Un psiquiátrico privado al descubierto: pacientes atados durante semanas, encerrados o expuestos a agresiones sexuales
Una inspección del Defensor del Pueblo al sanatorio La Robleda, en Galicia, que atiende también a enfermos derivados de la sanidad pública, destapa violación de derechos y “mala praxis”
El sanatorio psiquiátrico La Robleda esconde medio siglo de historia de la atención a los enfermos mentales, primero entre los muros de un vetusto edificio en pleno centro de Santiago de Compostela y desde 2007 en unas modernizadas instalaciones a 15 kilómetros de la capital gallega. Pero no fue hasta el pasado septiembre que esta clínica privada se enfrentó a su primera inspección sorpresa por parte de técnicos del Defensor del Pueblo especializados en vigilar el trato que se...
El sanatorio psiquiátrico La Robleda esconde medio siglo de historia de la atención a los enfermos mentales, primero entre los muros de un vetusto edificio en pleno centro de Santiago de Compostela y desde 2007 en unas modernizadas instalaciones a 15 kilómetros de la capital gallega. Pero no fue hasta el pasado septiembre que esta clínica privada se enfrentó a su primera inspección sorpresa por parte de técnicos del Defensor del Pueblo especializados en vigilar el trato que se le da a los ciudadanos ingresados en centros de reclusión. El equipo se presentó en sus dependencias del municipio de O Pino sin avisar y, durante dos días, entrevistó a trabajadores y pacientes, revisó grabaciones de las cámaras y consultó documentación clínica. Según el informe que ya ha enviado Ángel Gabilondo a la Consellería de Sanidade, a la Fiscalía y al propio centro, que mantiene un concierto con la sanidad pública, los inspectores hallaron en este hospital psiquiátrico violaciones de derechos y “mala praxis”.
En La Robleda, propiedad del grupo Hestia Alliance con sede en Barcelona, hay casos de enfermos atados durante semanas o encerrados con llave en sus habitaciones a lo largo de varios días. Una de las pacientes pasó 11 años ingresada de forma involuntaria, un plazo injustificable, recalca el Defensor del Pueblo, “ya que en ninguna enfermedad mental se producen descompensaciones de duraciones tan largas”. Otra de las enfermas denunció haber sufrido abusos sexuales y trato denigrante por parte de un trabajador mientras era sometida a contenciones mecánicas. Aseguró que el empleado le tocó “sus partes íntimas” y la insultó, según recoge su propio historial médico. El personal del sanatorio anotó que se visionarían las cámaras para comprobar los hechos, pero no consta el resultado de esa revisión ni la activación de ningún protocolo, señalan los inspectores.
El Defensor del Pueblo investiga cómo actuó La Robleda ante el testimonio de esta última interna, que también sufrió abusos por parte de otro paciente que fue sorprendido tocándole el pecho. Este episodio lo descubrieron los inspectores porque aparece recogido en el expediente médico del hombre, señalan. Al cruzar los nombres, se dieron cuenta de que la víctima era la misma mujer que había denunciado agresiones por parte de un empleado del hospital durante las contenciones mecánicas, aunque este último incidente no consta en su historial.
“A pesar de las lagunas que hay en el conocimiento de la realidad que se describe, resulta incuestionable que en la planta de psiquiatría se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual, poniendo en marcha los procedimientos que sean necesarios para la indagación de los hechos y proporcionar la correspondiente protección”, dictamina el Defensor del Pueblo. La empresa Hestia Alliance ha asegurado a este periódico que realizó “las investigaciones pertinentes, incluido el visionado de cámaras, sin poder dar validez a las afirmaciones de la persona en cuestión”. La denunciante fue derivada a Urgencias fuera del centro y explorada “de manera independiente y exhaustiva tanto física como psíquicamente”, continúa un portavoz de La Robleda, pero no se hallaron indicios que confirmaran su relato.
Pese a que las autoridades judiciales y las organizaciones sanitarias y de derechos humanos propugnan el abandono progresivo de las inmovilizaciones a las personas que padecen una enfermedad psiquiátrica, en La Robleda esta práctica sigue siendo “habitual”. “Existen contenciones que se mantienen durante semanas”, recoge la inspección realizada por técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el órgano del Defensor del Pueblo que vigila en España los centros de privación de libertad, como cárceles, centros de menores o psiquiátricos. Tras analizar las grabaciones de las cámaras, los inspectores descubrieron en este hospital gallego “una contención a una persona ingresada que está claramente tranquila y no muestra ningún signo de agresividad, colaborando en la retirada de su ropa y en el resto de instrucciones”. También se toparon con el caso de un interno que fue atado durante nueve días y luego encerrado con llave en su habitación durante tres más, lo que supone “una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas”, señala el Defensor del Pueblo. En esta clínica, el “aislamiento habitacional” es “una práctica muy común” pero secreta, ya que “no se recoge en ninguna de las circulares ni documentos internos”. “Supone una práctica para la cual, además, no existe ningún soporte legal en la legislación, suponiendo una vulneración de derechos básicos como la libertad y la dignidad”, advierte la institución.
