El chavismo elige a 12 jueces del Supremo fuera de plazo

Aunque el período ordinario de sesiones culminó el miércoles 16 de diciembre, los 165 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han recibido una convocatoria, firmada por su presidente y número dos del régimen, Diosdado Cabello, para nombrar en cuatro sesiones extraordinarias, que se celebrarán entre martes y miércoles, a 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con períodos vencidos.

El chavismo, que dominará el foro legislativo hasta el 5 de enero, cuando se instale una nueva terna que controlará la oposición por mayoría absoluta, está decidido a limitar el margen de maniobra de sus adversarios y conservar el control de los restantes poderes públicos, aprovechando hasta el último minuto de la legislatura saliente y tratando de cubrir con disimulo los extremos legales. Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que los nuevos togados del Supremo, compuesto por seis salas y 32 magistrados, deberán ser nombrados por las dos terceras partes de la Cámara, que el Gobierno y sus aliados no tienen, la imposibilidad de un acuerdo entre las partes, enfrentadas desde hace 17 años, deja servida la mesa para el escenario más probable. Después de tres sesiones, la ley faculta al Parlamento para escoger a los magistrados con tres quintos de los asambleístas en la cuarta sesión. El oficialismo posee los 99 diputados necesarios para cumplir con el requisito. Esa última sesión será con toda seguridad el miércoles en la tarde venezolana, dos días antes de Navidad.

La oposición, que ha denunciado la ilegalidad del procedimiento, parece más bien concentrada en la agenda que tratará de imponer a partir del año entrante.

Al mismo tiempo, la Mesa de la Unidad (MUD), la coalición ganadora, ha prometido legislar para sacar de la cárcel a todos los presos políticos, un anuncio que ha encontrado tenaz resistencia entre el bolivarianismo.

Pero en las últimas horas un grupo de exmagistrados y abogados vinculados a la oposición han intentado impugnar a los 382 candidatos a ocupar uno de los 12 cargos vacantes, pues sospechan que son abogados identificados con el régimen y no cumplen con los requisitos establecidos, y a los integrantes del Comité de Postulaciones que los avala. En una conversación con El PAÍS, el abogado René Molina, exinspector de tribunales, ha revelado que el diputado chavista Elvis Amoroso, presidente de la instancia, es uno de los candidatos a togado y su hijo es parte de ese comité como secretario. “Es decir, están convertidos en juez y parte”, afirma.

Nombramientos nulos

El grupo de abogados, entre los que están los exmagistrados Jorge Rosell y Pedro Rondón Haaz, afirma que no se podría nombrar el 23 de diciembre a los nuevos integrantes del Supremo porque el lapso de impugnaciones vence en la víspera de Navidad y porque aún no se han resuelto las refutaciones intentadas. “Estamos creando las condiciones para que estos nombramientos sean considerados nulos por la próxima plenaria”, asegura Molina.

El Gobierno ha aceptado la dura derrota recibida, pero no sus consecuencias. El llamado a sesiones fuera del período ordinario se suma también al intento de intentar no reconocer los resultados producidos en algunas circunscripciones electorales.

Se teme también que los grupos de choque del régimen impidan la sesión inaugural de los nuevos diputados. Hasta ahora ha habido llamados del gobernador del Estado de Aragua (centro-norte), Tareck El Aissami, para sabotear el acto. Anticipándose, la exdiputada María Corina Machado ha publicado un anuncio en prensa nacional en el que exige a la Fuerza Armada Nacional que custodie el perímetro del hemiciclo de sesiones y resguarde a los parlamentarios opositores. El conflicto político venezolano amenaza con no respetar la tradicional pausa de fin de año.