Colau compra los primeros pisos fruto de la obligación a los promotores de hacer un 30% de vivienda protegida
Las ocho viviendas se destinarán a alquiler social y han costado 200.000 euros de media en un edificio donde los áticos superan los 600.000 euros
Cuatro años después de aprobar la norma urbanística que obliga a los promotores a destinar un 30% de los edificios residenciales que construyan a vivienda social, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comprado los primeros ocho pisos procedentes de esta fórmula en una finca en la que se realizará una reforma integral. La modificación urbanística, ...
Cuatro años después de aprobar la norma urbanística que obliga a los promotores a destinar un 30% de los edificios residenciales que construyan a vivienda social, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comprado los primeros ocho pisos procedentes de esta fórmula en una finca en la que se realizará una reforma integral. La modificación urbanística, impulsada por entidades que defienden el derecho a la vivienda, buscaba “corresponsabilizar” a los empresarios en la crisis habitacional que vive la ciudad y conseguir pisos sociales en cualquier barrio de la ciudad, para lograr mixtura socioeconómica, ha defendido siempre el gobierno de los comunes. La idea del consistorio es ejercer el tanteo y retracto (la compra preferente por parte de la administración, a precio tasado) cada vez que un promotor ponga a la venta los pisos sociales que haya construido o procedentes de grandes rehabilitaciones; y adjudicarlos a través de la lista de solicitantes de vivienda pública de alquiler.
Los primeros ocho pisos están ubicados en la calle de Puerto Príncipe, en el barrio del Congrés Indians (Sant Andreu), y han costado dos millones de euros. En realidad, la ciudad ha comprado también ocho plazas de aparcamiento de coche y otras ocho de moto, porque así lo ponía a la venta el promotor privado, la empresa Aelca. El coste medio de cada uno de los ocho pisos, que tienen entre 71 y 89 metros cuadrados útiles, ha sido de 203.000 euros (de acuerdo al precio del metro cuadrado de vivienda protegida de régimen general, 2.459 euros), más 38.000 las plazas de aparcamiento (a 1.229 euros metro cuadrado).
En la página web de Aelca, los pisos de la misma finca donde habrá estos ocho pisos sociales ascienden hasta más de 610.000 euros, en el caso de los áticos. Contactada la empresa, no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el hecho de haber tenido que construir vivienda social o qué diferencia hay entre los pisos libres y protegidos en el mismo edificio. Llama la atención que las plazas de aparcamiento que la empresa ha incluido en la venta de los pisos tienen hasta 37 metros cuadrados una plaza para coche y 13 otra para moto.
Los ocho pisos de la calle de Puerto Príncipe, informa el Ayuntamiento, son los primeros de un total de 120 que se están construyendo en la ciudad fruto de la norma del 30%. Con esta compra, el consistorio suma durante los dos mandatos de Colau, 1.361 pisos comprados, que han comportado una inversión de 154 millones. En este caso, la ventaja es que se podrán adjudicar cuando acaben las obras, en 2024, sin tener que reformarlos o adaptarlos, subraya la concejal de Vivienda, Lucía Martín.
La edil también subraya que los ocho pisos están ubicados en un barrio donde no hay vivienda pública ni solares disponibles para construirla. Los otros edificios en obras donde los promotores deberán destinar un 30% a vivienda pública están en los distritos del Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris o Sant Martí. El Ayuntamiento apunta que, con la primera compra de pisos procedentes del 30%, “la ciudad supera los 11.500 pisos de parque público, una cifra que convierte Barcelona en la ciudad española con más pisos públicos en términos absolutos y la segunda, tras Bilbao, en pisos sociales por habitante”.
Mientras, el servicio de inspección municipal ha detectado 17 promociones en la ciudad que esquivaron la norma de la reserva del 30% y serán sancionadas de acuerdo a la ley catalana de vivienda. La teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, entiende que la compra es “un paso más en la lucha por el derecho a la vivienda y contra la gentrificación para que todo el mundo pueda vivir en la ciudad”. Sanz también ha recordado que la negativa de la oposición a decretar una moratoria de licencias de viviendas de obra nueva en 2018 permitió a 80 proyectos esquivar la norma. La ciudad habría ganado con estos proyectos unos 400 pisos públicos, lamenta.
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