El Parlament aprueba impulsar una renta básica agraria pero bloquea la gestión pública de los precios de los alimentos

Una de cal y otra de arena para el Govern que preside Pere Aragonès. El Parlament de Cataluña ha votado este jueves las propuestas de los partidos políticos, que dan respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, realizadas durante el debate monográ...

Una de cal y otra de arena para el Govern que preside Pere Aragonès. El Parlament de Cataluña ha votado este jueves las propuestas de los partidos políticos, que dan respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, realizadas durante el debate monográfico de agricultura y ganadería que comenzó el martes. El pleno ha aprobado la propuesta de Junts, PSC y Units para establecer una renta básica agraria que permita “ser activada en casos de emergencia” y que ha salido adelante con el apoyo de los comuns, ERC y CUP. Pero ha rechazado la creación de la Distribuidora Pública Alimentaria, el ente con el que ERC pretendía regular los precios de los productos agrarios

La renta básica busca preservar y garantizar el relevo generacional en el sector primario. La idea es que los jóvenes agricultores puedan “disfrutar de la liquidez suficiente para hacer frente a las inversiones” al incorporarse al mercado laboral y facilitar la adherencia en esta actividad económica que representa el 19% del PIB catalán. También apuesta por elevar la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos de este sector y ajustar las cotizaciones a la Seguridad Social.

La propuesta de ERC, CUP y en Común Podem para crear la Distribuidora Pública Alimentaria, un ente que habría vehiculado la compraventa de los productos de proximidad, no ha salido adelante después de que haya sido bloqueada por Junts y el PSC. “Es una medida más propia de un país comunista que de uno de emprendedores como es Cataluña”, ha señalado la diputada de Junts, Anna Feliu, en el debate previo al sufragio de las propuestas para dar respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, que hasta la semana pasada cortaban las principales carreteras de Cataluña para reclamar una simplificación de la burocracia, unos precios más justos de los productos y una flexibilización de las restricciones por la grave sequía. ERC quería crear la empresa pública con el objetivo de asegurar “la competitividad de las explotaciones y el acceso a una alimentación asequible y saludable”, pero solo ha contado con el apoyo de las tres formaciones que se pusieron de acuerdo antes de la votación de este jueves.

Tras el debate, el Parlament ha aprobado todas las propuestas relativas a la ley de la Cadena Alimentaria y trasladarán al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de modificar la norma para ajustar los precios de los productos e incorporar “las mismas reglas del juego para todos”. La cámara catalana también ha aprobado por amplia mayoría el cambio de nombre de la consellería Acción Climática, que dirige David Mascort. Se trata de uno de los acuerdos al que llegaron el Govern de Aragonès y los representantes de los agricultores que persigue reconocer el peso del sector en Cataluña. Aunque aún no está decidido cuál será, el departamento de Mascort incluirá las palabras agricultura, ganadería y pesca, pero mantendrá Acción Climática y sus funciones no variarán. En cuanto a la burocracia, una de las principales demandas de los agricultores, el Parlament ha aprobado solicitar al Estado la “descentralización” y transferir a la Generalitat la capacidad de modificación del Plan Estratégico. Todos los grupos parlamentarios han presentado modificaciones al Plan Especial de Sequía (PES), tal y como ocurrió hace dos semanas durante el monográfico de la sequía. Entonces, la cámara catalana pidió al Govern que revisara el documento elaborado en 2020.

El pleno se ha desarrollado en medio de las negaciones para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2024. ERC sigue sin tener mayoría para llevarlos adelante pese a su acuerdo con el PSC, ya que el proyecto de megacasino Hard Rock aleja a los comunes del “sí”. Hoy los republicanos se han reunido con Junts en un intento de buscar apoyos por la derecha, pero la reunión no ha fructificado, ya que Junts exige la práctica eliminación del impuesto de sucesiones. Junts deberá decidir si apoya o no los Presupuestos del Ejecutivo de Aragonès antes del próximo lunes, cuando concluye el plazo para presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas.

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