España en los programas electorales | Fiscalidad: los partidos dibujan su modelo de Estado con los impuestos

España está constantemente en números rojos. Da igual quién gobierne y cuánto se recaude: el Estado logró más ingresos que gastos solo en tres ejercicios de los últimos 27 —la estadística del Ministerio de Hacienda arranca en 1995—, justo en plena burbuja inmobiliaria, cuando la economía estaba dopada por la exuberancia del ladrillo. El resto de la serie estadística presupuestaria es un cúmulo de signos negativos que han complicado bajar la deuda y a los que tendrá que hacer frente el gobierno que...

España está constantemente en números rojos. Da igual quién gobierne y cuánto se recaude: el Estado logró más ingresos que gastos solo en tres ejercicios de los últimos 27 —la estadística del Ministerio de Hacienda arranca en 1995—, justo en plena burbuja inmobiliaria, cuando la economía estaba dopada por la exuberancia del ladrillo. El resto de la serie estadística presupuestaria es un cúmulo de signos negativos que han complicado bajar la deuda y a los que tendrá que hacer frente el gobierno que salga de los comicios del 23-J. Y no hay muchas más recetas que subir impuestos o contener gastos.

Esta disyuntiva se refleja en los programas electorales de los principales partidos. Mientras que el PP aboga por bajar impuestos y reducir el gasto, una fórmula exacerbada por Vox —que propone rebajas tributarias masivas—, el PSOE se inclina por medidas que incrementen la progresividad fiscal. En una dirección parecida se mueve Sumar, pero lanzando iniciativas más contundentes para que ricos y grandes empresas contribuyan en mayor medida. La reducción del déficit y de la deuda acapara mucha menos atención de los partidos, aunque todos reconozcan que es una labor prioritaria.

Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el agujero presupuestario (el desfase entre el dinero que el Estado se gasta y el que ingresa) estaba por debajo del 3% del PIB, el máximo permitido por las reglas fiscales europeas, que ahora están suspendidas. Pero la pandemia rompió todos los equilibrios: los números rojos alcanzaron el 10,1% del PIB en 2020, el mayor agujero de la última década. En 2021 retrocedió, y para este año las previsiones auguran una ulterior mejora, hasta el 4% del PIB. La tasa de deuda ha tenido una evolución parecida. Aunque ahora el endeudamiento sube en volumen —está en un máximo de 1,5 billones—, se reduce en ratio sobre el PIB, una variable que refleja mejor la salud de las cuentas. En el primer trimestre de 2023 rondaba el 113%.

Pero estos ajustes no son suficientes para cumplir con las exigencias europeas. En 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales comunitarias que mantendrán como umbrales máximos permitidos el 3% para el déficit y el 60% del PIB para la deuda. Y Bruselas ya ha trasladado sin medias tintas que tiene a España en el punto de mira. A ello se añaden otras fuentes de preocupación, como la subida de los tipos de interés, que encarece la financiación, sobre todo para las economías más endeudadas como la española. Este panorama coincide con una desaceleración de la actividad global y una ralentización de la recaudación, que en lo dos últimos años había aportado unas cosechas espectaculares. Tras el bache de 2020, los ingresos fiscales superaron con creces los niveles precovid: en 2022 se recaudaron 255.463 millones, el máximo histórico.

Esa cifra se explica en buena parte por el rebote de la economía, pero hay otro factor que aupó la recaudación: la inflación, que se disparó con el inicio del conflicto en Ucrania. Hacienda estima que hasta un tercio del crecimiento en los ingresos tributarios en 2022 se debió a la subida de precios, un porcentaje que la Autoridad Fiscal eleva hasta el 52% para el año pasado y a un 60% para este. Las subidas fiscales aprobadas en la legislatura también contribuyeron a elevar la recaudación, pero su impacto ha sido escaso. Tanto el PSOE como Unidas Podemos llegaron a La Moncloa con un programa fiscal ambicioso, pero no llegaron a materializarlo.

Los Presupuestos de 2021, los primeros del Gobierno de coalición, introdujeron alzas en el IRPF para las rentas más altas, incrementos del IVA para las bebidas azucaradas y en el tipo de las primas de seguros; redujeron los incentivos fiscales de los planes de pensiones, limitaron al 95% la exención sobre los dividendos de las filiales e introdujeron un alza tributaria para las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis). Junto a las nuevas tasas Google y Tobin, estos cambios brindaron unos 1.500 millones más a las arcas públicas en 2021. Al año siguiente, pesaron más las rebajas de impuestos energéticos que todas las subidas aprobadas hasta entonces.

Las subidas fiscales que han entrado en vigor este año son más incisivas. Los nuevos gravámenes temporales a banca y energéticas ya han recaudado 1.454 millones. Este año también se recauda el nuevo impuesto —también temporal— a las grandes fortunas. Y otra nueva figura es el impuesto al plástico, que se suma a las subidas en el IRPF para rentas del capital y la limitación a la compensación de pérdidas de las filiales de los grupos consolidados.

