El Gobierno cuestiona al juez García-Castellón por la investigación por terrorismo a Puigdemont

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cuestionado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de quien ha dicho que tiene “querencia” a actuar “en momentos políticos sensibles”, en referencia a los autos del magistrado en el caso Tsunami Democràtic, en el que ...

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cuestionado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de quien ha dicho que tiene “querencia” a actuar “en momentos políticos sensibles”, en referencia a los autos del magistrado en el caso Tsunami Democràtic, en el que acusa de terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira. Ribera ha añadido, durante una entrevista en TVE, que el juez acostumbra a “inclinar” sus decisiones “siempre en la misma dirección” y que las divulga “en momentos oportunos, con implicación política importante”, como hizo cuando el pasado noviembre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes negociaban la amnistía a los líderes del procés.

El PP considera de “extrema gravedad” que la vicepresidenta sugiera que el juez está prevaricando, y ha anunciado que la reprobará en el Senado. Fuentes del Gobierno han matizado las palabras de la ministra y han mostrado su respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes, asegurando que el Ejecutivo siempre defenderá a los jueces ante cualquier injerencia, aunque solo han citado entre esas supuestas injerencias las realizadas por “el PP”. Por la tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respaldado a Ribera, ha rechazado que sus palabras supongan un ataque a los jueces y ha afirmado, en la misma línea que ella, que el Gobierno tiene “mucho respeto por los jueces” a pesar de “determinadas decisiones temporales que llaman la atención”. “En este último caso [de García-Castellón] se trata de hechos de 2019 y llama la atención que cada vez que hay un debate público sobre estos temas [la amnistía] se produzca una resolución del juez”.

Ribera, que este fin de semana se incorpora a la cúpula del PSOE como vocal de la ejecutiva socialista, ha sido especialmente dura con el juez García-Castellón, quien la víspera había dictado un auto en el que afirmaba que los indicios de terrorismo contra Puigdemont y Rovira se están consolidando. La Fiscalía se opone a esa calificación y solo ve un delito de desórdenes públicos agravados en las algaradas independentistas impulsadas por Tsunami Democràtic tras la sentencia condenatoria a los líderes del procés en 2019.

Las declaraciones de la ministra Ribera se han producido en el programa La Hora de la 1, en TVE. Tras insistir en que hay que respetar el trabajo de los jueces, ha dicho: “Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”.

La vicepresidenta ha añadido que “algunas personas” del Poder Judicial “tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial”.

”¿Está dudando de que al juez le pueda guiar un criterio político?”, le ha preguntado entonces la periodista Silvia Intxaurrondo. ”La hemeroteca muestra que [García-Castellón] siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen esas afirmaciones, pero es su tarea (...)”, ha respondido la vicepresidenta.

”Tal y como usted lo ha descrito, parece un caso claro de lawfare [persecución judicial con fines políticos]”, ha insistido el también conductor de La hora de la 1 Marc Sala. Ribera ha reiterado: ”Yo creo que es capital entender que no solo importa el ejercicio del poder judicial, sino la forma y las motivaciones en el ejercicio del poder judicial, y este corresponde a todos los magistrados. La valoración de oportunidad de cuándo salen esas informaciones también es relevante”.

Las palabras de la ministra han generado una reacción inmediata del PP: “Una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación. El ataque del Gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada”, ha manifestado el portavoz popular Borja Sémper en la red social X. Fuentes del PP han insistido en que el Gobierno está asimilando y lanzando el mismo discurso que sostienen desde hace tiempo partidos como ERC y Junts: esto es, que los políticos independentistas son víctimas de una persecución judicial.

Sémper ha subrayado, en ese sentido, que Marta Vilalta, portavoz de ERC, se ha sumado también en TVE a las declaraciones de Ribera para criticar al juez García-Castellón. “Igual que el Gobierno de España, misma acusación de prevaricación contra un juez”, ha escrito el dirigente del PP en X. La representante de ERC ha afirmado: “Hay una obsesión de este juez con el fin de incriminar al independentismo de terrorismo. Hay una obsesión política de un juez (...) Hay casualidades que son muy sospechosas”. Vilalta también ha considerado que “no es casualidad que en paralelo [a las negociaciones de la amnistía] este juez acuse de terrorismo, cuando lo único que había [en las protestas] era el ejercicio de derechos fundamentales, movilizaciones, protestas...”.

Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares, ha preguntado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si las declaraciones de Ribera suponen “defender a los jueces”. Es lamentable que el Gobierno de España asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de Derecho”, ha escrito en X. El PP sostienen que Ribera “pone voz a los que dicen que en España hay lawfare [persecución judicial por motivos políticos]” y recita “el argumentario independentista”. “Exigimos el cese de los ataques a los jueces españoles por parte de los independentistas, pero, sobre todo y también, por parte del Gobierno”, reclaman fuentes del PP. Finalmente, los populares han anunciado que reprobarán a Ribera en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta. También solicitarán su comparecencia.

Instantes después de las palabras de Ribera, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado prudente sobre las actuaciones judiciales. Durante un desayuno informativo en Madrid, ha afirmado: “Siempre he dicho que es más probable el azar que la conspiración, pero cada uno tiene su juicio muy personal. Debemos acostumbrarnos a que las instituciones y el sistema cada uno sepa estar en su sitio”. Y ha añadido: “Afortunadamente tenemos una institución, que es el Parlamento, donde se va a hablar porque hay comisiones de investigación de todo lo que ha pasado en la acción hacia los independentistas [...] y confiemos en que el funcionamiento del Parlamento nos dé resultados positivos. Creo que debemos administrarlo con una cierta tranquilidad, con una cierta calma, porque es un debate que va a durar”.

Fuentes del Gobierno han expresado “el respeto institucional” del Ejecutivo al Poder Judicial, a la separación de poderes y a las decisiones de los jueces, aunque algunas de ellas no las comparta. Estas fuentes recuerdan, no obstante, que la Fiscalía discrepa de García-Castellón en la calificación de terrorismo en el caso Tsunami. Y sostienen que en España hay “un claro ejemplo” de “intervencionismo” en el Poder Judicial: “El secuestro al cual el PP está sometiendo al Consejo General del Poder Judicial, bloqueando su renovación desde hace más de cinco años”.

Protesta de las asociaciones judiciales

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de perfil conservador y mayoritaria en la carrera, ha emitido un comunicado en el que censura duramente las palabras de la ministra Ribera. “No resulta de recibo en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo (...) acuse veladamente a un juez de prevaricar; nos causa una enorme tristeza, aunque ya nada nos sorprende, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política”, reza la nota. La APM considera “inaceptable” este “ataque permanente a la independencia judicial” por quienes tienen “las más altas responsabilidades políticas”.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de perfil moderado, ha respondido a la ministra. “Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la justicia”, ha protestado Luis Ortiz Vigil, del comité nacional de esta entidad. “España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al poder Ejecutivo, porque con comentarios como este sólo se está perjudicando al país”.