Aragón rechaza el traspaso a Cataluña de la gestión del principal afluente del Ebro: “No tiene sentido trocear el río”

El Gobierno de Aragón se opone a la petición formal de delegación de competencias que realizará la Generalitat al Ministerio para la Transición Ecológica para gestionar la totalidad del río Segre, el principal afluente del Ebro. “Defenderemos la unidad de la cuenca para que continúe dependiendo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como desde hace 100 años. No tiene sentido trocear el río”, aseguran a este...

El Gobierno de Aragón se opone a la petición formal de delegación de competencias que realizará la Generalitat al Ministerio para la Transición Ecológica para gestionar la totalidad del río Segre, el principal afluente del Ebro. “Defenderemos la unidad de la cuenca para que continúe dependiendo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como desde hace 100 años. No tiene sentido trocear el río”, aseguran a este diario fuentes del Ejecutivo aragonés. El traspaso de competencias de esta cuenca es una reivindicación histórica de diferentes partidos catalanes.

Aragón, donde gobierna una coalición del PP con Vox, también rechaza el traspaso de poderes apoyado en el lastre que, dicen, supondría para su agricultura. “Aquí tampoco sobra el agua. El año pasado perdimos la mitad de las cosechas, que suponen 1.500 millones de euros”, afirman desde el gobierno de Aragón, que descarta completamente un trasvase. Desde que nace en el municipio francés de Llo hasta desembocar en el Ebro, el río Segre atraviesa gran parte de Lleida y es competencia de la CHE, que depende del Gobierno.

El Segre riega miles de hectáreas agrícolas del Canal de Urgell y rellena las reservas del embalse de Mequinenza (Aragón), que se encuentra al 80% de su capacidad y que ha permitido a ciudades como Tarragona esquivar las peores restricciones de la sequía. Además, sirve como suministrador de agua de boca de algunos municipios distribuidos alrededor de la infraestructura hidráulica. De hecho, en 2008, el entonces conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, intentó sacar adelante un trasvase del Segre para llevar agua al área metropolitana de Barcelona para hacer frente a la sequía. El proyecto, sin embargo, no vio la luz ante las movilizaciones de los agricultores de Lleida, del Bajo Ebro y la negativa de la CHE, que prefirió una conexión con el agua sobrante del Ebro en Tarragona.

La Generalitat tiene, en la actualidad, competencias para vigilar los niveles de los embalses como Rialb (Lleida), que está al 29% de capacidad, con 116 hectómetros cúbicos. La Agencia Catalana del Agua (ACA) se encarga de este control de inspección. El consejero de Acción Climática, David Mascort, mantuvo el lunes una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que, además de acordar la construcción de dos nuevas desalinizadoras y la llegada de barcos desde Valencia, puso sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña controlara totalmente la cuenca del Segre. El Ministerio de Ribera espera una “petición formal” del Govern sobre este traspaso. “Delegar las competencias de un río cuando nace en una comunidad y muere en otra es muy complicado. Ahora se lo haremos llegar formalmente (al Gobierno), porque técnicamente no lo ven”, reconoció Mascort en el Parlament.

Las reticencias a una delegación de competencias de la cuenca bajo el paraguas de la Generalitat no solo resuenan más allá de los Monegros. “Desde la plataforma en Defensa del Ebro siempre hemos defendido que los ríos están delimitados por las montañas y no tienen que ver con las administraciones. Las fronteras administrativas pueden cambiar, pero los ríos y sus cuencas no”, explica Susanna Abella de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la entidad que aglutinó la oposición a la política de trasvases del Gobierno de José María Aznar (PP) de 2001, y también de la interconexión entre Tarragona y Barcelona iniciada por el Govern tripartit (PSC, ERC e iniciativa), en 2008. “Nos posicionamos a favor de la unidad de la cuenca. Nos guste o no estamos dentro de ella”, añade Abella.

Uno de los argumentos precisamente de la Generalitat para reclamar la “delegación” en la gestión (una petición todavía no formalizada, según fuentes del Ministerio) es la mejora de la eficiencia en los sistemas de riego de la zona para ahorrar en el consumo de agua. La exconsejera de Acción Climática Teresa Jordà (ERC), predecesora de David Mascort, reivindicaba en febrero de 2023 que ese “ahorro” tenía que acabar siendo gestionado por Cataluña. Desde la Plataforma en Defensa del Ebre, sin embargo, denuncian que en demasiadas ocasiones la mejora de los sistemas de riego no acaba beneficiando ni al río ni a sus ecosistemas. “Las nuevas técnicas han acabado destinadas a hacer crecer regadíos y duplicar las cosechas”, reprocha Abella.

El traspaso de competencias, un galimatías

No es la primera vez que el modelo de gestión de los ríos que fluyen por más de una comunidad generan conflictos jurídicos entre comunidades. Los primeros antecedentes para cambiar las competencias de una cuenca se remontan a enero de 2009, cuando Andalucía adquirió la completa gestión del Guadalquivir, previo acuerdo con el Gobierno, porque el 90,2% de esta cuenca transcurre por su territorio y casi la totalidad de sus recursos van a parar a esta comunidad. Para los casos del Guadalquivir y del Ebro, en los que el conflicto surge con otras comunidades (en el caso andaluz, con Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia; en el caso catalán, con Aragón), la Constitución establece en el artículo 149 que el Estado tiene “competencia exclusiva sobre (...) la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos”. A la ruptura de la cuenca apeló la Junta de Extremadura al Tribunal Constitucional, que tumbó en marzo de 2011 el artículo 51 de la reforma de 2007 del Estatuto andaluz, que otorgaba a Andalucía estas competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir.

Andalucía controló durante dos años y 10 meses, los usos, las concesiones de agua y las infraestructuras hidráulicas. Tras el recurso extremeño, la Junta andaluza acabó acabó devolviendo en octubre de 2011 al Gobierno el control sobre las aguas del Guadalquivir porque no encontraron una solución que cumpliera con el fallo del Constitucional, aunque intentaron acogerse al artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias mediante una ley orgánica. El Gobierno de Mariano Rajoy desechó finalmente la cesión de la jurisdicción de la cuenca del Guadalquivir.

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