Por el lado de las rebajas, en 2023 ha entrado en vigor la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros. El Gobierno también ha reducido el tipo de sociedades en dos puntos para las pymes y ha aprobado nuevos paquetes para paliar la crisis energética, la subida de los precios y la sequía.

Los partidos de derecha han acusado sin ambages al Gobierno de haber creado un infierno fiscal y castigar a las clases trabajadoras, aunque los tipos marginales de los grandes impuestos están en la media europea y la presión fiscal unos tres puntos por debajo. La brecha —que se redujo a la mitad tras la pandemia— se explica en parte por los agujeros que tiene el sistema, como los tipos reducidos y superreducidos de IVA que se aplican a numerosas categorías, y por el elevado fraude fiscal. En el horizonte está la elección entre dos tipos de Estado: el que hace gala de unos servicios públicos fuertes, como es el caso de Francia, o el que opta por redistribuir menos y apoyarse más en lo privado, como en los países anglosajones.

PSOE, preservar los servicios públicos

La línea del PSOE en materia fiscal es continuista y no cuenta con ninguna medida estrella. Centrada en la financiación del Estado del bienestar, propone revisar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas tributen más, disminuir la presión fiscal para colectivos vulnerables, pymes y autónomos, y articular la gran asignatura pendiente en ámbito tributario: la fiscalidad verde, que iría acompañada por medidas compensatorias para las clases media y trabajadora. El programa socialista no recoge subidas generalizadas de impuestos. Propone una mejora en los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el IRPF y en las políticas de gasto, ayudas fiscales para la transición digital y ecológica de autónomos y pymes y un Pacto de Estado contra el fraude. También se compromete a evaluar los nuevos gravámenes temporales a banca, energéticas y grandes fortunas y a revisar la tributación de la riqueza para “acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

PP, bajadas de impuestos

El PP mantiene su apuesta por bajar impuestos y limitar la presencia del Estado en la economía. Su receta pasa por reducir el gasto público y bajar los impuestos, lo que repercutirá, según la formación, en más crecimiento, más empleo y más consumo, en virtud de la máxima de que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Propone una “reforma integral del sistema fiscal”, con la eliminaión del gravamen a las grandes fortunas, una simplificación del IRPF —y una rebaja para rentas de menos de 40.000 euros, según detalló el líder popular— y del impuesto de sociedades para las pymes, una rebaja temporal del IVA de carne, pescados y conservas e incentivos para atraer inversión y talento extranjero. Del lado del gasto, promete una “profunda revisión” de políticas públicas.

Sumar, más presión sobre ricos y grandes empresas

La formación de Yolanda Díaz aboga por elevar la presión fiscal sobre ricos y grandes sociedades para aumentar la progresividad del sistema. El lema central es quien más tiene, más debe contribuir. El programa incluye un impuesto permanente a las grandes fortunas, con tipos impositivos “de al menos el 4% para los patrimonios más elevados”, un mínimo en sucesiones y donaciones que las comunidades no puedan rebajar y reforzar la tributación sobre las herencias.

Para que las grandes empresas tributen más, se compromete a reformar el impuesto de sociedades, limitando los beneficios fiscales que reconoce y manteniendo los gravámenes a energéticas y bancos. Aboga por incluir nuevos tramos en el IRPF, con tipos marginales de hasta el 52% para rentas del trabajo superiores a los 300.000 (ahora esas rentas pagan el 47%), y elevar el tipo hasta al menos el 30% para las rentas del capital de más de 120.000 euros (ahora es del 23%). Al igual que el PSOE, Sumar promete impulsar la imposición ambiental y fijar mecanismos de compensación para los más vulnerables. También aboga por endurecer el impuesto de transacciones financieras y desincentivar fiscalmente las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, y es el partido que más hincapié hace en la reforma de las reglas fiscales europeas.

Vox, eliminar la progresividad

El partido de extrema derecha promete la “mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente”, con rebajas y eliminaciones de impuestos, además de recentralizar competencias y recortar el gasto público. El IRPF pasaría a ser una especie de tarifa plana con solo dos tramos: del 15% hasta los 70.000 euros y del 25% de ahí para arriba, con rebajas de cuatro puntos por cada hijo; el tipo general del IVA bajaría del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%; el impuesto de sociedades pasaría del 25% al 15%.

A la vez, Vox promete incrementar el gasto destinado a los servicios públicos básicos y la inversión en las familias. Para financiar estas medidas, considera “necesario desmontar el sistema autonómico, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminar con el despilfarro político”. Es decir, un recorte radical del gasto que, sin embargo, no cuantifica.

Recibe cada tarde el boletín Diario electoral, con el análisis de Ricardo de Querol, subdirector, y Luis Barbero, redactor jefe de edición.