El juez Pedraz intenta que el Supremo ceda a Obiang la investigación sobre su hijo por secuestro

Último intento del juez Santiago Pedraz de cerrar la causa por terrorismo, secuestro y torturas contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. El magistrado se ha dirigido al Tribunal Supremo solicitando que valore si la antigua...

Último intento del juez Santiago Pedraz de cerrar la causa por terrorismo, secuestro y torturas contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. El magistrado se ha dirigido al Tribunal Supremo solicitando que valore si la antigua colonia española “está dispuesta a llevar a cabo” una supuesta investigación que asegura haber iniciado por los mismos hechos. La Justicia del país africano ha reclamado la cesión de jurisdicción del caso.

Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior, Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior, e Issac Nguema Ondo, director general de Seguridad Presidencial, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos, todos residentes en Madrid y dos con nacionalidad española. Julio Obama, uno de ellos, murió en circunstancias no aclaradas. Todos los partidos políticos del Parlamento Europeo pidieron sin éxito la repatriación de su cadáver y condenaron al régimen del autócrata.

Pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia lo obligó a continuar la investigación del caso, a reclamar a Interpol órdenes de búsqueda y captura contra los tres investigados y a dictar su procesamiento, Pedraz ha dirigido una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, para que se pronuncie sobre a qué país corresponde investigar el caso. El juez no ha dado traslado a las partes, la fiscalía y la representación de las víctimas, para que incluyan sus alegaciones en esta exposición, algo habitual en estos casos.

Pedraz recuerda que el pasado mes de enero, él mismo dictó un auto acordando la cesión del caso a Guinea Ecuatorial, decisión que fue revocada por autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Señala así mismo que transformó las diligencias previas en sumario sin procesamiento y que la Sección Tercera de Enjuiciamiento de la citada Sala le revocó la conclusión del sumario y obligó a continuar diligencias pendientes que el mismo había acordado.

El magistrado invoca al Supremo el artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y enumera los supuestos en los que estos delitos no serán perseguibles en España. Pero, a juicio de la representación de los querellantes, omite al Tribunal Supremo datos relevantes. Entre otros, que la causa cuenta con conexiones territoriales en su inter criminis (el proceso de desarrollo del delito), que los investigados se encontraban en España durante la comisión del hecho punible y la notificación de la acción penal. Tampoco señala en su escrito que el principal investigado es uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang. Se da la circunstancia de que este último ostenta la máxima representación del poder judicial guineano.

El hijo de Obiang recibió la querella en diciembre de 2022 de manos de los policías que le investigaban en la habitación de un hotel de Madrid donde descansaba. Semanas antes, el juez había ordenado a los agentes que lo detuvieran cuando entrara a España, que se le requisara su teléfono y ordenador y trasladara al Juzgado. El instructor nunca ha aclarado en sus autos o providencias su cambio de opinión, un giro inesperado en la investigación que provocó el malestar de los investigadores y la fuga de Carmelo Ovono Obiang. Desde entonces, no ha pisado España, pese tener la residencia, una mujer e hija españolas, propiedades, cuentas en el BBVA y sociedades aquí.

Cadena de vaparalos

Pedraz ha sufrido una cadena de varapalos a su instrucción en este caso. Su negativa a dictar la detención internacional del hijo del dictador fue el culmen de una instrucción plagada de decisiones que medios jurídicos califican de “sorprendentes”. La Sala de lo Penal ha atendido todos los recursos de apelación presentados por los querellantes, a los que siempre se ha adherido la fiscalía.

Una de las decisiones más polémicas fue precisamente cuando la Sala obligó al juez a abrir un sumario contra el hijo de Obiang después de que el instructor dictara un auto en el que renunciaba al caso y cedía la competencia y jurisdicción a la Justicia de la excolonia española. Al igual que en su exposición razonada al Tribunal Supremo, Pedraz dio por buena una supuesta investigación por los mismos hechos abierta en Guinea Ecuatorial contra los tres altos cargos investigados. Una maniobra que ya se intentó en Francia para salvar de un juicio por blanqueo de capitales a Teodorín Obiang Nguema, vicepresidente y otro hijo del dictador. La Justicia francesa no cayó en el engaño.

Entre los testimonios que obran en la causa destaca el de Juan Carlos Ondo, expresidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, que relata como el propio presidente Obiang le ordenó crear esa supuesta investigación contra Teodorín para intentar librarle del juicio en Francia por el denominado caso de Los bienes mal adquiridos. Una causa por la que finalmente fue condenado. La declaración de Ondo, hoy huído en París y amenazado de muerte por el régimen guineano, no aparece en la exposición de motivos que Pedraz ha remitido al Tribunal Supremo.

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