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El Gobierno de Brasil defiende la legalidad de la destitución de Rousseff

El nuevo Ejecutivo brasileño reivindica, mediante una carta enviada a EL PAÍS, la legitimidad del 'impeachment'

El presidente brasileño, Michel Temer, desembarca en el aeropuerto internacional de Xiaoshan en Hangzhou (China) hoy, 2 de septiembre de 2016.
El presidente brasileño, Michel Temer, desembarca en el aeropuerto internacional de Xiaoshan en Hangzhou (China) hoy, 2 de septiembre de 2016. EFE

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil, por medio de una nota remitida el jueves 1 de septiembre a EL PAÍS, asegura que “el Gobierno brasileño repudia las manifestaciones de desconocimiento y desinformación del proceso de destitución de la expresidenta de la República”, Dilma Rousseff. El escrito prosigue asegurando que esta destitución, que ocurrió el pasado miércoles 31 de agosto, “se llevó a cabo en absoluto respeto a lo que establecen las leyes y la Constitución brasileñas y constituye un ejemplo que fortalece la democracia en el país”.

El escrito agrega que el el presidente Michel Temer fue “legítimamente colocado en el cargo en un proceso que se concluyó en el senado federal, siguiendo las normas impuestas por el Supremo Tribunal Federal (STF), máximo órgano del Poder Judicial”. La nota recuerda que el proceso duró 111 días y que “se dio voz a 40 testigos de cada lado”.

El escrito añade que “no hay ni hubo en Brasil un golpe parlamentario”, tal y como mantiene la propia expresidenta depuesta Dilma Rousseff. Y añade: “Lo que ocurrió fue la recogida de hechos que, verificados cabalmente, mostraron que el gobierno anterior incurrió en prácticas condenadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley Presupuestaria. Violar la ley es delito, en cualquier parte del mundo.” Esa ha sido también la conclusión mayoritaria del Senado, que reprobó a Rousseff por 61 votos contra 20.

El escrito agrega que la expresidenta Rousseff fue destituida “respetando totalmente la legislación y las más grandes manifestaciones registradas en toda la historia brasileña”. La nota remitida a EL PAÍS añade que “las encuestas han demostrado el apoyo de la población al proceso de destitución”. Y concluye: “El Gobierno brasileño reafirma su compromiso con los principios democráticos y seguirá luchando para que el país se pacifique, sin que intereses contrarios, en el interior o en el exterior, dificulten su camino hacia el desarrollo y al bienestar creciente de la población”.