Barcelona aprueba las ordenanzas fiscales y la jornada de 35 horas para la plantilla del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona de enero ha aprobado este viernes dos cuestiones relevantes: las ordenanzas fiscales y el convenio de los trabajadores municipales, para los que se fija una jornada de 35 horas. El consistorio también ha celebrado un pleno extraordinario forzado por Junts sobre la crisis de Rodalies. Los neoconvergentes han logrado el apoyo de los comunes y ERC para sacar adelante un texto que “reprueba la gestión del Govern” y reprocha al alcalde Jaume Collboni “falta de liderazgo”.

Las ordenanzas fiscales, que entrarán en vigor en febrero, siguen la línea de los últimos ejercicios, de no incrementar la carga de impuestos a los ciudadanos y apretar las tuercas a la actividad turística. Así, tienen como principal punto el incremento del tramo municipal de tasa turística, que a partir de abril será de 12 (siete de la parte que recauda el Govern y cinco de recargo municipal) euros por persona y noche en los hoteles de cinco estrellas. La parte municipal del impuesto se incrementará un euro al año, hasta llegar a 2029, cuando el total por noche en lo hoteles de lujo será de 15 euros, fruto de un pacto en el Parlament y en el Ayuntamiento entre PSC, comunes y ERC.

Sobre el convenio, que afecta a 15.000 funcionarios, la principal novedad es que implanta la jornada de 35 horas a los trabajadores municipales. Una reducción que adelantó este diario en diciembre, cuando lo acordaron los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. En el debate ha aflorado el malestar de la plantilla de la Guardia Urbana (con protesta en la plaza de Sant Jaume simultánea al pleno) por las condiciones que fija para su plantilla en el Anexo 1, que el teniente de alcalde Albert Batlle se ha comprometido a revisar. Todos los partidos han expresado preocupación por las quejas llegadas desde la plantilla de la policía municipal, que rechaza novedades en las medidas de conciliación, turnos, festivos o vacaciones. El malestar de la plantilla se ha traducido en un inédito desmarque del acuerdo alcanzado por el sindicato CSIF (que históricamente ha tenido a urbanos entre sus afiliados) y la creación de una nueva asociación profesional, que está pendiente de formalizar.

A primera hora, el pleno extraordinario para abordar la crisis de Rodalies se ha celebrado entre reproches casi unánimes al alcalde por no haber comparecido en los primeros días de la crisis. El primer edil ha pedido “disculpas a los usuarios”, ha defendido la reacción municipal reforzando servicios públicos como la Guardia Urbana o los autobuses y ha recordado que denunció la situación y pidió “dimisiones en Adif y Renfe”. Collboni también ha advertido: “Responsabilidades tenemos todos, pero también los [otros partidos políticos] que han gobernado”.

Por Junts, Jordi Martí Galbis ha arremetido contra el alcalde: “Que no tenga la competencia no significa que no le ocupe lo que les pasa a los ciudadanos” y ha acusado de actuar “con maquillaje”, con mensajes en redes sociales sobre refuerzos de servicios que son “de oficio”. “No reprochó la situación ante el Gobierno, aunque sean del mismo color, prefirió no incomodar al PSC y al PSOE antes que defender a Barcelona”. En los comuns, la presidenta del grupo municipal, Gemma Tarafa, ha acusado a Collboni de “desaparecer” y que “cuando habla de infraestructuras se refiera al aeropuerto” y no a los transportes masivos como los trenes. Elisenda Alamany, de ERC, ha celebrado que Junts defienda Rodalies, “una carpeta”, ha dicho, “de la que no se preocupan cuando negociaban con el Gobierno”. Vox y el PP se han abstenido.

Un museo del transporte, vivienda o empresas israelíes en el Mobile

En el tramo final del pleno, el de las proposiciones, ruegos y preguntas, ha habido cuestiones de vivienda, seguridad, el barrio del Besòs o la presencia de empresas israelíes en ferias como el Mobile o el ISE. Para empezar, al pleno de enero ha llegado la iniciativa ciudadana para que Barcelona tenga un Museo del Transporte. La idea, que impulsa la plataforma Museu del transport, ja!, se ha aprobado por unanimidad. Lo que falta ahora es encontrarle una ubicación. Hasta ahora se ha valorado que el futuro museo esté en Vall d’Hebron o en la nueva Fira de Barcelona.

En un ruego, Barcelona en comú ha preguntado a Collboni si reitera su rechazo a la presencia de empresas israelíes en Fira de Barcelona, una pregunta que llega en vísperas a dos grandes salones como son el ISE o el Mobile World Congress. Jaume Collboni ha respondido que “si se consulta el acta de la última sesión plenaria de Fira de Barcelona”, él mismo, ha dicho, “el alcalde y presidente de Fira, reitera e insta a que no pase [la presencia de empresas o el pabellón de Israel]”.

En materia de vivienda, se ha rechazado una propuesta del PP de desistir de no eliminar los pisos turísticos en 2028 (solo lo han apoyado los populares, Junts y Vox), la de Vox de requerir un certificado de antecedentes penales para acceder al registro de solicitantes de vivienda pública (solo lo ha apoyado Vox), o la de Junts que pedía ayudar a los jóvenes en la compra de su primer piso y se convierta en copropietaria o eliminar el IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de primera vivienda. En cambio, se ha aprobado la idea de BComú de instar al Congreso que apruebe una regulación del alquiler de temporada, y la de ERC de que Barcelona amplíe la renta de emancipación para jóvenes: de 50.000 euros que financia la Generalitat, a 80.000, con el Ayuntamiento bonificando los intereses.

Entre otras cuestiones también se ha aprobado la propuesta del PSC de reconocer la necesidad de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, que es estudie que la parada de metro se llame Glòries Catalanes (que es como se llama oficialmente la plaza) y no Glòries a secas.

Por último, se ha leído una Declaración Institucional aprobada por la junta de portavoces de “rechazo y condena de la acción militar unilateral por parte de los Estados Unidos por parte de Venezuela” por parte del Ayuntamiento, así como “exigir respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y “expresar la solidaridad del Ayuntamiento con el pueblo venezolano”.