El Gabinete económico de Maduro declina acudir al Parlamento

Un nuevo conflicto entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, está a punto de estallar. Esta vez la razón de la discordia ha sido la negativa del Gabinete económico a acudir a una citación expedida por la comisión parlamentaria constituida para estudiar el decreto de Emergencia Económica, promulgado la semana pasada por el Gobierno de Venezuela. Una insalvable diferencia de formas ha evitado que el Gobierno desvele en público las cifras que demuestran la crítica situación de las finanzas venezolanas.

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz ha explicado que la comparecencia de los ministros no debe ser pública por razones de seguridad de Estado. “Los diputados saben que hay asuntos que no se pueden discutir públicamente porque son materias de Estado. Una imprudencia nos puede poner en dificultades. Pero el presidente de la cámara se negó porque pretendía convertir nuestra presencia en una interpelación. Queremos una discusión seria, pero no hay garantías y así no vamos a ir. Es un show mediático y pretenden sacar provecho de ello”, ha dicho en una corta intervención.

El Gobierno está dispuesto a entregar la información que requiere la legislatura sin la presencia de la prensa

El Gobierno está dispuesto a entregar la información que requiere la legislatura sin la presencia de la prensa. Istúriz, un veterano político curtido en las luchas sindicales y nombrado en fecha reciente en el cargo, ha invitado a los asambleístas hasta su despacho para entregarles la información que demandan antes de deliberar en la plenaria si respaldan o no a Maduro. Un desafío que coloca a la oposición frente al dilema de ceder una vez más ante las propuestas del Ejecutivo.

La oposición ha calificado la ausencia del Gabinete como un desacato a la autoridad contralora del Legislativo. El diputado José Guerra, que preside el grupo encargado de evaluar el decreto, ha asegurado que la información que proporcionarían los ministros era fundamental para evaluar el decreto. “Queremos sentarnos con el gobierno para buscar una solución a este problema, para que entre en razón. No puede ser que la solución que planteen ellos sea amputarle a la Asamblea sus responsabilidades”, afirmó.

El chavismo, que tiende a lo opaco, ha sufrido con la presencia de la prensa opositora en el Parlamento. La anterior legislatura (2011-2016) no permitió el trabajo de los reporteros en sus instalaciones y cerró así la única posibilidad de entrevistar a diputados y ministros, refractarios por antonomasia a la prensa, sin previa cita. La nueva cámara, encabezada por Henry Ramos Allup, ha abierto las puertas y pretendía que las sesiones de la comisión especial fueran televisadas.

La posible comparecencia de funcionarios públicos, no acostumbrados a rendir cuentas, había causado gran expectativa entre los venezolanos contrarios al régimen. Al conocerse la negativa no tardaron en criticar la medida en las redes sociales. Muchos analistas entendieron la decisión de no someterse al escrutinio de la cámara como una apuesta lógica. Según ese criterio, no hay cómo explicar con argumentos creíbles el monumental fracaso que supone una inflación anualizada de 141,5% y una pertinaz escasez de alimentos e insumos básicos que ha colocado a Venezuela en vísperas de una crisis humanitaria.