Una fuga masiva arroja nuevas sombras sobre el sistema penitenciario mexicano

Al menos 10 internos escaparon de un penal en Cancún, en el Caribe mexicano. Las autoridades han informado que los reos eran integrantes de Los Sureños, una banda criminal ligada al cártel de Los Zetas. La noche del martes los reclusos golpearan a un custodio y brincaron una barda de seguridad para huir. Al llegar a una avenida principal, tres de ellos tomaron un taxi y se cambiaron de ropa, informó el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. No es la primera fuga que ocurre en esa prisión estatal. Hace un mes, otros dos internos escaparon de la misma forma: brincaron la barda perimetral.

La reciente fuga se suma a una larga lista de incidentes en las prisiones estatales y federales. El sistema carcelario mexicano, recientemente reformado, atraviesa una crisis que no ha podido atajar. En la mitad de los penales hay hacinamiento y en la última década se ha duplicado el número de personas encarceladas, sin que esto se refleje en mayores niveles de seguridad para los ciudadanos, ha documentado el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa.

Además, en algunas cárceles el crimen organizado ha tomado el control, como sucedía en el penal de Topo Chico, en el norteño Estado de Nuevo León. En febrero pasado 49 presos murieron y unos diez más resultaron heridos en un motín desatado por la pugna que sostuvieron dos organizaciones delictivas dentro del penal. El mes pasado en una cárcel del Estado de México los internos se enfrentaron con los custodios y desataron un motín. La mayor falla del sistema penitenciario quedó de manifiesto el año pasado con la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, a través de un túnel que mandó construir debajo del penal del Altiplano donde estaba recluido.

Los reiterativos incidentes carcelarios obligaron a los diputados a que aprobaran hace un mes la Ley de Ejecución Penal que llevaba tres años congelada en el Congreso de la Unión. La nueva norma busca cambiar el sombrío panorama en los centros de reclusión. El objetivo es contar con un esquema que garantice la reinserción social y acabe con los actos arbitrarios y la corrupción que impera en el interior de los centros, según el proyecto de ley.

Los prófugos ligados a Los Sureños son considerados delincuentes de alta peligrosidad. En 2010 participaron en el ataque al bar Castillo del Mar, ubicado en las periferias de Cancún, el principal destino turístico de México. En la madrugada del 30 de agosto, varios hombres llegaron al bar en dos coches de lujo, donde arrojaron bombas molotov y cerraron las puertas para impedir que los empleados y los clientes salieran. El incendio provocó una explosión que causó la muerte de ocho personas. Los propietarios del establecimiento declararon a las autoridades que constantemente recibían amenazas y eran víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Un mes después cinco de los delincuentes fueron detenidos. En su declararon contaron que cobraron 2.000 pesos (unos 111 dólares) por arrojar los explosivos.

El director del penal de Cancún ha sido separado de su cargo. Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario estatal de seguridad pública, dijo que se investiga a todo el personal porque no descartan una complicidad de los empleados con los delincuentes. El funcionario explicó que debido a los protocolos de seguridad el área cuenta con dos puertas que no deben abrirse de manera simultánea, por ello investigan si hubo una "falla humana". Además los reos no estaban autorizados para recorrer áreas abiertas.

Borge, el mandatario estatal, dijo a través de un comunicado que una vez que se tuvo conocimiento de la evasión, se activó el mando único para tomar el control del penal y emprender la búsqueda de los reos. “Personal de todos los cuerpos de seguridad del Estado realiza intenso y amplio operativo para atraparlos”, expuso. En el operativo participan policías estatales y federales, así como elementos del Ejército Mexicano.