Tres de los Porkys de Veracruz, acusados de pederastia
Las penas a las que se enfrentan los jóvenes por violar supuestamente a una menor de edad llegan hasta los 40 años de cárcel
Casi un año después de la denuncia de un padre por la violación de su hija menor de edad en México; de la indignación por la huida del país de los supuestos agresores; de que la Interpol recibiera ya tarde las órdenes de detención y de que uno de ellos quedara libre sin cargos, pese a estar en el momento de los hechos; tres de los cuatro Porkys de la Costa de Oro de Veracruz han sido finalmente acusados. Los delitos que se les imputan son los de pederastia simple y agravada, por los que se juegan de cinco a 40 años de cárcel.
El código penal de Veracruz reconoce la pederastia como un delito independiente de la violación —en la Ciudad de México sólo existe el segundo con agravantes—. La diferencia entre ambos es únicamente la edad de la víctima. Para que se considere uno u otro delito no es necesario que haya cópula. El juez estatal que lleva el caso de Daphne Fernández, la joven menor de edad, ha acusado a tres de los cuatro de pederastia. A uno de ellos, el que supuestamente violó a la chica, recibe el cargo menor: pederastia simple (de seis a 30 años de prisión) . Él es Enrique Capitaine, hijo de un exalcalde de Nautla (municipio veracruzano).
Los otros dos que abusaron de ella en el coche —Diego Cruz y Jorge Cotaita— son los que afrontan penas más grandes por el delito de pederastia tumultuaria (de 12 a 40 años de cárcel). El cuarto, Gerardo Rodríguez Acosta, queda libre porque, según el expediente, no cometió ninguna agresión. No se ha tenido en cuenta el delito por omisión, según explica Jorge Winckler, el abogado de la víctima, porque la denuncia señala que estuvo presente. La abuela de ella sospecha por qué ha sido exonerado: "Es el nieto de un exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes".
Enrique Capitaine ha sido señalado desde el primer momento por la víctima como el cabecilla de la pandilla. Capitaine era el dueño del coche, un Mercedes negro recién estrenado, en el que supuestamente arrastraron a Daphne Fernández, que en ese momento tenía 17 años. Ese 2 de enero de 2015, los chicos que ocupaban el lujoso auto de Capitaine cuando salían de la discoteca PH todavía no se apodaban Los Porkys.
El mote se lo ganarían después de que su situación se pareciera cada día más a la de aquellos Porkys de Xalapa que marcaron el imaginario colectivo de los veracruzanos en los años noventa y principios de los 2000. Todos juniors o mirreyes, chicos de familias poderosas e influyentes de la región, hijos de empresarios y políticos, señalados por la comisión de un crimen y exonerados de las consecuencias penales. Aquellos mataron a un joven a golpes y, como los actuales, pese a estar implicados en el caso, lograron sortear la Justicia y cruzar las fronteras. Pasaron siete años hasta que uno de ellos fue detenido.
El comportamiento de las autoridades en el caso de Daphne Fernández ha sido algo similar. Según el abogado penalista Ricardo Sánchez, en los casos de violación siempre se debe considerar el testimonio de la víctima como el más importante. Por este motivo, señala, una de las medidas que habría tenido que tomar un juez es dictar las órdenes de aprehensión antes de que éstos decidieran escapar del país cuando las cosas se ponían feas. Pero no fue así. Supuestamente abandonaron México para ir a España y Estados Unidos con su pasaporte en la mano. "Tenían todo el derecho de hacerlo", señalaba su abogado, Edgar Cinta Pagola, cercano al PRI estatal (el partido en el Gobierno). Y tenía razón: no había ninguna acusación formal en su contra.
El que supuestamente violó a la chica, recibe el cargo menor: pederastia simple. Los otros están acusados de pederastia agravada
Al estallar el escándalo de que estaban fuera del país, la Fiscalía emitió rápido las órdenes de detención. La Interpol recibió las fichas rojas a principios de abril. Alrededor de 15 días después no hay ninguna noticia relacionada con la aprehensión.
Daphne también se marchó a Europa con su hermana cuando todo estalló. Su abuela, María Elena Bretón, una conocida hotelera del Puerto de Veracruz , la sacó de México y cuenta este miércoles por teléfono que la chica está feliz lejos de todo: "No siento miedo de que no se haga Justicia. Más bien siento tristeza. ¡¿En qué país vivimos?!".
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