El Defensor del Pueblo Andaluz pide una solución “urgente” para el asentamiento de Níjar
El organismo solicita al ayuntamiento que se coordine con otras entidades para buscar soluciones al campamento chabolista en el que viven 60 personas, entre ellas nueve menores
A menos de 24 horas de que los 60 residentes del asentamiento del cortijo El Uno en Níjar (Almería, 31.816 habitantes), entre ellos nueve niños y niñas, sean desalojados por mandato judicial, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dado un buen rapapolvo al ayuntamiento de este municipio almeriense. En un documento enviado a primera hora de este lunes, Maeztu ha pedido al consistorio q...
A menos de 24 horas de que los 60 residentes del asentamiento del cortijo El Uno en Níjar (Almería, 31.816 habitantes), entre ellos nueve niños y niñas, sean desalojados por mandato judicial, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dado un buen rapapolvo al ayuntamiento de este municipio almeriense. En un documento enviado a primera hora de este lunes, Maeztu ha pedido al consistorio que “con carácter urgente y preferente” valore la situación de vulnerabilidad de estas personas, se coordine con otras administraciones para que no queden en situación de calle “priorizando las familias con menores” y canalicen sus recursos de la mano de las entidades sociales que trabajan en la zona. Un buen número de ellas, incluidas en la plataforma Derecho a Techo, han anunciado movilizaciones por un desahucio que consideran “injusto e inhumano”, mientras desde los Servicios Sociales municipales aseguran que es un “tema privado” que no es de su competencia. Este sería el cuarto desalojo en dos años en la zona tras los conocidos como Walili, Megasa y El Cañaveral, todos ya eliminados por excavadoras.
El campamento conocido como cortijo El Uno se ubica a un kilómetro a las afueras de la barriada de San Isidro, en el término municipal de Níjar. Es uno de los casi 30 asentamientos de infraviviendas de la comarca. En ellos residen unas 3.500 personas, según los últimos datos de Andalucía Acoge, la inmensa mayoría de ellos migrantes y muchos de ellos trabajadores de los invernaderos almerienses. En este caso hay 60 personas —la inmensa mayoría, de nacionalidad marroquí, casi todas empadronadas— habitando un espacio compuesto por una antigua granja, un almacén y varias chabolas. “Viven con mucha incertidumbre y nervios, porque muchos no tienen alternativa. Otros están buscando soluciones, pero no es nada fácil”, sostiene Daniel Izuzquiza, responsable del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) en la provincia almeriense. La escasez de vivienda en la zona hace inviable que encuentren un hogar. El racismo inmobiliario lo complica más. “Nadie quiere alquilar a un marroquí”, lamentaba una de las personas de este asentamiento a EFE la semana pasada. De momento, el Ayuntamiento de Níjar no ha ofrecido nada porque “no dispone de viviendas”. “Servicios Sociales actuará bajo sus competencias, pero recuerdo que no es un desalojo, es un lanzamiento judicializado ajeno a la administración local”, subraya la concejala Ángeles Góngora.
El procedimiento judicial que ha culminado en el desalojo arrancó hace años. La sentencia fue emitida el pasado 13 de febrero de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería y firmada por el juez Alberto Sánchez del Olmo. Condenaba a dos personas —que ya no residen en este cortijo— a dejar “libre, vacua, expedita” la finca a su propietario, Adolfo G. Su ejecución fue suspendida durante algún tiempo, sin que fuentes judiciales hayan podido aclarar las razones, pero finalmente se decidió ejecutarla. “Fue el día 4 de febrero y había cinco días para recurrirla. Sin embargo, los residentes recibieron la notificación el día 10, cuando ya no podían hacer nada”, denuncian desde las entidades sociales, que destacan que los afectados no recibieron cartas certificadas, solo un papel debajo de la puerta. Al menos una veintena de ellos han presentado desde entonces instancias a los Servicios Sociales municipales para pedir que evalúen “la situación de extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran y que se eviten “situaciones de calle o desamparo como consecuencia del desalojo”, según relatan esos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, aunque el municipio solo confirma uno. “Nueve niños no son ninguna broma”, apunta María Ruiz-Clavijo, del SJM, que podrá acoger a alguna de estas personas en sus instalaciones, mientras que otras seis pasarán a un alojamiento de Almería Acoge. Para la mayoría, sin embargo, no hay solución.
