¡Es la salud, estúpido!

Cuando apenas un año después del inicio de la pandemia por covid-19 se nos convoca de nuevo a unas elecciones autonómicas innecesarias en Madrid, cabe hacer repaso a las medidas que se han tomado durante este tiempo por el Gobierno autonómico.

Con un Gobierno madrileño de inicio titubeante tras el pacto del Partido Popular con Ciudadanos tutelado por Vox, a pesar de que el Partido Socialista ganó las últimas elecciones, en marzo de 2020 la región se enfrenta al inicio de la epidemia, que alcanzó en Madrid su máxima expres...

Cuando apenas un año después del inicio de la pandemia por covid-19 se nos convoca de nuevo a unas elecciones autonómicas innecesarias en Madrid, cabe hacer repaso a las medidas que se han tomado durante este tiempo por el Gobierno autonómico.

Con un Gobierno madrileño de inicio titubeante tras el pacto del Partido Popular con Ciudadanos tutelado por Vox, a pesar de que el Partido Socialista ganó las últimas elecciones, en marzo de 2020 la región se enfrenta al inicio de la epidemia, que alcanzó en Madrid su máxima expresión golpeando de forma implacable una población inadvertida de lo que llegaba y un sistema sanitario que se encontraba bajo mínimos tanto en atención primaria como en especializada debido a los recortes de los últimos 10 años. Su inversión por habitante que es la segunda menor de toda España, especialmente en atención primaria, sumada a una derivación sistemática de recursos y pacientes a la sanidad privada.

Asimismo, la mayoría de las residencias de mayores venían de años de dejación y de dejadez en manos de las empresas privadas, sin un mecanismo efectivo de supervisión ni tutela del cuidado de los residentes por parte de la Comunidad. Sendas circunstancias, junto a un Gobierno de Madrid más preocupado por mantener la actividad económica que por la salud de las personas, conformaron el caldo de cultivo para la tormenta perfecta.

No hay más que recordar las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso el día 11 de marzo de 2020 cuando, a pesar de tener en su mano todos los datos que indicaban que el tsunami vírico estaba desbordando el sistema sanitario madrileño, seguía declarando que no iba a cerrar Madrid. El Gobierno central declaró el confinamiento por el estado de alarma, que fue el instrumento por el que se consiguió reducir la incidencia del virus cuando ya en Madrid muchos hospitales comenzaban a estar desbordados y se negaba la asistencia hospitalaria a los residentes de los centros de mayores con la excusa del pragmatismo, dada la escasa posibilidad de supervivencia que se les presuponía. Esta actuación está pendiente de acciones judiciales, pero su responsabilidad política, dados los protocolos oficiales que dificultaban dicha derivación, es del Gobierno de Madrid. Algo que también se estaba analizando en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que quedó cerrada en falso por la convocatoria electoral.

En este año de pandemia, las acciones sanitarias del Gobierno de Madrid han sido sobre todo efectistas, como la apertura de Ifema para intentar descargar los hospitales, pensando más en estos que en los pacientes que mayoritariamente los necesitaban, como eran los mayores en residencias que no llegaron a derivarse allí, tomando además prestados a los sanitarios de los centros de atención primaria y Summa 112, cuyas urgencias se cerraron y que no han vuelto a recuperar sus efectivos ni su actividad previa a la crisis.

Esto no fue algo puntual. Acabada la primera ola y tras desmontar el hospital de campaña de Ifema después de 41 días de funcionamiento, en lugar de insistir en el refuerzo de atención primaria y en el rastreo de contactos como se pactó a nivel nacional en las condiciones de la desescalada, se volvió a recuperar la idea del “hospital de pandemias” como tabla de salvación, sin molestarse en presentar un plan de viabilidad ni un estudio técnico que lo avalase como solicitó repetidamente el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, reincidiendo además en trasladar allí sanitarios cuya presencia se sigue restando de otros centros e insistiendo nuevamente (y ya sin la disculpa de la premura por la apertura) en un diseño no apto para dependientes, que además quedará probablemente obsoleto en cuanto se consiga la inmunización suficiente a través de las vacunas.

Pero el Gobierno de Madrid ha ido a contrapié no solo en el ámbito sanitario sino que, junto a las medidas anteriores, la Comunidad se ha postulado como el paladín de la no limitación de la movilidad, con una salida ya prematura del confinamiento en mayo de 2020 teniendo los peores datos de España, costándole en ese momento la dimisión de la directora general de Salud Pública, en un gesto que la honra y que abrió una crisis en el Gobierno autonómico.

Esta estrategia, que se aplica y justifica en aras de unos supuestos beneficios económicos por mantener el interior de la hostelería abierta, niega la evidencia de que su cierre mejora la reducción en el nivel de contagio, y se mantuvo haciendo oídos sordos al aumento de infecciones durante el final del verano e insistiendo en ello durante la tercera y cuarta ola, sin plantear siquiera en ningún momento la opción de dar ayudas directas a dichos negocios que hicieran innecesario exponer al contagio a sus clientes, trabajadores y propietarios, a diferencia de lo que se hizo en otras autonomías.

Sin embargo, esta estrategia que el Gobierno de Madrid propone como base de su éxito no ha sido seguida por otras regiones, ni siquiera de las gobernadas por el PP, ni ha sido avalada por los datos económicos, dado que Madrid ha sufrido un descenso del PIB del 10,5 %, siendo la provincia del interior peninsular que más descenso ha sufrido en el año 2020 (salvo Sevilla, según datos del Banco de España), lo que muestra que la economía madrileña, a pesar de lo que se nos diga, está demasiado basada en el turismo y la hostelería.

Todo esto se ha pagado al alto precio de ser la región con más contagios de España y con el mayor número de muertes por coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad, un precio que ahora debería tener consecuencias electorales, añadido a la irresponsabilidad de convocar unas elecciones totalmente innecesarias en este momento, que solo se basan en la oportunidad electoralista que cree tener el Partido Popular de eliminar del gobierno de la comunidad a su directo competidor, Ciudadanos.

El 4 de mayo tenemos la ocasión de apostar por otra forma de Gobierno, inclusivo y no excluyente, que afronte la realidad diaria de Madrid desde la pluralidad y el respeto a las diferencias, y sobre todo que respete la salud de las personas como el bien más valioso de todos. No la desaprovechemos.

José Ángel Satué es médico especialista en Medicina Interna y coordinador de la Organización Sectorial de Sanidad del PSOE de Madrid.