El independentismo, sin brújula desde el 1-O

El mar de fondo político que rodeó a la jornada del 11 de septiembre de este año en Cataluña ha dado pie a hablar de la Diada de la discordia. El conflicto dentro del independentismo sigue marcando la actualidad política, con un Govern bipartito que afronta su peor crisis desde que echó a andar en mayo de 2021. De momento, ...

El mar de fondo político que rodeó a la jornada del 11 de septiembre de este año en Cataluña ha dado pie a hablar de la Diada de la discordia. El conflicto dentro del independentismo sigue marcando la actualidad política, con un Govern bipartito que afronta su peor crisis desde que echó a andar en mayo de 2021. De momento, los intentos de apaciguar los ánimos entre ERC y Junts no fructifican. Ese domingo, por primera vez desde que comenzó el procés en 2012, el mundo secesionista exhibía en la calle una división interna que tradicionalmente se disimulaba en la manifestación que organiza cada año la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a la que el president Pere Aragonès, optó por no acudir. La unidad de planteamientos y de acción, indispensable para celebrar el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y declarar después la fallida ruptura con España, ha pasado en cinco años de ser un dogma a convertirse en un arma arrojadiza para los partidos partidarios de la secesión, cada vez más alejados.

La semana posterior a la Diada ha sido de infarto, y lo que queda del mes apunta en la misma dirección. En agosto, Junts dio de plazo a ERC hasta finales de septiembre para que corrija la supuesta falta de avance en el eje independentista del programa de Govern. Si no hay cambios tras la celebración del Debate de Política General en el Parlament, el día 29, será la militancia de Junts quien decida sobre romper o no con los republicanos. “Depende mucho de Pere Aragonès y ERC la continuidad de la legislatura. Es muy sencillo: hay que cumplir el acuerdo de gobierno que suscribimos”, recordó el viernes el portavoz de Junts, Josep Rius. El jueves, el president había pedido a sus socios negociar “sin ultimátums, en positivo”, “reforzando el Govern”, al margen de “debates internos de un partido”. No todo el mundo en Junts ve conveniente abandonar el poder.

El número dos de Junts, Jordi Turull, puso el 31 de agosto sobre la mesa las tres condiciones de su partido: crear un “espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica colegiada” del independentismo; un golpe de timón en la mesa de diálogo con el Gobierno para centrarla exclusivamente en la autodeterminación y la amnistía; y pactar la acción de los diputados secesionistas en el Congreso. “Es bueno que ofrezcamos una trazabilidad y un horizonte a los ciudadanos para que encuentren sentido a sus movilizaciones”, manifestó Turull en Catalunya Ràdio al día siguiente de la Diada.

La unidad entre partidos, entidades y ciudadanía independentista, simbolizada por la candidatura unitaria de Junts pel Sí para las elecciones autonómicas de 2015, a las que los secesionistas otorgaron un carácter plebiscitario, forma parte del relato más épico del procés. Si no hubiera existido un plan y una coordinación, por ejemplo, habría sido imposible adquirir, esconder y repartir las urnas, dejando en evidencia a los servicios de inteligencia del Estado. Cuestión distinta es que ese acuerdo transversal fuera monolítico o mínimamente sólido. Como se demostró posteriormente, siempre pendió de un hilo que se rompió tras el 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, la famosa DUI que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar por primera vez en democracia el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía catalana durante seis meses.

La digestión del fracaso de 2017 fue distinta en cada actor. La parte de la ciudadanía que había creído en el Govern y se topó con la gran mentira sintió que la habían dejado tirada. ERC concluyó que había que ganar masa crítica en la calle e influencia aritmética en el Congreso para poder forzar al Estado a negociar un referéndum. Junts no se apartó de la idea de que hay un mandato del 1-O por ejecutar (como lo dice la ANC, que ya le vuelve a poner fecha a la DUI para el segundo semestre de 2023), y mantuvo la vía de la confrontación. La huida del entonces president Carles Puigdemont a Bélgica, además, abrió un nuevo frente, el de la internacionalización, con la creación del llamado Consell per la República.

Puede que en las dos últimas elecciones autonómicas (diciembre de 2017, convocadas tras la aplicación del 155, y febrero de 2021) el bloque independentista haya ganado en escaños y mantenido el Govern, pero la confianza y, sobre todo, la unidad de acción distan mucho de la que ayudó a celebrar el 1-O. Entonces, el discurso era otro. Las Diadas del último lustro tenían como segundo lema más cantado “Unidad”, solo por detrás del de “Independencia”. Los líderes políticos veían en cualquier cuestionamiento a esa unidad un ataque al proyecto independentista. Pero, fuera de los focos, no había día sin puñalada por la espalda al adversario, al que acusaban de ser el que no se quería coordinar. El dogma se iba convirtiendo en arma.

Todo este tiempo, aceptan diferentes fuentes de los actores del independentismo, se ha trabajado de manera sigilosa para intentar un acuerdo de mínimos. Eso pese a choques muy fuertes a raíz de decisiones como la del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), de acatar el veto de la Junta Electoral Central a investir a Puigdemont tras los comicios de diciembre de 2017 o la retirada del escaño a Quim Torra. En enero de 2020, Torra anunció el fin de la legislatura, dando así respuesta a un cúmulo de desencuentros. La pandemia alteró sus planes, y también dejó ver cómo ambos, posconvergentes y republicanos, se boicoteaban en la gestión de esa crisis sanitaria.

Lejos de los focos, sin embargo, se intentaba recoser la unidad. Las negociaciones vivieron un momento álgido tras las elecciones de febrero de 2021. En los tres meses y tres días que tardaron ERC y Junts en pactar la investidura se hizo evidente que el rol que debería tener el Consell per la República era motivo de discordia. CUP, Junts, ANC y Òmnium habían logrado anteriormente moderar las intenciones iniciales de Junts de delegar en el entorno de Puigdemont la coordinación de la hoja de ruta, pero ERC consideró que el planteamiento seguía siendo inasumible.

Los republicanos siempre han sentido que Junts quiere imponer el liderazgo de Puigdemont dentro del independentismo, menospreciando la victoria de ERC. La investidura se cerró con un acuerdo que establece que el Consell lleve la coordinación, previa reformulación de la entidad belga en “consenso” con los otros actores independentistas. Las votaciones a la Asamblea del Consell, en noviembre pasado, dejaron como resultado que solo dos de los 40 escaños estén en la órbita de ERC. Para más inri, la ANC y Òmnium se sintieron traicionadas pues, dicen, no se les consultó el texto final del pacto. Con todo, los contactos siguieron hasta principios de este año. En Junts acusan a ERC de separarse de la mesa. Voces de ANC y Òmnium aceptan que ese momento coincidió con el proceso de renovación de sus respectivas cúpulas, obligando a cierto paréntesis, pero no entienden por qué no se reactivó. La pregunta es si en dos semanas se podrá apurar lo que lleva cinco años sin resolverse.

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