Este psiquiátrico privado inmoviliza a los pacientes con una “supervisión deficiente” y “condiciones insalubres”. A los afectados se les pone un pañal “de manera rutinaria” por “la ausencia de supervisión y la falta de control y de registro sanitario”, revela el Defensor del Pueblo. El registro de contenciones está “claramente mal documentado” y en “un gran número” de ellas no se detalla siquiera “el motivo, el profesional responsable, o la fecha final”. No se están aplicando las instrucciones que aprobó la Fiscalía en 2022 para estas sujeciones. Se inmoviliza a pacientes en sus propias habitaciones, “una de las realidades de mayor gravedad”, según los inspectores del Defensor del Pueblo, que confirmaron esta práctica tanto por el relato de pacientes y trabajadores como por las grabaciones de las cámaras. “Esto supone enfrentarse a la situación de tener que dormir en una cama y habitación donde las personas ingresadas se han tenido que ver en momentos que pueden ser vividos de manera altamente traumática”, apunta la institución.
Largos ingresos de hasta 20 años sin justificación médica
La Robleda carece de un protocolo “bien establecido y operativo” para poder denunciar situaciones de violencia o malos tratos. Las posibles quejas las recoge la trabajadora social “de manera informal”, por lo que no queda registro de ellas ni de su gestión. Funcionan cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones. “Esto supone una violación del derecho a la intimidad y privacidad recogido en la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad”, dictamina el Defensor. A los pacientes fumadores se les restringe el tabaco a seis cigarrillos al día, lo que “contraviene la libertad individual”, añade. Los enfermos tienen prohibido el empleo de dispositivos tecnológicos. No pueden disfrutar de ordenadores o tabletas propios y no existen de uso común (solo televisión y de forma restringida). Hay personas ingresadas desde hace más de 20 años y “privarlas del uso de tecnología supone una situación clara de vulneración de derechos”, advierte la institución.
Los inspectores también critican que en el reglamento interno se recoja un “régimen disciplinario” para los pacientes, ya que “el mero hecho de disponer de ‘castigos’ resulta poco terapéutico”. En sus instalaciones “limpias y bien mantenidas”, falta personal. En el momento de la inspección, una sola psicóloga se hacía cargo de 94 enfermos ingresados. La estancia media de 187,05 días está por encima del promedio de hospitalización psiquiátrica en Galicia. El Defensor del Pueblo censura que se alarguen los ingresos sin justificación médica por “no disponer del recurso que el paciente necesita” cuando ya se ha resuelto el motivo que provocó su internamiento. Cuando entraron en La Robleda el pasado septiembre, los inspectores se encontraron además con que un “número elevado” de pacientes recibía “politerapia de antipsicóticos” y algunos, “fármacos con dosis fuera de ficha técnica”. “Ambas realidades”, concluye el Defensor, suponen “una mala praxis”.
La clínica alega que ya es supervisada por la Xunta con un resultado "muy satisfactorio"
El grupo Hestia Alliance, que gestiona 14 centros sociosanitarios y de salud mental en Cataluña, Madrid, Galicia y Baleares, defiende que toda su actividad se desarrolla “bajo criterios y supervisión médica” y considera que la actuación del Defensor del Pueblo “deja mucho que desear en su metodología”: “No cuestionamos la profesionalidad de nadie. Pero sí anotamos la notable e inevitable diferencia que existe entre un trato médico diario y continuado en el tiempo, que es el que hacen nuestros profesionales médicos, y la que se deriva de una aproximación tangencial y esporádica, por muy bienintencionada que sea, en el transcurso de una visita”. La empresa, que destaca la “total transparencia” de sus profesionales durante la inspección, esgrime que la Xunta supervisa “de manera exigente” su servicio con un resultado “muy satisfactorio”. “Nuestros facultativos tienen pleno conocimiento de la situación y necesidades de cada paciente. Poner en duda su profesionalidad no es solamente ofensivo, sino que sólo puede justificarse por el desconocimiento parcial o total de las personas a las que prestamos cuidado y atención médica”, afirma Hestia Alliance.
La Consellería de Sanidade, que mantiene un concierto con La Robleda, asegura que ya “vela por la correcta atención” de los pacientes que deriva a este centro (26 en la actualidad), pero que tendrá en cuenta las recomendaciones que le dirige el Defensor del Pueblo en su informe. Sanidade prepara nuevos pliegos de licitación para concertar con entidades privadas la asistencia en salud mental y afirma que recogerá como obligatorias medidas como el registro de las contenciones mecánicas o un “protocolo actualizado de prevención, detección, protección y atención de malos tratos, abusos o acoso”.