Junts abandona el acuerdo con ERC, comunes y PSC para reformar la ley de política lingüística

Junts per Catalunya se descuelga definitivamente de la reforma de la ley de política lingüística pactada con ERC, PSC y En Comú Podem el pasado 24 de marzo y con la que la Generalitat esperaba hacer frente a la sentencia judicial que fija un 25% de clases en castellano en el sistema educativo. El portavoz de la formación, Josep Rius, ha comparecido este ...

Junts per Catalunya se descuelga definitivamente de la reforma de la ley de política lingüística pactada con ERC, PSC y En Comú Podem el pasado 24 de marzo y con la que la Generalitat esperaba hacer frente a la sentencia judicial que fija un 25% de clases en castellano en el sistema educativo. El portavoz de la formación, Josep Rius, ha comparecido este jueves para explicar que se desmarcan del texto, al considerar que sigue sin tener el consenso social necesario y, sobre todo, porque ve demostrado que no es suficiente para blindar legalmente el modelo de inmersión. Junts respondía así a la presión de los últimos días de los republicanos para cerrar el acuerdo y a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del pasado lunes, que exigía aplicar ya su decisión. Socialistas y comunes piden ahora a ERC, que ha criticado a sus socios, que no se descuelguen y “mantengan su palabra” sobre el acuerdo.

“No estamos de acuerdo en modificar una ley para acatar una decisión que consideramos injusta”, ha defendido Rius. Para el también diputado en el Parlament, “queda demostrado que la reforma propuesta no conseguiría frenar [la decisión judicial]” pues la interlocutoria se ha escrito después de que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray ya había informado al Tribunal de los cambios legislativos en los que se trabajaba. El nuevo posicionamiento de Junts abre un nuevo frente entre los dos socios del Ejecutivo catalán. ”Le están poniendo la alfombra roja a la aplicación del 25%”, ha criticado la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Tanto ERC como los socialistas habían descartado tirar la reforma sin Junts, buscando mantener que la decisión fuera fruto de un acuerdo amplio en la Cámara, del 80% de los diputados. De ahí que se le dieran al grupo que lidera Carles Puigdemont hasta tres prórrogas para dilatar la votación del texto pactado a cuatro. Sin embargo, la número dos del PSC, Alícia Romero, defiende ahora que la mayoría de izquierdas siga adelante. Los comunes, que lidera Jéssica Albiach, también es partidaria de seguir adelante y ella plantea que se convoque un pleno extraordinario lo más pronto posible, algo que pueden solicitar dos grupos parlamentarios. Vilalta ha dicho que ERC no se cierra a cualquier escenario.

El pasado martes, el presidente catalán Pere Aragonès volvió a hacer un llamamiento a sus socios para que se lograra el acuerdo, después de la interlocutoria del lunes. Rius ha cerrado este jueves todas las puertas si bien se han comprometido a presentar en el seno del Govern una propuesta alternativa. Precisamente, los otros tres partidos han criticado esa falta de propuesta por parte de la formación que lidera Puigdemont.

Junts ha insistido en que “no se puede hacer política de espaldas a la comunidad educativa” y ha recordado que esa fue la razón por la que en marzo pusieron el acuerdo en el congelador, pocas horas después de su registro en la Cámara. Lo cierto es que los cuatro partidos llevaban meses trabajando en la reforma legal, que buscaba equilibrar la presencia del castellano y del catalán en el aula, según el entorno sociocultural de cada centro educativo. La presentación del texto generó fuertes críticas por parte del sector más heterodoxo del independentismo (por ejemplo, el expresident Quim Torra) y finalmente el partido se desdijo.

Precisamente, Vilalta ha puesto en el acento en la lucha interna por el poder en Junts para justificar el cambio de posición. “Lamentamos que les pese más el partido que el país y que tomen decisiones en función de los intereses personales en lugar de los colectivos”, ha denunciado. La republicana cree que en esa decisión hay “irresponsabilidad y resignación”. Irresponsabilidad, ha explicado, por salirse del gran consenso alcanzado en un momento judicial clave y de resignación porque, ha añadido, no se ha hecho ninguna contrapropuesta.

Pese a la unidad en el texto, tanto Romero como Albiach temen que ERC esté tentada a abandonar el acuerdo por presiones dentro del independentismo. “Hemos visto que Junts no tiene palabra, esperamos que eso no signifique que ERC tampoco la tenga”, ha asegurado la líder de los comunes. “Ni tienen palabra [Junts] ni hacen una propuesta alternativa”, ha ahondado. Romero ha calificado de “falta de seriedad” el cambio de posicion de Junts y ha dicho que espera que “ese mal de Junts no se extienda”. “No es tiempo de tacticismos sino de mirada larga”, ha advertido la socialista.

Rius ha explicado que, tras estas semanas de diálogo, no se ha podido llegar a un acuerdo que no genere “dudas interpretativas” y que ofrezca blindaje legal tanto a los centros como a sus directores. Esas premisas, ha ahondado el portavoz, “no han sido aceptadas por el resto de partidos”. “No intentarlo no era una opción”, ha respondido Vilalta, que ha asegurado que se seguirá hablando con todos los partidos para decidir los pasos a seguir y no ha descartado ningún escenario, como seguir adelante sin Junts. La interlocutoria, según la portavoz, facilitaba adaptar la reforma legal para poder que fuera jurídicamente más solvente.

El pasado lunes, el TSJC comunicaba la aceptación de la solicitud de ejecución forzosa de sentencia por parte de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB). La Abogacía del Estado había desistido de hacerlo. La decisión había puesto el foco en Junts, que seguía sin dar luz verde a la tramitación parlamentaria. Rius, de hecho, ha asegurado que su partido “no aceptará lecciones de nadie”. La reforma de la norma lingüística no fijaba ningún tipo de porcentajes (como pide la sentencia) y se refería al castellano como “lengua de aprendizaje”.

Reunión con los directores

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray y el presidente Pere Aragonès se han reunido este jueves en el Palau de la Generalitat con la junta permanente de profesorado -formado por una veintena de docentes de todos los niveles educativos- para abordar la sentencia del 25% de castellano en los centros educativos. El Govern no ha desvelado su estrategia y ha anunciado a la junta que “se están estudiando todos los escenarios”, según han explicado asistentes a un encuentro que ha durado unas tres horas, informa Ivanna Vallespín.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el lunes la ejecución, en un máximo de 15 días, la sentencia que obliga a implantar el 25% de castellano en las aulas. El tribunal apelaba directamente al consejero Cambray para que “dicte las instrucciones y establezca las garantías de control” necesarias de forma que “todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y el otro”. La resolución recuerda que este porcentaje debe aplicarse en la asignatura de Lengua y en otra “material troncal o análoga”. El escrito también insta al consejero a informar al tribunal sobre “las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas”.

El Departamento de Educación ya anunció que presentaría un recurso de reposición -tiene cinco días para hacerlo- y lo más probable es que también solicite la suspensión de este plazo de 15 días como medida cautelar. Si no se frena, Cambray debería enviar las instrucciones antes del 30 de mayo.

De momento, el Departamento no aclara su posición y se está reuniendo con diferentes sectores de la comunidad educativa y entidades relacionadas con la lengua.

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