La trinchera lingüística

Los viejos consensos que se forjaron alrededor de la normalización del catalán en la escuela se antojan una quimera. La polarización política atizada por sucesivas sentencias judiciales ha convertido la lengua a la vez en icono y arma arrojadiza. La inmersión es una trinchera simbólica para el independentismo de JuntsxCat, ERC y CUP, ahora que el bloque secesionista se agrieta y el procés ha entrado en vía muerta. También lo es para Ciudadanos y PP, que tratan de obtener réditos políticos desde el otro lado.

En el centro y atrapados entre dos fuegos, socialistas y comunes asegura...

Los viejos consensos que se forjaron alrededor de la normalización del catalán en la escuela se antojan una quimera. La polarización política atizada por sucesivas sentencias judiciales ha convertido la lengua a la vez en icono y arma arrojadiza. La inmersión es una trinchera simbólica para el independentismo de JuntsxCat, ERC y CUP, ahora que el bloque secesionista se agrieta y el procés ha entrado en vía muerta. También lo es para Ciudadanos y PP, que tratan de obtener réditos políticos desde el otro lado.

En el centro y atrapados entre dos fuegos, socialistas y comunes aseguran querer evitar que el conflicto convierta a Cataluña en una sociedad binacional. La inmersión nació como elemento integrador —el lema un sol poble (un solo pueblo)— y comenzó a implantarse en los ochenta en un cinturón de Barcelona poblado por la inmigración. Ahora, tras sucesivas sentencias judiciales, desde el independentismo hay ya quien pide la creación de líneas escolares separadas —catalán o castellano— en función de la lengua vehicular. Mientras, desde la derecha españolista se apuesta por la judicialización para pasar la página de que el catalán sea idioma vehicular único en los colegios.

El pasado jueves el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray (ERC), visitó la escuela de localidad barcelonesa de Canet de Mar que originó que la justicia fijara un 25% de castellano en la enseñanza. González-Cambray no se refirió a las amenazas recibidas a través de las redes sociales por la familia del niño de cinco años que recurrió a los tribunales, se negó a hablar en castellano ante la prensa, pero admitió que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberán cumplirse.

El mismo día, Ciudadanos registraba un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que reclama a la institución que “ponga en marcha todos sus mecanismos” para que obligue al cumplimiento de la sentencia del TSJC —confirmada por el Supremo— “y se restablezca el ejercicio de los derechos” en la comunidad. Entre etéreas apelaciones a la desobediencia de la sentencia —el independentismo— o a la difusa aplicación del artículo 155 como han hecho Pablo Casado, el mundo político catalán que mantenía cierta calma vuelve a estar agitado.

La próximas semanas la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga (ERC), ha convocado a los partidos con representación parlamentaria para participar en un pacto nacional por la lengua. A diferencia de la reunión de hace unos días para defender la inmersión lingüística, el PSC acudirá a esta cita, afirman fuentes del partido, porque se ha invitado a todas las formaciones. Es muy probable que PP y Ciudadanos declinen estar presentes. Ha llovido mucho desde que en 1978 un real decreto aprobó que el catalán fuera una asignatura. Quedan lejos consensos como el que suscitó la ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1983 por el Parlament con todos los votos a favor y una sola abstención. Hoy puede sorprender que PP y ERC —unos por exceso y otros por defecto— votaran en contra de la ley de Política Lingüística de 1998. A partir de esa fecha, la brecha no ha cesado de agrandarse.

La aparición en 2005 de Ciudadanos como partido anticatalanista con voluntad de demoler viejos consensos y acabar con la inmersión fue un primer paso. Luego la irrupción del procés acabó por alejar aun más la posibilidad de los grandes acuerdos del pasado. Poco a poco y en sucesivas sentencias, los tribunales “han suplantado al legislador y han encorsetado en un 25% el uso del castellano”, afirmaba el lingüista Albert Branchadell en este diario. “En lugar de abogar por la flexibilidad, el Tribunal Supremo opone al monolitismo de la inmersión (todos los alumnos deben hacer el 100% de horas lectivas en catalán) el monolitismo del porcentaje (todos los alumnos deben hacer el 25% de las horas lectivas en castellano)”. El caso, apunta Branchadell, es que “ni los jueces ni las elites nacionalistas catalanas están dispuestos a velar por que cada centro imparta sus horas lectivas en catalán y castellano de acuerdo con sus necesidades”.

Los tribunales han suplantado al legiuslador y han encorsetado en un 25% el uso del castellano”

Albert Branchadell, profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB

Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha escrito en la Revista de Lengua y Derecho que se ha llegado a esta judicialización que obliga al 25% “con una sentencia que podemos decir con claridad que hizo política, es decir que imprimió una ideología evidente a la decisión judicial yendo más allá de la voluntad del Parlament: la sentencia 31/2010, de 28 de junio [sobre el Estatuto catalán], en que el Tribunal Constitucional estableció como principio que el castellano debía ser lengua vehicular en la enseñanza rematando la idea con la afirmación de que es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos como vehiculares. No es opinable que la Constitución no habla de lenguas vehiculares y, por lo tanto, no es el TC quien debe integrar la Constitución en este punto, sino el Parlament”, afirma.

La inmersión se ha convertido en una trinchera de una guerra desigual en la que el catalán, con el añadido de la globalización, lleva las de perder. Sobre el conocimiento de ambas lenguas, la nota media de selectividad de este año ha sido de un 6,93 en el caso del catalán y de un 6,60 en el del castellano. En el año 2020 en la Justicia en Cataluña se dictaron únicamente un 7,44% de las sentencias en la lengua cooficial; apenas llegan al 3% las películas dobladas o subtituladas en catalán, cuando la ley del Cine de Cataluña establece un 25%; en ninguna de las 33.167 plazas de trabajadores públicos de la Administración central destinados a los territorios donde el catalán es cooficial se pide acreditar su conocimiento como requisito de acceso.

Las productoras catalanas cambian de sede y el liderazgo de audiencia de TV3 se ve discutido por la apabullante suma de cadenas privadas y el hecho de que el castellano sea la lengua aplastantemente mayoritaria en las plataformas televisivas. Con la irrupción del procés, los medios públicos de la Generalitat han tomado partido en la batalla por la independencia y ello ha cercenado, a ojos de una parte de los ciudadanos de Cataluña, la imagen con la que nació. Todo este cúmulo de circunstancias han convertido la escuela en un reducto desde el que potenciar la lengua. Según una reciente encuesta de la Generalitat, si en 2006 el 68% de alumnos de 4º de ESO usaba siempre o casi siempre el catalán como lengua de comunicación, ahora esa cifra se ha reducido al 21,4%. En ese contexto hay que enmarcar la negociación entre ERC y el Gobierno central para que las plataformas digitales incluyan un 6% de su producción en catalán, gallego o euskera.

El próximo sábado una manifestación en defensa de la inmersión recorrerá las calles de Barcelona convocada no solo por independentistas sino por CCOO, UGT y la Federación de Padres de Alumnos de Escuela Pública de Cataluña, agrupados dentro del colectivo Som escola, recuerdan los comunes, quienes subrayan que la inmersión nació en el extrarradio obrero de Barcelona como un elemento de cohesión social. Han pasado 40 años. “Si la Constitución envejece y debe reformarse, como algunos sostienen, lo mismo puede sucederle a la inmersión lingüística”, apostillan desde el PSC.