Las dos varas del juez Hurtado

El juez Ángel Hurtado nos dejó por escrito su convicción de que para sustentar una acusación judicial es preciso alcanzar “un nivel de certeza” que “suponga un convencimiento que supere el canon de la llamada duda razonable”. Eso al menos era lo que pensaba en 2009 el ahora magistrado del Tribunal Supremo. Quince años después, el autor de esas líneas no parece albergar la menor “duda razonable” de que el fiscal general del Estado filtró un documento supuestamente secreto, pese a que ...

El juez Ángel Hurtado nos dejó por escrito su convicción de que para sustentar una acusación judicial es preciso alcanzar “un nivel de certeza” que “suponga un convencimiento que supere el canon de la llamada duda razonable”. Eso al menos era lo que pensaba en 2009 el ahora magistrado del Tribunal Supremo. Quince años después, el autor de esas líneas no parece albergar la menor “duda razonable” de que el fiscal general del Estado filtró un documento supuestamente secreto, pese a que tenían acceso a él más de 60 personas y no se ha podido mostrar ningún elemento material que señale en concreto al imputado Álvaro García Ortiz.

Aquella doctrina de 2009 sirvió como uno de los argumentos para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con Hurtado como ponente, archivase la causa abierta contra tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso. Hurtado, el juez implacable de las últimas semanas, el que ha dejado de lado los testimonios de periodistas que declararon haber obtenido antes de que llegara al fiscal la información —pretendidamente secreta— sobre el reconocimiento de delitos por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso; el magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal que no ha creído oportuno mencionar en sus autos que el Ministerio Público trataba de frenar un bulo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; ese mismo Hurtado reconvenía en 2009 a su entonces compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por “desatender lo que favorece y centrarse en lo que perjudica al reo” con el fin de procesar a los militares estadounidenses.

En una cosa sí resulta coherente la arrolladora instrucción actual con la vieja doctrina del juez. También entonces desdeñó los testimonios de los periodistas que estaban en el hotel de Bagdad donde el disparo de un tanque estadounidense abatió a Couso. Hurtado, junto a otros dos jueces, concedió mayor verosimilitud a lo declarado por los soldados norteamericanos. Y hasta adornó el auto con un elogio a la democracia de aquel país, “más tradicional y arraigada que la nuestra”.

A sus 70 años, Ángel Luis Hurtado Adrián ha adquirido una notoriedad que no había logrado a lo largo de una carrera más bien anodina, en la que apenas descolló episódicamente, tras su llegada en 2007 a la Audiencia Nacional procedente de la Audiencia Provincial de Madrid, por su combatividad en el proceso del caso Gürtel. Entonces el combate tuvo una dirección opuesta a la de ahora: salvaguardar al implicado, el PP. Su ruidosa instrucción contra García Ortiz ha hecho que los medios de la derecha lo pongan en un pedestal; mientras en sectores judiciales progresistas cunde la estupefacción. Nadie imaginaba que para investigar un delito considerado menor en el Código Penal —revelación de secretos— fuese necesario recurrir a una medida tan extrema como registrar durante 10 horas el despacho e incautarse de los dispositivos electrónicos de una de las principales autoridades del Estado. “Una de las intervenciones judiciales de mayor trascendencia negativa de las que se tiene noticia”, ha escrito el magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, para quien el caso se ha construido a partir de “afirmaciones meramente conjeturales”.

En una de las salas de juicios de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) hay una mesa que ha quedado bautizada como “la mesa de Rajoy”. Allí colocó Hurtado, presidente del tribunal que enjuiciaba el caso Gürtel en 2017, al entonces jefe del Gobierno. Rajoy acudía a declarar como testigo y el juez le otorgó una posición preeminente nunca vista. En lugar de estar de frente al tribunal y un peldaño más abajo, como todos los testigos, lo situó al lado y a su misma altura.

Hurtado había hecho todo lo posible por evitar que Rajoy tuviese que dar explicaciones de la corrupción del PP. Primero se opuso a recabar su testimonio, luego pidió que declarase por videoconferencia y finalmente intentó que fuese en La Moncloa. En un voto particular, defendió que la comparecencia de Rajoy ante el tribunal quebraba “el principio de igualdad” por tratársele “igual que el resto de personas que no ostentan un cargo de tanta relevancia”. El juez pretendía evitar al presidente la “exposición pública” de “verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.

Quien más perseveró en reclamar el testimonio de Rajoy fue el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ejercía la acusación popular en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. “Hurtado me la tenía guardada”, afirma el letrado, partes de cuyo interrogatorio a Rajoy han circulado estos días por las redes recogiendo las numerosas interrupciones del presidente del tribunal, que declaraba “impertinentes” algunas de sus preguntas. “En España la justicia se acomoda a lo que piensan los jueces”, sentencia Benítez de Lugo a sus 84 años.

