Luz verde a Memoria Democrática para buscar la posible fosa común de Montecarmelo en los próximos días

El Gobierno Nacional podrá buscar la posible fosa común de la guerra civil española en la parcela del barrio de Montecarmelo donde el Ayuntamiento de Madrid planea construir un cantón de limpieza, al que se opone el vecinario. Cibeles ha dado el permiso de ocupación de terreno el 18 de julio y la Comunidad de Madrid acaba de firmar la autorización arqueológica para que Arqueoantro, la empresa contratada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, haga las excavaciones y prospecciones arqueológicas para determinar, finalmente, si en ese terreno están enterrados 451 brigadistas internacionales.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha hecho el anuncio este viernes, después de que EL PAÍS publicara nuevos detalles y mapas a partir de documentos sobre el proyecto del cantón y de la búsqueda de la fosa que, hasta la fecha, no son públicos. “Este equipo de gobierno ni ha mentido ni tiene nada que ocultar y ahí se podrá comprobar”, ha asegurado Almeida este viernes en rueda de prensa. El paso que faltaba era obtener el permiso de la la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Cultura, luego, ha confirmado este mismo viernes que el permiso ya ha sido firmado y que todo el proceso “se ha llevado a cabo con la máxima celeridad posible”. Solo es cuestión de tiempo para que la notificación sea oficial y comience la búsqueda.

Una vez la empresa sea notificada empezarán a correr 30 días de plazo para buscar, pero solo podrán hacerlo en dos zonas del terreno; no en todo, como habían solicitado en febrero. “El Ayuntamiento ha dado autorización de ocupación temporal solo a dos zonas concretas de la parcela, correspondientes a los sendos sectores en los que la prospección geofísica previa (encargada por el consistorio) había detectado anomalías”, le ha explicado a EL PAÍS la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). La solicitud original pedía permiso para realizar sondeos arqueológicos en toda la parcela porque la SEMD prefería utilizar una técnica “suficientemente fiable”. “Sin embargo, el Ayuntamiento no lo ha entendido así y da credibilidad al análisis geofísico previo”, ha agregado la SEMD.

El análisis hecho por el Ayuntamiento parte de un estudio con tomógrafo y con georradar de la empresa Gama Geofísica S.L., contratada por el Ayuntamiento. El informe de esa exploración, al que tuvo acceso EL PAÍS, revela una “anomalía principal” de 125 metros cuadrados de superficie y de tres metros de profundidad que es “altamente compatible” con una posible fosa. “Para determinar si dicha alteración corresponde con la fosa donde se encuentran los restos de los brigadistas, sería necesario realizar algunos trabajos arqueológicos adicionales (sondeos estratigráficos) con objeto de definir de manera fehaciente las características y origen de la alteración detectada”, agrega el informe. Gama Geofísica, además, identificó una “anomalía secundaria” que, de momento, “más parecería ser compatible con algún refuerzo del camino o vertido antrópico”. Sin embargo, el documento advierte de que la posibilidad de que sea otra fosa “tampoco debe descartarse del todo”.

Pese a ese desencuentro, la SEMD ha aceptado el permiso de ocupación para buscar en esas dos “anomalías”. “Si el resultado de estos sondeos fuese negativo, la SEMD realizará los trámites ante el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para continuar la búsqueda en el resto de la parcela”, ha aclarado la Secretaría. Si, llegado el momento, aparecieran restos, también habría que pedir otros permisos para exhumarlos.

Un trámite largo

La empresa Arqueoantro solicitó la autorización al Ayuntamiento el 28 de febrero para llevar a cabo el Proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral, Madrid, con una duración de tres semanas. El 15 de marzo, el Ayuntamiento pidió a la empresa que, en 10 días, presentara un plano que mostrara dónde haría las excavaciones y que adjuntara la autorización conforme a las reglas que indica el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática.

Dicho artículo, establece que el ministerio debe acordar un periodo de información pública para que puedan oponerse al traslado de restos los descendientes directos de las víctimas que lo manifiesten. Memoria Democrática, entonces, defendió que “el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática no ha de interpretarse literalmente”.

En este caso, contactar con familiares es especialmente difícil porque se trata de víctimas de cerca de 20 nacionalidades que murieron entre 1936 y 1937. Como Memoria Democrática no presentó ese documento, el Ayuntamiento emitió una resolución de desistimiento el 14 de mayo. El 30 de mayo, la empresa volvió a pedir permiso y alegó que “no ha lugar a presentar la autorización del artículo 18 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ya que es la propia Administración General del Estado, a través de una entidad contratista, la que impulsa la intervención”. Finalmente, ese aval ha llegado casi mes y medio después.

Pero no todos están tranquilos. La Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales (AABI) presentó una denuncia ante la Fiscalía para exigir a Cibeles que permita explorar arqueológicamente toda la parcela. La AABI argumenta que no toda la parcela fue estudiada por la compañía contratada por Cibeles y que la separación de apenas 12 metros entre la “anomalía principal” y el límite del futuro cantón de basuras exige estar seguros de que bajo la tierra no están los brigadistas desaparecidos desde 1941, cuando el franquismo decidió exhumarlos del cementerio de Fuencarral y arrojarlos a una fosa de la que no se conoce ubicación. Por ahora.

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