El PSOE solo pactó un párrafo con Junts sobre inmigración, que no menciona las expulsiones

El Gobierno y Junts tienen una interpretación diferente de lo que pactaron para que los independentistas se abstuvieran —en realidad no votaron, aunque el efecto es el mismo— la semana pasada en el pleno del Congreso celebrado en el Senado en dos decretos decisivos. El acuerdo se hizo en el último minuto, al borde del límite de la votación, que estaba marcado para las 15.30 del miércoles, y no hubo tiempo para detalles. Así que, en el...

El Gobierno y Junts tienen una interpretación diferente de lo que pactaron para que los independentistas se abstuvieran —en realidad no votaron, aunque el efecto es el mismo— la semana pasada en el pleno del Congreso celebrado en el Senado en dos decretos decisivos. El acuerdo se hizo en el último minuto, al borde del límite de la votación, que estaba marcado para las 15.30 del miércoles, y no hubo tiempo para detalles. Así que, en el asunto más importante y polémico, la transferencia a la Generalitat de la política de inmigración, el que hizo que Junts pasara del no a la abstención, solo se pactó un párrafo muy genérico cuya interpretación ahora discuten el PSOE y Junts. El texto que cerraron en el último momento los negociadores (Santos Cerdán, Félix Bolaños y María Jesús Montero por el PSOE, y Jordi Turull y Míriam Nogueras por Junts) para evitar una derrota del Gobierno es el siguiente, según un documento final al que ha tenido acceso EL PAÍS: “Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución”.

A esta idea de la “gestión integral” es a la que se aferra el secretario general de Junts, Jordi Turull, para reclamar que eso debería incluir la posibilidad de que Cataluña expulse a inmigrantes que sean reincidentes en determinados delitos, algo que él ha planteado como un ejemplo del tipo de competencias que querrían para la Generalitat en el futuro. Turull admitió el lunes que en la negociación, que fue muy rápida y en el último minuto antes de la votación, no se pactaron los contenidos de la ley orgánica que desarrollará las competencias que se están delegando, pero sí insiste en que el acuerdo político era claro y suponía traspasar “todas” las competencias sobre inmigración. “Todas es todas”, insistió.

Sin embargo, en el Gobierno creen que al hablar de “gestión integral” de la inmigración nadie está pensando en que el Estado renuncie a la competencia de la expulsión y la gestión de fronteras. Según el presidente, Pedro Sánchez, que ya avanzó en la entrevista en EL PAÍS el domingo que esta era una competencia estatal, no se podría delegar ni siquiera queriendo, porque sería inconstitucional. Sánchez apeló el lunes en una entrevista en Radio Nacional al artículo 149 de la Constitución, que efectivamente señala con claridad que “la inmigración” está en el listado de competencias exclusivas de la Administración central. Sin embargo, el artículo 150.2, al que alude precisamente el párrafo que pactaron entre el PSOE y Junts, es la vía por la que se han delegado múltiples competencias que en principio eran de la Administración central, y eso es lo que reclama Junts.

Sánchez descarta claramente que eso, las expulsiones y todo lo relacionado con fronteras, pueda llegar a delegarse nunca, y no solo porque en su opinión no sería constitucional, sino también porque cree que políticamente no tiene sentido porque la línea en la que va la Unión Europea es la contraria: la gestión de las fronteras y las expulsiones cada vez será más una competencia europea, compartida entre todos los Estados, y menos de los países, y, por tanto, mucho menos de las regiones, que no la tienen en ningún país europeo.

El presidente ha explicado en RNE, en línea con la entrevista en EL PAÍS, que las competencias en las que está pensando el PSOE cuando pacta con Junts esta delegación son cuestiones como “la autorización inicial de empleo, políticas de integración, que tengan que ver con la educación, la vivienda”. “No se puede transferir la política de expulsión, eso está claro en el artículo 149 de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras, política de migración irregular, está residenciado en la Administración general del Estado. Un partido independentista pide el máximo, pero el artículo 149 es bastante claro. Además, en el Estatuto de autonomía de Cataluña esas competencias vienen definidas”, insiste el presidente.