Hurtado ganó la plaza de juez en 1983, en una promoción de la que salieron grandes pilares del conservadurismo judicial como Concepción Espejel, ahora en el Constitucional, o José Luis Requero, en el Supremo. Pasó sus primeros años en Canarias, luego recaló en Vitoria y en 1988 dio el salto a Madrid. Varios de los que lo han tratado lo definen como una persona gris, reservada, “un hombre de orden”, de convicciones conservadoras, “correcto en las formas, pero inflexible”, según un compañero. Sus autos y sentencias están escritos en lo que esta misma fuente define como una “prosa tortuosa”, encadenando párrafos interminables, de difícil comprensión para un lego.

En la Audiencia Nacional estrechó lazos con el magistrado Enrique López, durante años uno de los principales enlaces entre el PP y el mundo judicial, exmiembro del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exconsejero de Justicia con Ayuso y exsecretario de esa área en la dirección nacional del partido. En 2015 López fue apartado del tribunal que juzgaría el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. Hurtado le dedicó un extenso voto particular para discrepar de la decisión. Uno de los elementos para aceptar la recusación de López era que había elaborado medio centenar de ponencias para la fundación FAES, que presidía José María Aznar. Hurtado sostuvo que resulta “aconsejable” que un juez colabore con asociaciones políticas para facilitarles un “enfoque jurídico”; sobre todo “si se tiene un pensamiento que guarda sintonía”.

Fue al propio Hurtado a quien correspondió presidir el tribunal, junto a otros dos jueces: José Ricardo de Prada y Julio de Diego, uno progresista, otro conservador. El proceso, hasta que se dictó sentencia en mayo de 2018, se prolongó año y medio, un periodo en que la tensión fue creciendo en la Audiencia Nacional y dentro del tribunal. Hurtado iba a ser el ponente del fallo, pero sus discrepancias con los otros dos jueces se hicieron tan fuertes que tuvo que ceder la iniciativa. Sus opiniones quedaron reflejadas en el voto particular que emitió para desmarcarse de la sentencia, luego ratificada por el Supremo, que condenaba al PP por beneficiarse de la trama a título lucrativo.

El Hurtado de estos días ha incluido en sus autos inferencias como la de dar por hecho, sin elemento material que lo acredite, que la Fiscalía General del Estado envió a La Moncloa el documento del novio de Ayuso. En cambio, en el caso Gürtel consideraba un “salto al vacío” vincular a la trama corrupta con la dirección del partido. Los trapicheos del grupo de Francisco Correa en ayuntamientos de la región de Madrid se habrían urdido “a espaldas del PP nacional”, sostuvo Hurtado, quien negó que se tratase de una “estructura de corrupción institucional” como dictaminaron sus compañeros.

El mismo año de la sentencia fracasó en su primer intento de acceder al Supremo. Lo acabaría logrando en 2020, propuesto por un CGPJ de mayoría conservadora que ya llevaba un año con el mandato caducado. En el examen para acceder al puesto dejó constancia de su rechazo a la actuación de la justicia alemana de denegar la entrega a España del “presidente de la Generalidad” (sic). Ingresó en la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, el perejil de todas las salsas en los casos más mediáticos del Supremo. Una de las últimas actuaciones bajo la presidencia de Marchena, que acaba de dejar ese puesto después de 10 años, fue abrir la investigación contra el fiscal general del Estado. Acabó en manos de Hurtado, su primera instrucción en el alto tribunal.

En 2013, todavía en la Audiencia Nacional, suscribió un auto exculpatorio de un militante de Nuevas Generaciones del PP que en un tuit había llamado “tipeja” a la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, y dudado de que su hijo viajase en los trenes de la masacre. Hurtado abrazó la tesis de que tales insultos están protegidos por la libertad de expresión, en un fallo del que fue ponente el progresista De Prada, vilipendiado por el PP tras la sentencia de la Gürtel. Cuando surgió un caso parecido, pero con protagonista de otra índole, Hurtado volvió a dar muestras de flexibilidad. En 2020 escribió un artículo en la revista Práctica Penal, Cuaderno Jurídico para criticar que el Constitucional enmendase la plana al Supremo y anulase la condena a un año de prisión al cantante César Strawberry por una serie de tuits con sarcasmos muy gruesos sobre víctimas de ETA como José Antonio Ortega Lara y Eduardo Madina. Ahora Hurtado glosaba la tesis del Supremo —redactada por Marchena— de que la libertad de expresión no puede amparar “expresiones que encierran un injustificable desprecio para las víctimas del terrorismo”.