El informe final del ‘caso Neurona’ concluye que Podemos se ajustó a los precios de mercado al contratar a la consultora

El informe final del caso Neurona, la investigación judicial que mantuvo imputado a Podemos durante la mayor parte de su paso por el Gobierno, supone un enorme soplo de aire a favor de la fuerza política y un gran varapalo para la instrucción impulsada por el magistrado Juan José Escalonilla durante los últimos tres años y medio. El documento elaborado por el perito Aleix Sanmartín, ...

El informe final del caso Neurona, la investigación judicial que mantuvo imputado a Podemos durante la mayor parte de su paso por el Gobierno, supone un enorme soplo de aire a favor de la fuerza política y un gran varapalo para la instrucción impulsada por el magistrado Juan José Escalonilla durante los últimos tres años y medio. El documento elaborado por el perito Aleix Sanmartín, por encargo del propio juez, ha concluido que el precio pagado por la formación de izquierdas a la consultora mexicana Neurona —por trabajos de asesoría para las elecciones generales de abril de 2019— se ajustó al mercado. Incluso, remacha el técnico en el dosier, el importe abonado se movió en algunos aspectos en rangos “inferiores” al coste previsto para servicios similares.

“Más allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas”, afirma el perito Sanmartín, doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según expone el informe en su capítulo de conclusiones, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el precio pagado por Podemos (363.000 euros) “se encuentra dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”.

Este informe había generado una enorme expectación, convertido por el juez en una de las piezas clave para completar el puzle antes de decidir si archiva la causa o procesa a alguien. El sumario abierto por Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, llegó a convertirse en una macrocausa con una decena de líneas de investigación; pero poco a poco se desinfló, hasta quedar reducido exclusivamente a un posible delito electoral por pagar supuestamente de más a Neurona por unos trabajos que se realizaron.

Y ahora, tras casi cuatro años de instrucción judicial, las conclusiones del perito contradicen también esa tesis que se había puesto sobre la mesa. Sanmartín ha analizado los trabajos que le ha dicho el juzgado y, pese a que Podemos ha afirmado que no son todos los que efectivamente realizó Neurona, calcula que su precio rondaría los 358.000 euros —la formación abonó un total de 363.000 euros—. El desglose del perito incluye el coste por servicios de demoscopia y encuestas (1.200 euros); estrategia de geolocalización (90.000); monitoreo y escucha digital (15.000); trabajos de creatividad (20.000); campaña gráfica (2.200); guion para spot oficial (3.000); serie La historia la escribes tú: conceptualización y producción de seis episodios (30.000); producción de vídeos digitales (70.800); manual de identidad gráfica (70.000); Look and Feel Website (1.500); piezas digitales y adaptación (4.800); y equipo de sombra de seguimiento de campaña electoral: foto y vídeo (50.000).

Casi cuatro años de pesquisas

El juez Escalonilla puso en marcha el caso Neurona en el verano de 2020 tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos —José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula—. Con base en la declaración del exletrado del partido, el magistrado impulsó unas macropesquisas y llegó a abrir hasta 10 líneas de investigación, de las que ha dado carpetazo ya a nueve. Entre otras, descartó que se pagaran sobresueldos a la gerente y al tesorero de Podemos; que se inflaran los costes de la obra de la sede; o que se desviara dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b. También se archivó el caso Niñera, una derivada que se centró en la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias.

Actualmente, solo queda viva la parte de la causa centrada en la relación de Podemos con Neurona para las elecciones generales de 2019. En un primer momento, el juez apuntaba a que la formación pagó a la empresa mexicana 363.000 euros por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de esos trabajos, el magistrado dio un giro a sus pesquisas para indagar si se infló el importe a abonar. Sobre ello, Podemos y la Fiscalía ya apuntaron que encargar un informe a un perito no tendría mucho valor, pues la empresa puede fijar el precio que quiera (basándose en la libertad de mercado). Sin embargo, el magistrado insistió en que no le importa si existen “mínimas divergencias” entre el coste estimado por el experto y los 363.000 euros abonados, sino si hubo, “en su caso”, una “disfunción” que sea “excesiva, no real y no concorde con los servicios realmente prestados”.

El juez ya dio por cerrado el plazo de instrucción el 27 de julio de 2022. El pasado septiembre, además, desimputó a Juan Carlos Monedero, fundador del partido, y sacó a Podemos de la causa como persona jurídica, aunque mantiene investigados a otros antiguos altos cargos de la fuerza política. Por ello, todavía no ha decidido si archiva la causa o procesa a alguien por el contrato con la consultora. Según indicó, no tomaría esta decisión hasta recibir el informe pericial de Sanmartín sobre el presunto delito electoral. Este ya está sobre su mesa, y la pelota, sobre su tejado.