El Gobierno recurre al Constitucional la derogación del PP y Vox de la ley de memoria de Aragón
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reivindica que tanto el Consejo de Estado como la ONU amparan al Ejecutivo
El conflicto por las leyes antimemoria histórica, que el PP y Vox llaman “de concordia”, llegará definitivamente al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolverlo. El Gobierno, después de que el Ejecutivo autonómico de Aragón, en manos de PP y Vox, haya decidido no contestar siquiera a sus solicitudes para reunirse e intentar buscar una solución acordada, ha decidido interponer un recurso de consti...
El conflicto por las leyes antimemoria histórica, que el PP y Vox llaman “de concordia”, llegará definitivamente al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolverlo. El Gobierno, después de que el Ejecutivo autonómico de Aragón, en manos de PP y Vox, haya decidido no contestar siquiera a sus solicitudes para reunirse e intentar buscar una solución acordada, ha decidido interponer un recurso de constitucionalidad contra lo único que ha aprobado de momento Aragón, esto es la derogación de la Ley de Memoria que había aprobado el parlamento autonómico anterior, con gobierno del PSOE. Aragón alega que aún no ha aprobado su Ley de Concordia, pero el Ejecutivo central, y también los relatores de la ONU, han estudiado con detalle el texto de la derogación y han visto que contiene diversas vulneraciones del derecho internacional, además de invadir competencias del Estado, ya que choca con la ley de memoria democrática que está vigente.
En la derogación, por ejemplo, el PP y Vox han determinado, como ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se retiren las que recuerdan los lugares en los que hubo campos de concentración y otros lugares de memoria importantes, similares a los que tienen casi todos los países del entorno. Además, y especialmente grave para el Gobierno, en la derogación también se elimina la instrucción para que los niños de los colegios de Aragón tengan conocimiento de la represión franquista, y se elimina el mapa de fosas comunes que se había elaborado y la información a las asociaciones que buscan desaparecidos.
Torres ha explicado, tras el Consejo de Ministros, que ha tomado la decisión después de que el Gobierno haya intentado buscar un acuerdo con Aragón para evitar el recurso, un proceso habitual para el que hay tres meses, y se comunicó oficialmente el interés por organizar un encuentro. Pero el Ejecutivo autonómico del PP y Vox, de forma totalmente inusual, no ha querido ni siquiera concretar esa cita. Torres ha reivindicado además que este recurso no solo tiene el aval de los relatores de la ONU, que hicieron un informe durísimo sobre la ley de derogación en Aragón y sobre los proyectos en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, también gobernadas por el PP y Vox, sino también el respaldo jurídico del Consejo de Estado, que ha apoyado en un informe la decisión de recurrir.
El recurso de inconstitucionalidad se interpone “por vulneración competencial y del principio de colaboración, y además por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, al considerar que los desarrollos relativos al estatuto jurídico de las víctimas contenidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley 1/2024″, señala el Gobierno. “Según el dictamen favorable del Consejo de Estado, “procede la impugnación de la Ley en su conjunto por vulneración del principio-deber de colaboración con el Estado, en orden a la plena efectividad de la Ley estatal 20/2022 y a la garantía de su eficacia”. “El Gobierno, además, considera que el incumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución”, remata el Ejecutivo.
Castilla y León y Comunidad Valenciana
Torres ha apuntado que seguirán el mismo camino con Castilla y León y la Comunidad Valenciana, aunque tienen que esperar a que sus parlamentos aprueben las normas para poder recurrirlas. En el caso de Castilla y León la situación es especialmente significativa desde el punto de vista político, ya que el PP, que sigue dirigido por la misma persona, Alfonso Fernández Mañueco, va a enmendarse a sí mismo porque con la nueva Ley de Concordia va a derogar otra que aprobó el propio PP cuando gobernaba con Ciudadanos, y no con Vox, lo que prueba el cambio como concesión a su nuevo socio. Mientras, el PP defiende sus leyes de concordia y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, llegó a cargar con dureza contra los relatores de la ONU, a los que acusó de mentir, y escribió al secretario general, Antonio Guterres, para mostrar su malestar.
Torres ha hecho un llamamiento al PP para que rectifique su intención de sacar adelante estas normas, que en opinión del Gobierno suponen un golpe duro y una falta de respeto a las víctimas del franquismo. “Si el PP dicen que ellos condenan la dictadura franquista, ¿por qué retiran esa condena de sus leyes? ¿Por qué invisibilizan a las victimas del bando democrático? No vamos a permitir que nadie reescriba la historia. Y para ello recurrimos a la Constitución que algunos tanto defienden. Acudiremos a lo que sea preciso para proteger a las víctimas”, ha insistido Torres.