Esta incipiente XV legislatura comenzó con el monotema de la ley de amnistía a los líderes independentistas, se apagó parlamentariamente con las cuatro citas electorales convocadas en apenas cuatro meses y las maniobras del PP para retrasarla en el Senado, la Cámara que tiene bajo su control, y llega este jueves al debate final de ese proyecto en el Congreso en un clima polí...

Esta incipiente XV legislatura comenzó con el monotema de la ley de amnistía a los líderes independentistas, se apagó parlamentariamente con las cuatro citas electorales convocadas en apenas cuatro meses y las maniobras del PP para retrasarla en el Senado, la Cámara que tiene bajo su control, y llega este jueves al debate final de ese proyecto en el Congreso en un clima político crispado en el que parece campar de nuevo el barro de la corrupción. El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha refugiado en el guion de las acusaciones sobre todo tipo de escándalos como hizo José María Aznar en la oposición en la etapa final del expresidente socialista Felipe González, al que ahora han entronizado como símbolo del verdadero PSOE para contraponerlo a un Pedro Sánchez “vendido a los independentistas catalanes”. Los socios de la coalición del Gobierno esperan que la aprobación definitiva de la norma, más que probablemente con los mismos votos (178 frente a 172) que cuando se aprobó inicialmente hace dos meses, sirva para desatascar un mandato pendiente de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña.

Entre las 10 preguntas de control al Gobierno de que dispuso el PP en el pleno del Congreso de este miércoles solo una versó literalmente sobre la ley de amnistía. No la hizo ni Feijóo ni ninguno de sus principales escuderos, que compiten ahí cada semana para ver quién llega más lejos en el nivel de ferocidad contra el presidente o sus ministros. La formuló Borja Sémper, el ahora portavoz nacional del partido, que en enero de 2023, confesó: “Aspiro a contribuir a una política tan serena como a los ciudadanos a los que representa. No voy a contribuir a más ruido. Feijóo me ha pedido que aporte más moderación y centralidad donde otros ofrecen insultos y descalificaciones, con un proyecto amplio, sin etiquetas”. Este miércoles, el portavoz tituló así su intervención: “La amnistía es una inmoralidad política que define al Gobierno”. Y luego agregó que entre “todos los sobresaltos que definen a esta legislatura hay dos que sobresalen: la ley de amnistía y los cinco días de retiro estratégico de Sánchez. Y ambos evocan corrupción, política y económica”.

El PP relegó el debate de la amnistía en la campaña catalana y Feijóo volvió a hacerlo en la sesión de control al presidente del Gobierno, pero el líder del PP será el orador de su partido en el debate definitivo de la norma en el Congreso este jueves, antes de su entrada en vigor en los próximos días. El PP sube el listón al máximo en el debate, frente a lo que hará el PSOE, que no repite con su portavoz parlamentario oficial, Patxi López, y optará por rebajar algo su nivel con la exposición que hará su diputado por Castellón, Artemi Rallo, catedrático de Derecho Constitucional.

En ese debate del 14 de marzo, Feijóo ya anticipó sus dogmas sobre este proyecto y sentenció: “No va a haber legislatura, esto es una agonía”. Los populares arguyen así que el Gobierno no gobierna, está dividido, no ha aprobado aún los presupuestos y debe convocar otras elecciones. Los dos partidos de la coalición, PSOE y Sumar, pero también sus socios, aguardan a que la amnistía se convierta en un hito, inicial pero no último, de una mayoría progresista que pueda impulsar más medidas y reformas sociales y que las mismas acaben dando frutos. Por ahora, apenas han sacado adelante dos leyes más, dos reales decretos y unas 40 proposiciones no de ley.

Sánchez accedió a negociar la medida de gracia ante la evidencia de que necesitaba los siete votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, para su investidura y en contra de lo que el presidente y la mayoría de sus ministros habían manifestado hasta pocas horas antes de las elecciones del pasado 23 de julio. Sánchez argumentó más tarde que hacía así “de la necesidad virtud” y ahora defiende que esa medida de gracia ha contribuido, como otras del anterior mandato (indultos y reforma del Código Penal de algunos delitos) para desinflamar el conflicto político y social que se padecía hace lustros en Cataluña. Los socios de investidura y de legislatura del Ejecutivo, desde Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y BNG, respaldaron la iniciativa en el Congreso en marzo y volverán a hacerlo ahora en la votación definitiva. Solo Vox y PP volverán este jueves a votar en contra. La votación será por llamamiento individual de cada diputado, tras solicitarlo el PP para que todos los parlamentarios se retraten.

Un arduo camino parlamentario

El de este jueves es el último trámite parlamentario para que la norma entre en vigor definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El camino de la proposición de ley arrancó en el Congreso a mediados de noviembre, cuando el PSOE registró en solitario el texto después de los pactos de investidura alcanzados con ERC y Junts. La iniciativa se tramitó con carácter de urgencia en la Cámara baja, donde se aprobó su toma en consideración en pleno un mes después, el 13 de diciembre.

La norma se sometió después a las posibles de las enmiendas de los grupos. Tras intensas negociaciones, PSOE, Junts y ERC introdujeron un cambio parcial que permitía exculpar a los acusados de terrorismo siempre que en sus actuaciones no hubiera “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. Pero dejaron fuera a quienes hubieran “causado violaciones graves de los derechos humanos”, con la oposición de la formación de Carles Puigdemont. Este punto de fricción provocó que Junts votase a favor del dictamen de la ley pero en contra de su aprobación como ley orgánica en pleno el 30 de enero, lo que provocó que la proposición volviese de nuevo a la Comisión de Justicia del Congreso.

En el seno de la Comisión de Justicia finalmente se fraguó un nuevo acuerdo que seguía dejando fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo, aunque con una invocación a las directivas europeas sobre la materia y no al Código Penal español, permitió restituir el consenso entre el Gobierno y sus aliados nacionalistas para sacar adelante la ley. Con esa nueva modificación, el Congreso aprobó el 14 de marzo la proposición de ley de amnistía por mayoría absoluta: los 178 votos a favor de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts y BNG, frente a los 172 en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

Pero aún faltaba el último y tortuoso camino de la norma en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. El PP modificó el Reglamento de la Cámara alta para poder retenerla durante dos meses en lugar de 20 días, un lapso de tiempo en el que expertos en Derecho a favor y en contra han opinado sobre el texto, y en el que ha sido atacada con dureza por los letrados del Senado, tachándolo de “reforma constitucional encubierta”, y se han celebrado numerosos plenos ad hoc. El último, el pasado 14 de mayo, cuando salió adelante el veto a la ley impulsado por los populares gracias a la mayoría absoluta. Un veto que la mayoría parlamentaria de la investidura prevé levantar este jueves.