albergó los generadores de la compañía Italo Argentina de Electricidad, en el corazón del barrio de La Boca. En ese mismo lugar funcionó hasta 1908 el primer campo de juego del club Boca Juniors. Hasta allí se acercaron los grupos de izquierda para denunciar que las audiencias son “una farsa” porque sus resultados no son vinculantes. Desde temprano los manifestantes se agolparon frente al vallado que la policía colocó a más de 100 metros del ingreso a la Usina del Arte. El temor a incidentes derivó en un dispositivo similar al que se usa para los partidos entre Boca y River: 3.000 policías, helicópteros, carros hidrantes y cuerpos de infantería antimotines. El despliegue superó incluso el dispuesto durante la celebración del Foro de Inversión y Negocios, un evento que a principios de semana reunió a CEOs de grandes empresas, al presidente Macri y a todos sus ministros en el Centro Cultural Kirchner.

Protestas contra el tarifazo en la calle

F.R.M.

Las audiencias por el aumento en las tarifas del gas tuvo como marco las protestas lideradas por partidos de izquierda y los sindicatos agrupados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la que más combate las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Desde temprano en la mañana se congregaron frente la Usina del Arte, en La Boca, para reclamar contra “el tarifazo” y denunciar que sus dirigentes fueron presuntamente excluidos de la lista de 373 oradores dispuestos a dar su opinión. "Es una asamblea amañada. A mí sacaron”, se quejó Alejandro Bodart, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. MST).

El gobierno esperaba marchas masivas y hasta violentas, y desplegó un impactante dispositivo de seguridad con 3.000 hombres. Pero pronto quedó en evidencia que los uniformados superaron en número a los manifestantes. Traslados en bus, lucieron pancartas con lemas contra el tarifazo y contra Macri, pero no hubo desborde alguno en los 100 metros de calle que ocuparon. De hecho, los vecinos linderos a la Usina del Arte, ubicada en una zona no turística de La Boca que no ha perdido su aire de suburbio fabril, apenas alteraron su rutina de bar y comercios con sillas en la acera.

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