Cáritas destaca la vivienda como el motor principal de la desigualdad en Madrid

El crecimiento económico en la Comunidad de Madrid no ha ido acompañado de una evolución semejante en niveles de exclusión social. Esa es una de las conclusiones recogidas en el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid referente a 2024 elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española, que ha sido presentado este martes en la sede de la confederación de la iglesia católica en España. Según el coordinador del informe, Raúl Flores, la región madrileña se encuentra en la mitad de la tabla en términos de exclusión social si se la compara con otras comunidades autónomas. Sin embargo, “destaca negativamente” en la cuestión central a la hora de valorar la pobreza y la exclusión: la vivienda. También tiene alguno de los peores registros “en lo que se refiere a salud y atención sanitaria”.

“La vivienda es hoy un problema de exclusión y desigualdad que afecta al 23% de la población madrileña”, ha asegurado Flores durante su comparecencia. El estudio presentado por FOESSA, en el cual han participado 180 investigadores de 51 universidades, explica que hay una “parte creciente” de la población que no puede acceder a una vivienda en propiedad. Estas personas se ven obligadas a acudir al mercado del alquiler donde los precios se han incrementado “un 24% respecto a 2018”. Flores ha destacado que en la Comunidad de Madrid hay 400.000 personas en “viviendas inseguras” y otras 700.000 que se encuentran en condiciones de hacinamiento o insalubridad en sus hogares: pisos compartidos donde se acumulan inquilinos en las habitaciones y hasta las zonas comunes. Este problema habitacional es especialmente duro con los jóvenes, la población migrante y las familias monoparentales. Según FOESSA, “más de la mitad de los hogares en régimen de alquiler destinan a los gastos de vivienda más del 30% de su presupuesto mensual”, mientras que uno de cada seis, una vez pagados los gastos básicos, cae por debajo del umbral de la pobreza.

Stephani, una joven de 30 años de origen peruano, forma parte de las numerosas familias extranjeras que residen en Madrid en situación de inclusión social y hacinamiento. Aterrizó en España el pasado mes de febrero junto a su marido y sus dos hijos, de 10 y 6 años. Pocos meses después de instalarse, se quedó embarazada de gemelos, que actualmente tienen cinco meses.

La llegada no fue sencilla. La pareja se encontró con importantes dificultades para homologar sus títulos educativos, un proceso que implica un coste económico que entonces no podían asumir. Esta barrera ralentizó su acceso al mercado laboral y complicó todavía más su adaptación al país. A ello se sumó la complejidad de encontrar una habitación en Madrid donde aceptasen niños; y, cuando lo lograban, el precio duplicaba el valor de esa misma habitación de estar ocupada por una sola persona.

Antes del nacimiento de los gemelos, la familia pagaba 650 euros por una habitación de escasos metros cuadrados en el distrito de Ciudad Lineal. Tras el parto, y ya siendo seis miembros, el precio subió a 750 euros por una única habitación. A pesar de las dificultades, Stephani mantiene una mirada optimista: “Siempre hay oportunidades y gente buena dispuesta a ayudar”, afirma. Durante los primeros meses llegaron incluso a plantearse regresar a Perú, especialmente tras el nacimiento de los gemelos. Vivir en Madrid con un solo sueldo y alimentar a seis personas no es fácil, pero la familia ha comenzado a ver avances y ahora espera la homologación de sus títulos para que ambos puedan acceder a un empleo digno. De momento, el marido trabaja en una agencia de publicidad mientras continúan luchando por consolidar su vida en España.

“No fallan las personas sino el sistema”

“Se está viviendo un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores”, aseguraba Flores. Lo que está fallando “no son las personas sino el sistema”, añadía. A pesar de haberse reducido en 2,5 puntos el nivel de exclusión social en Madrid respecto a 2021, no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. En total, el 19,6% de la población madrileña (1,3 millones de personas) se enfrenta a algún grado de exclusión social. 2024 registró 230.000 personas más en esta situación respecto al año 2018. Si bien la economía ha crecido en Madrid, donde se registran los mayores aumentos respecto a “personas ocupadas” –un 15%- y donde el paro ha descendido hasta el 9%, “también lo ha hecho la desigualdad”. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar “ya no garantice la inclusión social”. De hecho, el 11% de los hogares madrileños están afectados por problemas de exclusión en el empleo, como puede ser una inestabilidad grave, una parcialidad involuntaria o el desempleo. Por otro lado, “el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades”. Según FOESSA, el ingreso mínimo vital (IMV) solo llega al 42% de las personas en pobreza severa en Madrid.

Otro de los puntos donde la Comunidad se encuentra a la cola respecto a otras regiones de España es la salud y la atención sanitaria. Así, los datos del estudio reflejan una importante desigualdad es algunos ámbitos. Por ejemplo, el 6% de la población no puede permitirse una terapia psicológica, mientras que uno de cada cinco madrileños no es capaz de hacer frente al pago de tratamientos odontológicos. Así mismo, el 13% de la población tiene problemas para afrontar el gasto de medicinas o tratamientos. Algo llamativo en Madrid es que desde 2018 el porcentaje de personas que combinan un seguro privado con la sanidad pública ha pasado del 2% al 15%.

En su exposición, Flores ha querido poner de manifiesto que “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión social es falsa. Así lo demuestra el acompañamiento que realiza Cáritas y la evidencia científica del informe. La mayoría de estas personas trabaja o busca trabajo, estudia, se forman, activan redes, pero chocan una y otra vez contra barreras estructurales”, describe Flores. Y ofrece un último dato: “tres de cada cuatro hogares en exclusión severa tienen planes de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos muy escasos y muy poco personalizados”.