La fiscalía de Veracruz conocía desde agosto la red criminal de Tierra Blanca

El pasado 19 de agosto, la fiscal María del Rosario González Zamora, directora general de investigaciones ministeriales de la fiscalía de Veracruz, recibió en Xalapa al abogado Daniel Miranda, del Consejo Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Paz, con sede en la Ciudad de México. Miranda acompañaba a un vecino de Tierra Blanca a poner una denuncia. El vecino, residente en Estados Unidos, recibía amenazas desde hacía meses. Le llamaban por teléfono y le pedían dinero, le decían que le iban a matar, a él y a su familia.

Primero, en febrero, el vecino, que prefiere ocultar su nombre por seguridad, trató de denunciar las amenazas en la oficina de la fiscalía en Tierra Blanca, pero nada. El fiscal, Marco Fabio Zabala, trataba de disuadirle, según explica el testigo. “Evitaba poner datos, para proteger, supongo”, cuenta por teléfono. Consultado al respecto, el fiscal Zabala niega que sucediera así y defiende que el testigo “firmó la declaración que quiso”.

Cuando dice proteger, el testigo se refiere a los presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación que controlaban Tierra Blanca en aquel momento. Pocos fuera de allí conocían entonces a su presunto líder, Francisco Navarrete, o al delegado de la policía estatal en la región, Marcos Conde. Luego sus nombres saltarían a la prensa nacional por sus presuntos vínculos con la desaparición de un grupo de cinco jóvenes en la localidad. El testigo habló de ambos al fiscal Zabala. Contó que Navarrete, entre otros, les había amenazado por teléfono. Contó, incluso, que Navarrete y los suyos andaban “en la patrulla vestidos de civil, sin importarles”.

Ante la desidia de la fiscalía, el testigo contactó con los abogados de Seguridad, Justicia y Paz. Les contó lo sucedido, les dio los nombres de los integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca, empezando por Navarrete. Aún faltaban meses para que la sociedad mexicana supiera de este lugar. Nadie imaginaba que enero, un grupo de policías estatales secuestraria a cinco jóvenes a su paso por allí; que se los entregarían al grupo de criminales que encabeza Navarrete y que estos acabarían con su vida.

El 19 de agosto, el testigo, Miranda y tres agentes de la Conase acudieron a la fiscalía en Xalapa a rendir declaración. La fiscal María del Rosario Zamora les atendió personalmente. Dejaron sus datos. Miranda dejó su número de teléfono.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a ocho agentes, entre ellos Marcos Conde, el delegado. El último detenido, Edgar Reyes Heredia, declaraba hace unos días que los jóvenes habían sido asesinados, quemados y triturados en un molino de caña de azúcar. Antes, en enero, la gendarmería había aprehendido a Navarrete, a su hijo y a otro presunto integrante de la organización.

El presidente de Seguridad, Justicia y Paz, José Antonio Ortega, se comunicó en abril con Renato Sales, comisionado nacional de seguridad. Sales puso en el caso a varios agentes de la Comisión nacional Antisecuestro, la Conase. El secretario particular del fiscal de Veracruz, Benito Carpinteiro, atendió el asunto desde Xalapa. En julio, Carpinteiro llamó a Tierra Blanca para pedir el expediente del caso. En agosto aún no se lo habían mandado.

Tres días más tarde, el 22 de agosto, Miranda recibió una llamada en su celular. “Me dijeron ‘Ya matamos a uno, ¿qué van a hacer ahora?, luego colgué. Me espanté”, cuenta el abogado. Con el muerto se referían a uno de los informantes del testigo

El 19 de agosto, el testigo, Miranda y tres agentes de la Conase acudieron a la fiscalía en Xalapa a rendir declaración. La fiscal María del Rosario Zamora les atendió personalmente. Dejaron sus datos. Miranda dejó su número de teléfono. El testigo declaró, dio nombres, habló de Marcos Conde, explicó dónde se reunía el CJNG en Tierra Blanca, dónde acudían a robar combustible del ducto de Pemex que pasa por allí…

Tres días más tarde, el 22 de agosto, Miranda recibió una llamada en su celular. “Me dijeron ‘Ya matamos a uno, ¿qué van a hacer ahora?, luego colgué. Me espanté”, cuenta el abogado. Con el muerto se referían a uno de los informantes del testigo, una de las personas que les pasaba información sobre el CJNG en Tierra Blanca. Miranda asegura que solo dejo su número a la fiscal Zamora. José Antonio Ortega no tiene duda alguna: “La fiscal Zamora o alguien de su oficina filtró la información que estamos investigando”. Consultada al respecto, Zamora dijo que no sabía que eso hubiera ocurrido: “No tengo referencia de ello, tendríamos que checar, porque no es correcto que eso suceda”.

Entre tanto, el testigo seguía recibiendo amenazas por teléfono. “Decían que le bajáramos a la denuncia, nos pedían 500.000 dólares, que iban a matar a mi familia en Tierra Blanca”. Luego, un día, se llevó un susto mayor y decidió acudir a la fiscalía federal. “Mi hija trabaja en un restaurante de mesera”, explica, “un restaurante mexicano. Un día había una gente comiendo y cuando acabaron, le dijeron: ya dile a tus papás que quiten la denuncia”.

En octubre, el testigo acudió a la Ciudad de México a declarar. Se presentó ante la Seido, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. Contó su caso.

Llegó enero y policías del estado de Veracruz levantaron a los cinco jóvenes en Tierra Blanca. La declaración de este testigo había motivado la apertura de una investigación por parte de la Seido. La información que había aportado ayudaría a la gendarmería a ubicar el rancho donde supuestamente llevaron a los jóvenes secuestrados. Fuentes de la institución, que investiga el caso de los jóvenes, explican que hasta la fecha la Seido maneja tres averiguaciones previas que vinculan a Navarrete y demás integrantes del CJNG con actividades delictivas. De acuerdo a la investigación de las autoridades, Navarrete estaría involucrado en la desaparición de los muchachos.

Tras la detención de Navarrete el pasado enero, la fiscalía mexicana trata ahora de armar un caso por delincuencia organizada. Para ello cuenta con las declaraciones de este testigo. Las mismas fuentes explican que tendría que viajar a México para señalar directamente a Navarrete. Cuando declaró ante la Seido, Navarrete aún estaba en libertad.

La filtración del número de teléfono de Miranda y la desidia de la fiscalía de Veracruz en este caso abren cantidad de interrogantes. ¿Quién y por qué filtró información? ¿Por qué las autoridades de Veracruz no actuaron antes, si conocían la estructura criminal de Tierra Blanca? ¿Por qué un criminal como Navarrete, actualmente en prisión preventiva, campó a sus anchas por las calles del municipio?