“Acto injusto e inhumano”
Tras conocer el aviso de desalojo, esta y otras organizaciones sociales contactaron con representantes municipales para abordar la situación, “sin conseguir una cita”, como destaca el Defensor del Pueblo Andaluz. El organismo conoció lo que ocurría de manera oficial el pasado jueves 20 de febrero cuando Maeztu se encontraba casualmente en Almería. Su equipo recabó desde entonces la información para componer una imagen general, hablando tanto con las ONG como con el propio ayuntamiento. En el documento que envió al municipio este lunes, el defensor hace tres recomendaciones principales con “carácter urgente y preferente”. Primero, que Níjar adoptase todas “las medidas necesarias” para valorar la situación de los residentes en el asentamiento. Segundo, que eviten que esas personas queden en la calle y que, para ello, se coordinen con otras administraciones. Y, tercero, que las actuaciones se realicen de la mano de las asociaciones que trabajan en la zona. Fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz explican que el ayuntamiento está ahora obligado a responder estos requerimientos y que tiene varias semanas para hacerlo, “pero por la urgencia del caso deberían dar respuesta y solución más rápida”.
La plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería, ha criticado que tanto ayuntamiento, como Junta de Andalucía y Gobierno central y la patronal agrícola permitan este desalojo y sean “cómplices de este acto injusto e inhumano”. Por eso, exige que “este nuevo atentado contra estas personas y sus familias no se produzca” y que el desalojo se paralice, más aún cuando las últimas medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados prohibían, hasta diciembre de 2025, los desahucios a las familias vulnerables sin alternativa habitacional.
La plataforma, que ha anunciado movilizaciones para el próximo 13 de abril en Níjar por el derecho a una vivienda digna, señala además, como agravante, que el consistorio cuente con 62 viviendas —y unas 160 plazas— equipadas desde hace meses. Eran, en teoría, la alternativa principal para quienes fueron desalojados, hace dos años, de otro asentamiento, conocido como Walili, pero hoy siguen vacías. “Demuestra un interés nulo por evitar el sinhogarismo”, subrayan desde las ONG. “Desde que se inició el proceso judicial hemos colaborado con todo lo que se nos ha pedido”, responden desde el ayuntamiento. La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Góngora, afirma que estos alojamientos —cuya apertura se ha anunciado en varias ocasiones sin que finalmente se realice— “están pendientes de una cesión para que sean gestionados por una entidad” (el SJM se ofreció a hacerlo, sin éxito) y que están sujetos al Plan Local para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas aprobado el verano pasado (que se suma a otro plan autonómico que está en fase de elaboración). Su presupuesto, de unos 200.000 euros, se ha dedicado principalmente a pagar derribos.
Cuarto desalojo en dos años
Si todo continúa como está previsto, el desalojo del cortijo El Uno será el cuarto que ocurre en un asentamiento de Níjar en los últimos dos años. El primero ocurrió en febrero de 2023 en el denominado Walili, donde residían unas 500 personas, tras un amplio dispositivo policial. Luego llegó uno más pequeño, conocido como Megasa, en ambos casos sin alternativas para sus ocupantes. El pasado verano ocurrió el tercero, en El Cañaveral, aunque ahí la veintena de habitantes sí obtuvo una opción para el realojo —previa al derribo de las chabolas— gracias a la iniciativa del SJM, que gestiona desde entonces una docena de viviendas y un cortijo rehabilitado con, en total, unas 80 plazas.