El Estatut de Cataluña dedica un artículo, el 138, a regular las competencias de la Generalitat en inmigración. Este precepto fija que corresponde a la Administración catalana la “competencia exclusiva” en materia de primera acogida, el desarrollo de políticas de integración para los inmigrantes o el establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida e integración de estas personas. También atribuye a la Generalitat la “competencia ejecutiva” para la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolla en Cataluña, así como la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración “con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.

Este fue uno de los preceptos recurridos por el PP ante el Tribunal Constitucional, alegando que vulneraba el artículo 149.1.2 de la Constitución, según el cual, el Estado tiene competencia exclusiva en inmigración. La sentencia de 2010, sin embargo, avaló la constitucionalidad de todo el artículo, aunque puso límites a su interpretación. “Es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado[...], de modo que el art. 138.1 sería claramente inconstitucional si, como parece deducirse de su enunciado, pretendiese atribuir a la Comunidad Autónoma competencias en dicha materia”. Para los magistrados, la referencia a la “inmigración” con la que se encabeza ese precepto no se corresponde con esta materia constitucional, “competencia exclusiva del Estado, sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma”. Es decir, el Constitucional consideró que las competencias que se atribuían a la Generalitat, tenían, esencialmente, carácter “asistencial y social” y que no se traducían en la atribución a la Generalitat “de competencia alguna en materia de inmigración”.

La sentencia asumió un argumento que empleó la Abogacía del Estado al responder al recurso: que la evolución del fenómeno inmigratorio en España “impide configurar” la competencia estatal exclusiva en esta materia recogida en el artículo 149.1.2 de la Constitución “como un título horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han adquirido especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las correspondientes políticas públicas (educación, asistencia social, sanidad, vivienda, cultura, etcétera)”. Y, según el Constitucional, es en este contexto de “la integración social y económica” de la población inmigrante donde encajan las competencias que otorga a la Generalitat el Estatut de Cataluña.

“Xenófobos”

Sánchez también trata de defenderse estos días de los que lo acusan de estar pactando la política de inmigración con un partido como Junts, que está asociando estas cuestiones con la delincuencia y que está compitiendo en esta línea con grupos ultras antinmigración como Aliança Catalana, que ganó las elecciones en Ripoll (Girona). “En España quien ha incorporado a un partido xenófobo es el PP con Vox. Junts dice que no son xenófobos. Pero en cualquier caso nosotros como Gobierno tenemos una política de inmigración humanista”, se ha defendido Sánchez. Parece evidente la incomodidad que genera en el Gobierno de coalición, en el PSOE, pero especialmente en Sumar, el pacto con Junts en materia de inmigración, dadas las posiciones de este grupo sobre una cuestión tan sensible en la que tiene una visión muy alejada de la progresista.

Sin embargo, Sánchez apela una vez más a la necesidad y el pragmatismo para entender que vale la pena ceder, y luego ajustar para aprobar decretos como los de la semana pasada, que incluían una revalorización de pensiones y amplios paquetes de ayudas. “Sigo la máxima de Aristóteles que dice que la única verdad es la realidad”, dijo el presidente, reivindicando el pragmatismo ante el hecho de que la realidad es que el Parlamento está fragmentado y necesita los votos de ocho grupos, entre ellos Junts, para sacar adelante sus medidas. Uno de los políticos que más usó esa idea fue el argentino Juan Domingo Perón, que hizo de “la única verdad es la realidad” uno de sus lemas más conocidos. Sánchez ahora se apoya en esa idea, que empezó a usar en la entrevista en EL PAÍS, para explicar al mundo progresista que todas estas concesiones, que la oposición ve como una “humillación”, valen la pena para sacar adelante el programa de la coalición progresista. “Muchos miran al dedo [los acuerdos con Junts], pero la Luna es que hemos revalorizado las pensiones, y eso es lo importante”.