Un festival sobre corrupción en tres escenarios judiciales
Está por ver si socios y oposición permitirán que haya mayoría para esa ley contra la corrupción que quiere sacar adelante el Gobierno
Ha sido una suerte de festival de las corrupciones patrias con tres escenarios distintos y retransmisión en casi todas las plataformas. Por el Tribunal Supremo y la ...
Ha sido una suerte de festival de las corrupciones patrias con tres escenarios distintos y retransmisión en casi todas las plataformas. Por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han desfilado exministros, curas, chóferes profesionales y ocasionales, yupis, expresidentes, espías, aizkolaris, prostitutas, el vocalista de Taburete, policías corruptos, porteros de discoteca, empresarios y mujeres despechadas para juzgar delitos cometidos en gobiernos de CiU, PP y PSOE. Ninguno de ellos ha dado con la tecla para acabar con la mancha viscosa de la corrupción, que socava las arcas públicas y pulveriza la credibilidad de la política con delitos de hoy, de ayer y de siempre. Que los tiempos de la justicia se miden con relojes y husos horarios ajenos a lo que la razón entiende.
Han pasado 23 años desde que Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat, 14 desde que empezaron las investigaciones sobre los negocios de su hijo mayor, pero el caso se está juzgando ahora en la Audiencia Nacional. El juicio se celebra en paralelo al del Supremo por el caso mascarillas, el primero del PSOE de Pedro Sánchez, que quedará sentenciado previsiblemente antes del verano, con Sánchez aún en La Moncloa. Hay ritmos distintos en uno y otro tribunal que tienen que ver con la carga de trabajo y los medios para realizarlo: la supuesta trama de José Luis Ábalos operaba hace muy poco tiempo, durante la pandemia, mientras que el exlíder de CiU ha terminado quedando fuera de la causa porque ya tiene 95 años.
Las razones de edad no son sobrevenidas, la justicia debería haberlo tenido en cuenta, pero el paso de los años puede justificar la desmemoria. Los hechos que se juzgan en el caso Kitchen se produjeron en 2013. Quizá sea lo que explique que Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal ignoraran en su declaración en la Audiencia Nacional que la unidad de la Policía y el juez de la Audiencia Nacional que investigaban la fortuna de Luis Bárcenas nunca fueron informados del operativo paralelo, que el expresidente consideró adecuado “totalmente a la legalidad”, a pesar de todos los indicios y testimonios que apuntan a lo contrario. Hasta un sacerdote, con obligación legal y sacramental de decir la verdad, ha terminado negando lo que los mensajes de WhatsApp parecen decir sobre la policía política.
De este abril judicial queda un fresco con estridentes personajes y tramas superpuestas; un batiburrillo de acusaciones y excusas, de pruebas y agujeros negros sobre los que unos ponen distancia temporal (“de aquel PP no queda nadie”, esgrimen en Génova con Javier Arenas sentado en el comité de dirección) y otros levantan un muro de superioridad moral (“los otros no actúan como nosotros”, esgrimen en el PSOE, con dos secretarios de Organización de Sánchez investigados).
Cuando aparecieron las grabaciones que implicaban a Santos Cerdán, Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso a entonar el mea culpa, a confesarse “decepcionado” consigo mismo por confiar en personas equivocadas. Contó que llegó a valorar su dimisión, pero lo descartó. “Voy a continuar porque soy un político limpio que desconocía las corruptelas”, sostuvo; y se comprometió a poner en marcha una batería de medidas que, nueve meses después, han pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, pero aún tienen que ser aprobadas en el Congreso.
Está por ver si las estrategias de socios y oposición permitirán que haya mayoría para esa Ley Orgánica de Integridad Pública, que crea una agencia independiente, propuesta en su día por Sumar, para centralizar las competencias en materia de prevención, supervisión y persecución de la corrupción. ¿Se permitirá Junts, heredero de la antigua CiU, mantenerse en su no a todo lo que proponga el Gobierno? ¿Qué argumentos podrá sacarse de la manga el PP para descolgarse? ¿Hay voluntad real de alcanzar un consenso amplio por parte del Ejecutivo?
Viendo la estrategia cruzada del “y tú más” de este mes de abril, no parece que haya una conciencia generalizada de que se necesitan medidas compartidas y duraderas que establezcan unas nuevas reglas del juego. Como si por señalar al corrupto del bando contrario alguien saliera ganando, cuando los hay para todos los relatos y de todos los colores.