Los padres de los Porkys dicen que el caso de violación fue fabricado

El caso Porkys ha prendido la rabia y la indignación en México porque coloca frente al espejo tres de sus peores males: la violencia machista, el clasismo y la impunidad. Un año después de la denuncia de un padre por la violación de su hija menor de edad a manos de cuatro jóvenes hijos de la clase alta mexicana, la Justicia sigue buscándolos. Dos de ellos, Enrique Capitaine y Diego Cruz, huyeron sin dificultad del país pocos días antes conocerse la acusación formal de la Fiscalía. Ya con las órdenes de detención por violación y pederastia sobre sus espaldas, los padres de los dos muchachos, que siguen prófugos, continúan defendiendo la bondad y la inocencia de sus hijos. En el penúltimo capítulo de su contrataque, han presentado una denuncia contra el padre de la víctima, Javier Fernández, por amenazas y chantaje.

Héctor Cruz y Felipe Capitaine, dos conocidos empresarios veracruzanos, acusan a su vez a Fernández de amedrentar a sus hijos y de haber fabricado el caso para sacarles dinero. Este miércoles, en una entrevista radiofónica, Capitaine, exalcalde de un municipio del Estado y padre del principal acusado, envió incluso un mensaje a las testigos que han corroborado ante la Fiscalía como la noche del 2 de enero de 2015 Daphne Fernández fue arrastrada a la fuerza desde la puerta de una discoteca en el Puerto de Veracruz hasta dentro de un Mercedes negro, donde comenzaron los abusos.

–Tengo entendido que son niñas buenas, quiero decirles que hagan una reflexión sobre lo que están haciendo

Los intentos de culpabilizar a la víctima de la supuesta violación han sido una constante desde el entorno de las familias de los acusados. “Daphne es una mujer de 1,75 metros y 70 kilos. ¿Cómo vas a poder inmovilizar a alguien así?”, llegó a alegar uno de los padres durante la entrevista para cuestionar la posibilidad de que cuatro hombres de más de 20 años pudieran utilizar la fuerza contra una joven que por entonces tenía 17. La madre de uno de los acusados –Gerardo Rodríguez Acosta, el único sobre el que no pesa una orden de detención– también cuestionó la versión de Daphne Fernández, restándole credibilidad debido al tiempo que tardó en presentar la denuncia. “Daphne, que Dios te perdone, porque el silencio también es cómplice de las canalladas", expuso en una carta a los medios de comunicación.

Los intentos de culpabilizar a la víctima de la supuesta violación han sido una constante desde el entorno de las familias de los acusados

El caso, que había permanecido invisibilizado pese a la denuncia presentada en mayo pasado, estalló en la esfera pública hace un mes gracias a un vídeo colgado en las redes sociales. En las imágenes, se ve a tres de los cuatro muchachos sentados en una sala con la cara compungida. La cámara va pasando uno a uno frente a ellos mientras reconocen haber cometido los hechos y piden perdón al padre de la víctima. Los padres de los acusados, que también estaban presentes en el momento de la grabación, responden ahora que ese vídeo fue tomado bajo amenazas y chantajes. “El papa de Dafne nos dijo todo se iba a arreglar si cumplíamos tres condiciones: que no se aceraran a su hija, que pidieran públicamente perdón y que nosotros le diéramos un millón de pesos para una fundación de ayuda a mujeres”, afirmó uno de los padres.

La versión de Javier Fernández es que harto de la campaña de desprestigio contra su hija, decidió hacer público el vídeo que les grabó reconociendo los delitos. Su abogado, Jorge Wincler, ha señalado que de momento no han recibido ninguna notificación de la denuncia e interpreta este movimiento de los acusados como un intento de enmarañar el caso y desacreditar al denunciante. “Se ha consignado un tema de presunto abuso sexual contra sus hijos y ahora van a decir que han sido extorsionados, amenazados”, indicó en otra entrevista radiofónica.

El vídeo no ha sido aceptado como prueba por la Fiscalía de Veracruz. Pero la ola de indignación y rabia que ha desencadenado las imágenes del enésimo caso de violencia machista impune en México, colocándose incluso en las portadas de los medios internacionales, sí ha servido para acelerar la parsimoniosa maquinaria de Justicia del Estado. Un año después, tres de los Porkys se enfrentan en Veracruz a los delitos de pederastia simple y agravada, por los que se juegan de cinco a 40 años de cárcel.