Las investigaciones sobre los vínculos del Kremlin con el ‘procés’ que pide la UE llevan años en los juzgados españoles

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución —no vinculante— para reclamar a las “autoridades judiciales competentes” que investiguen “de forma efectiva” la intervención rusa para intentar desestabilizar determinadas regiones de la UE. Entre otros puntos, la Cámara insta a indagar los presuntos vínculos del independentismo catalán con Moscú durante el procés. Aún está por ...

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución —no vinculante— para reclamar a las “autoridades judiciales competentes” que investiguen “de forma efectiva” la intervención rusa para intentar desestabilizar determinadas regiones de la UE. Entre otros puntos, la Cámara insta a indagar los presuntos vínculos del independentismo catalán con Moscú durante el procés. Aún está por ver cómo se materializa esta propuesta. Pero, desde que estallase el desafío secesionista en 2017, en España se han abierto al menos dos causas judiciales sobre esta supuesta relación, sin que se haya imputado a nadie todavía por traición, y se ha detectado la presencia de espías en fechas clave, antes y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también ha advertido en varios informes sobre las campañas de desinformación impulsadas por el Kremlin.

Financiación y 10.000 supuestos soldados. La principal investigación en España sobre la presunta injerencia rusa en el procés es la que dirige, desde hace cuatro años, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. El magistrado indaga las reuniones que, en los días previos a la fallida declaración unilateral de independencia, mantuvo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con individuos que, presuntamente, tienen conexiones con el Kremlin. En la causa están investigados el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní y el exdirigente de Convergència Víctor Terradellas.

Las conversaciones telefónicas que, en mayo de 2018, mantuvo Terradellas con dos expolíticos y empresarios que ayudaron a organizar el referéndum independentista del 1-O fueron el origen del caso. El exdirigente de CDC explicó que personas vinculadas a Vladímir Putin ofrecieron hasta 10.000 soldados y ayuda financiera para la secesión si, a cambio, Cataluña reconocía la anexión de la península de Crimea por Rusia. Aguirre abrió el caso Voloh y, en octubre de 2020, ordenó diversas detenciones. Fuentes de los servicios de inteligencia aseguran que se comprobó que los interlocutores rusos tenían conexiones estrechas con el Kremlin; otra cosa, matizan, es que la oferta de mandar 10.000 soldados —bajo el pretexto de una supuesta fuerza de paz, al estilo de las que Rusia mantiene en las antiguas repúblicas soviéticas de Georgia y Moldavia— fuera una ensoñación. “El objetivo era animar con sus promesas a Puigdemont para que se diera el paso”, explican las citadas fuentes.

La causa parecía en estado de letargo hasta que, el pasado 29 de enero, un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, el juez dictó un auto que, además de prorrogar por seis meses la investigación, citaba por primera vez delitos que no están cubiertos por la amnistía. El juez considera que los implicados maniobraron para alterar la unidad territorial de España buscando alianzas con Rusia, lo que puede suponer un delito de traición, excluido de forma expresa en el texto de la amnistía. La decisión de Aguirre —que ha sido objeto de una recusación por parte de las defensas por dar una entrevista a la televisión pública alemana hablando de la causa— supone un obstáculo más para que, llegado el caso, Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía.

Envío de espías. Antes, en noviembre de 2019, otro juzgado, en este caso la Audiencia Nacional, había iniciado una investigación sobre la presencia de agentes del espionaje ruso en Cataluña en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y sus supuestos contactos con personas vinculadas al proceso independentista. La Policía había abierto la Operación Volka (lobo en ruso) tras constatar el paso por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov, solo 48 horas antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Serguéiev es un destacado miembro del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas (GRU, por sus siglas en ruso), una unidad de élite del ejército ruso a la que, en los últimos años, los servicios de inteligencia de varios países vinculan con supuestas maniobras de desestabilización en Europa, como el envenenamiento en marzo de 2018 del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.

Las pesquisas se iniciaron con la información aportada a la Policía por un confidente, parte de la cual era conocida tras haberse publicado en Bellingcat, un portal creado en 2014 por un grupo de periodistas de investigación especializado en técnicas de verificación de datos y en el uso de fuentes de código abierto para sus informaciones. Esta informante llegó a aportar la identidad de cinco altos cargos de los servicios de inteligencia rusos, entre ellos una mujer, supuestamente implicados, así como detalles de tres entidades financieras extranjeras desde las que presuntamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa, y de las tarjetas de crédito empleadas. Sin embargo, tras nueve meses de pesquisas policiales sin avances significativos, en junio de 2020 la Fiscalía presentó un escrito solicitando que se archivase la causa. El juez lo hizo un mes después.

Campañas de desinformación. La tercera pata de la injerencia rusa en el procés fue el lanzamiento de campañas masivas de desinformación a través de las redes sociales. RT (Rusia Today) y Sputnik, dos medios de comunicación vinculados al Kremlin, se convirtieron en los grandes altavoces de las tesis independentistas, rebotando millones de mensajes gracias a un ejército de bots. Para multiplicar su eco en la comunidad hispanohablante, los medios rusos se apoyaron en cuentas del entorno chavista en Venezuela, según constataron distintos estudios. En el momento álgido del procés, se difundió una lista, que se demostraría falsa, de países que supuestamente estaban dispuestos a reconocer un Estado catalán independiente, y tras el 1-O difundieron imágenes de las cargas policiales en los colegios electorales mezcladas con otras ajenas al referéndum. Cuando el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, visitó España en noviembre de 2018, su homólogo español, Josep Borrell, le expresó su “preocupación por las noticias falsas” sobre Cataluña. El ruso se ofreció a crear un foro bilateral para “combatir la desinformación”. Nunca se puso en marcha. Tanto el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos como el Parlamento británico se hicieron eco de la injerencia rusa en el procés.

Con información de J. J. Gálvez