La Marina mexicana abre sus filas a la justicia por un caso de desaparición forzada

En menos una semana, el ejército mexicano ha abierto sus filas para que la justicia investigue dos supuestos casos de desaparición forzada. Este tipo de delitos –el secuestro de civiles a manos de funcionarios públicos– son uno de los flancos más débiles del Estado de Derecho mexicano en su enmarañada batalla contra el crimen organizado. Organizaciones internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado con insistencia la deficiente legislación de estos crímenes, que impide saber con exactitud el número de casos y fomenta la impunidad.

La Marina, el sector más duro y de mayor prestigio de la Armada mexicana, informó este lunes en un comunicado que cinco de sus militares han sido imputados en un Juzgado penal de Nuevo León, al norte del país, por la supuesta desaparición forzada en 2013 de Armando Humberto del Bosque, un minero de 33 años. Mientras que el pasado viernes, la Secretaría de Defensa anunció la detención de un general por su presunta implicación en la desaparición en Veracruz de Víctor García, un mecánico de 30 años.

Los dos casos se sustentan en testigos que vieron como las fuerzas armadas se llevaron a las víctimas, cuyos cadáveres fueron encontrados poco después de registrarse las desapariciones. A los cinco días, los familiares de García reconocieron su cuerpo descompuesto en la camilla de los forenses. El cadáver de Del Bosque apareció con una bala en la cabeza tres meses después cerca del cuartel de la Marina donde le vieron con vida por última vez.

Desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) decidió sacar al ejército a las calle y colocarlo en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico, México vive una complicada tensión entre seguridad y derechos humanos. “Las fuerzas armadas enfrentan un proceso muy complejo, que pasa por internalizar el respeto a los derechos humanos. No es fácil para el ejército y la Marina. No están preparados para hacer labores policiales. Su lógica es otra, es la de una guerra. No puedes convertir a los militares en policías de facto. Es un proceso largo de supervisión, vigilancia y castigo a quien no lo cumpla”, apunta el exdirector del servicio secreto mexicano Guillermo Valdés.

De los 300 expedientes abiertos  según la ONU, tan sólo seis han concluido en sentencia, y únicamente un militar ha sido condenado

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lanzó el año pasado una dura reprimenda al Estado mexicano. Alertó en su informe anual de que la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narco continúa siendo una práctica habitual “por gran parte del territorio”. Y que pese a los “numerosos casos denunciados la impunidad se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.

La CIDH también ha insistido hasta en tres de sus resoluciones en los agujeros en la legislación mexicana. Ni la ley federal ni las normas de los Estados –tan sólo el 40% reconocen este delito- cumplen con los estándares internacionales marcados por los convenios de los que México es firmante. La ausencia de un registro único y fiable es otra de las críticas basales. Las cifras oficiales no detallan, por ejemplo, la causa de las más de 23.000 desapariciones registradas hasta la fecha, lo que alimenta un agujero negro que no permite saber si detrás de estos delitos está la mano del narco, algún cuerpo policial, los militares o una combinación.

“La presión internacional y de las organización de defensa de los derechos humanos es muy importante. A regañadientes se está consiguiendo una apertura. Parece que en los últimos días se han abierto los diques pero no creo que vayamos a ver una cascada de juicios contra las fuerzas armadas porque tampoco se quiere antagonizar con el ejército. Serán los tribunales los que irán modulando la nueva situación”, sostiene el especialista en seguridad Alejandro Hope. El ruido internacional ha ido aumentado varios decibelios durante el último año tras el impacto mediático provocado por la desaparición de los 43 normalistas en la que intervinieron policías municipales o la ejecución a sangre fría de 15 supuestos sicarios en Tlatlaya a manos de una patrulla del ejército.

El trabajo de la ONU detalla en su informe que existen 300 investigaciones abiertas. De momento, tan sólo seis han concluido en sentencia, y únicamente en uno de los casos el condenado ha sido un militar. La posibilidad de juzgar en tribunales civiles a miembros del ejército por estos delitos ha sido un avance reciente –los códigos penales federal y castrense se reformaron en 2014– fruto también de las demandas internacionales.

“Los dos casos recientes son indicadores positivos. Pero aún estamos lejos de una apertura de las fuerzas armadas hacia procesos más transparentes, ajustados a los estándares internacionales. Hay mucha resistencia por parte del ejercito a trasladar las causas de desapariciones forzadas a la vía civil, tal y como obliga la ley. Las primeras diligencias todavía son casi siempre llevadas por la justicia castrense”, apunta Carlos Zazueta, investigador de Amnistía Internacional México. Esta ambivalencia jurídica queda ilustrada en los episodios de Nuevo León y Veracruz. Mientras que en el primer caso, los cinco marinos están bajo la jurisdicción penal ordinaria, el oficial detenido en Veracruz está siendo investigado por la justicia castrense por delitos contra la disciplina y el honor militar.