Los intentos de deportación masiva en Europa chocan contra las trabas legales y diplomáticas

Las críticas del Partido Popular a Pedro Sánchez por haber abogado en su visita a Mauritania por la búsqueda de vías alternativas a la llegada de inmigrantes en cayuco se han nutrido de otro ingrediente más: las deportaciones masivas. Los populares acusan al presidente del Gobierno de ir en la senda contraria de otros países europeos al poner encima de la mesa esa propuesta, aunque lo cierto es que los intentos de expulsión de ...

Las críticas del Partido Popular a Pedro Sánchez por haber abogado en su visita a Mauritania por la búsqueda de vías alternativas a la llegada de inmigrantes en cayuco se han nutrido de otro ingrediente más: las deportaciones masivas. Los populares acusan al presidente del Gobierno de ir en la senda contraria de otros países europeos al poner encima de la mesa esa propuesta, aunque lo cierto es que los intentos de expulsión de migrantes llevados a cabo por gobiernos de toda índole ideológica —como los de Dinamarca y Alemania (socialdemócratas), Italia (ultraderecha) y el anterior ejecutivo británico (conservador)— se han visto obstaculizados, e incluso en ocasiones frustrados, por impedimentos legales y diplomáticos.

La normativa europea concede a los Estados el derecho a deportar a un migrante sin permiso de estancia o cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, salvo si la expulsión pone en riesgo sus vidas o si la decisión de retorno ha sido temporalmente suspendida. Sin embargo, a la hora de la verdad, el deseo de un país de devolver a migrantes en situación irregular suele chocar con múltiples dificultades. Las deportaciones aumentan cada año, pero los datos de Frontex reflejan que en su mayoría se trata de retornos voluntarios. Las deportaciones forzosas encuentran trabas burocráticas, legales, diplomáticas, y, sobre todo, resistencia social en los países de origen que lleva a los gobiernos a no aceptar dichas devoluciones.

Reino Unido: el varapalo de los tribunales

Un ejemplo de fracaso en la política de deportaciones es el Reino Unido. El exmandatario Rishi Sunak lo apostó todo en las elecciones adelantadas del pasado mes de julio a su prometido plan de deportaciones a Ruanda. La estrategia, iniciada por Boris Johnson en 2022, planteaba un acuerdo para transferir a los solicitantes de asilo y migrantes irregulares que residieran en Reino Unido al país centroafricano, con el objetivo de disuadir y frenar nuevas llegadas. En la práctica, provocó el rechazo de la iglesia anglicana, de buena parte de su partido y de diferentes asociaciones humanitarias. Nunca logró contener el auge migratorio y además, quedó bloqueado tras ser considerado ilegal por la justicia británica y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que llegó a dejar en tierra al primer avión con destino a Ruanda.

Finalmente, tras imponerse holgadamente en los comicios de julio, el nuevo Primer Ministro laborista, Keir Starmer, dio por “muerto y enterrado” el plan “estrella” de los tories, asegurando que “nunca tuvo el efecto disuasorio perseguido” nada más llegar al cargo.

Italia: retrasos de los polémicos centros en Albania

La promesa de mano dura y deportaciones de la ultraderecha en Italia no ha tenido, por ahora, los efectos deseados. La primera ministra italiana, Georgia Meloni, trató de emular el plan de Sunak con Ruanda al alcanzar un acuerdo con Albania para subarrendar la gestión migratoria fuera de la UE a finales del año pasado. En concreto, se pactó la construcción una serie de centros para deportar a los inmigrantes que fueran rescatados en el mar. “Es necesaria la ayuda de los países que no son miembros comunitarios. Los objetivos del acuerdo son contrarrestar la trata de seres humanos, impedir los flujos irregulares y acoger solo a aquellos que realmente tienen derecho a la protección internacional”, subrayó la mandataria.

Ese controvertido modelo fue contemplado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que abogó por explorar “estrategias innovadoras” para prevenir la inmigración irregular e impulsar la gestión de las solicitudes de asilo fuera de las fronteras europeas. La apertura de estos centros en Albania se prometió para la primavera, pero tras varios aplazamientos, todavía no están operativos.

Dinamarca: el faro de la política restrictiva

Una situación similar se ha producido en Dinamarca, convertida en el faro de las políticas restrictivas con la inmigración en Europa. El país nórdico, gobernado por una coalición de socialdemócratas y liberales, ha logrado reducir el número de solicitudes de asilo recibidas tras endurecer las condiciones a quienes huyen del conflicto o la represión política, impulsado un aumento de las deportaciones de migrantes irregulares, o reduciendo el tiempo de protección de refugiados.

En el marco del endurecimiento de su política migratoria, el país nórdico estableció que algunas partes de Siria, como Damasco o Latakia, ya son seguras, algo que privaba de este derecho a los refugiados que provenían de allí. Al igual que en Alemania, Copenhague tampoco puede deportar de manera forzosa a los sirios porque no reconoce al ejecutivo de el Asad, dejando a estas personas en un limbo, pero manteniéndose en el país.

Alemania: bajo el ‘shock’ del atentado

En Alemania, el asesinato de tres personas en el atentado de Solingen del pasado viernes ha enturbiado esta discusión y provocado una respuesta política inmediata. El hecho de que el autor confeso sea un refugiado sirio de 26 años sobre el que pesaba una orden de deportación desde el año pasado, ha vuelto a poner la seguridad y la migración en el centro de debate, a pocos días de las elecciones regionales de Turingia y Sajonia, en las que la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como favorita. El atentado ha permitido a los ultras ahondar en su discurso xenófobo al relacionar directamente a los refugiados con la violencia y arrogarse como la única formación que atajará la ineficacia de los mecanismos para deportar migrantes.

El empuje ultra y la conmoción por lo sucedido ha arrastrado a los socialdemócratas y conservadores a endurecer la línea de su discurso. El canciller, Olaf Scholz, prometió este lunes desde Solingen intensificar las deportaciones y reducir el número de entradas irregulares en el país. “Haremos todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden permanecer en Alemania sean repatriados. Ha sido terrorismo contra todos nosotros. Siento ira, mi ira se dirige contra los islamistas que amenazan nuestra convivencia pacífica”, aseguró durante el acto de homenaje a las víctimas. El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, demostró que todo el espectro ideológico alemán se mueve en esta línea al afirmar que “la mayoría de los delitos” obedecen a “motivos islamistas”. También pidió deportaciones masivas y el cese de la llegada de refugiados de Siria y Afganistán, las dos nacionalidades más mayoritarias entre los refugiados en el país.

Sin embargo, en la práctica, aplicar esas deportaciones masivas o enviar a los refugiados a Siria y Afganistán entraña múltiples dificultades. La ausencia de relaciones diplomáticas entre Berlín con los talibanes en Kabul o con el Gobierno del presidente sirio, Bachar el Asad, impide ejecutar estas deportaciones y hace obligatorio negociar con terceros países para expulsar a estos migrantes.