Preguntas y respuestas sobre la amnistía: los recursos no frenan la aplicación de la ley, pero suspenden algunos de sus efectos

La amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas empezará a tramitarse en los próximos días, cuando se registre la proposición de ley en el Congreso y la admita la Mesa. Pero una vez que la norma sea aprobada, tendrá todavía por delante un recorrido judicial que puede ser más o menos largo según las objeciones que planteen los tribunales que tienen que aplicarla, que son todos los que han juzgado o tienen abiertos procedimientos afectados por la medida de gracia. Estas son algunas de las claves de la medida y las cuestiones que se pueden ir presentando en las próximas semanas....

La amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas empezará a tramitarse en los próximos días, cuando se registre la proposición de ley en el Congreso y la admita la Mesa. Pero una vez que la norma sea aprobada, tendrá todavía por delante un recorrido judicial que puede ser más o menos largo según las objeciones que planteen los tribunales que tienen que aplicarla, que son todos los que han juzgado o tienen abiertos procedimientos afectados por la medida de gracia. Estas son algunas de las claves de la medida y las cuestiones que se pueden ir presentando en las próximas semanas.

¿Qué es la amnistía? La amnistía es una medida de gracia que se concede a un colectivo de personas. Requiere el acuerdo del Congreso de los Diputados y del Gobierno y se formula mediante una ley orgánica. A diferencia del indulto, constituye el olvido legal de delitos y lo hace sin necesidad de que haya existido juicio, sentencia o condena. La amnistía borra también los antecedentes penales de los afectados.

¿La amnistía es recurrible? Sí, como cualquier ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por grupos políticos o particulares. Pero además, para hacerse efectiva, la ley de amnistía tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento afectado por la medida de gracia. En principio, estos tribunales tienen que decretar el archivo del caso, pero, antes de hacerlo, podrían plantear una cuestión de inconstitucionalidad si tienen dudas de que la amnistía encaje en la Constitución. La resolución de esta cuestión corresponde también al tribunal de garantías. De forma paralela, los jueces que tengan que aplicar la amnistía también podrán acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) planteando una cuestión prejudicial para que la justicia europea establezca si la amnistía concedida respeta el derecho de la UE.

¿Los recursos paralizan la aplicación de la amnistía? El artículo 30 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que “la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley”, excepto cuando es el Gobierno el que recurre una ley autonómica. No obstante, no todos los recursos tienen las mismas consecuencias. El que puedan presentar grupos políticos ante el Tribunal Constitucional, como el anunciado por PP y Vox, no frena la aplicación de la norma. Pero las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces sí dejan en suspenso el procedimiento concreto en el que se presente esa cuestión, según establece el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión”. Esto implica que los tribunales que planteen una cuestión de inconstitucionalidad no dictarán la resolución definitiva de archivo de esa causa mientras el Constitucional no se pronuncie.

¿Podrán viajar a España Carles Puigdemont, Toni Comín o Marta Rovira sin temor a ser detenidos? La causa por sedición y malversación contra los prófugos del procés se instruye en el Tribunal Supremo y será la Sala Penal (no el instructor, Pablo Llarena) la que deberá aplicar la ley de amnistía y decidir, en su caso, si eleva cuestión de inconstitucionalidad. Todo apunta a que lo hará, lo que supondrá la suspensión del procedimiento. No se podrá archivar su causa, pero, según señalan fuentes jurídicas, tampoco se les podría detener ni adoptar ninguna medida judicial contra ellos, por lo que, en principio, podrían volver a España sin arriesgarse a ser arrestados. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, afincada en Suiza, está también siendo investigada por la Audiencia Nacional en la causa del Tsunami Democràtic, el movimiento de protesta que nació tras la sentencia del Supremo, y será este tribunal el que decida si plantea cuestión de inconstitucionalidad. El instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, se refirió a la amnistía en estos términos hace unas semanas en un foro organizado por La Región de Ourense: “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”.

¿Podrán presentarse Puigdemont, Rovira y Oriol Junqueras a las próximas elecciones de la Generalitat? El expresidente catalán, Rovira y el resto de los políticos prófugos de la justicia española no están inhabilitados, por lo que, si vuelven a España, podrían presentarse a unas elecciones aunque la amnistía no se hubiera aplicado del todo a la espera de las posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Distinto es el caso de Oriol Junqueras y los líderes independentistas condenados por el Supremo a los que se les indultó la pena de cárcel, pero siguen cumpliendo la de inhabilitación. Esta condena decae con la amnistía, pero si el alto tribunal eleva el caso al Constitucional, la inhabilitación seguirá vigente hasta que haya respuesta, señalan fuentes jurídicas. Por tanto, dependerá de cuándo resuelve el Constitucional y cuándo se celebran las próximas elecciones catalanas, previstas para febrero de 2025, pero que podrían adelantarse.