España impulsará en su presidencia europea la norma sobre violencia contra la mujer que rechaza la ultraderecha

España se ha fijado como objetivo para su presidencia del Consejo de la UE, que se inaugura este 1 de julio y concluirá el próximo 31 diciembre, rematar importantes directivas medioambientales, económicas, sobre libertad de la información y protección de las mujeres. Entre otras, impulsará la directiva sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica, la primer...

España se ha fijado como objetivo para su presidencia del Consejo de la UE, que se inaugura este 1 de julio y concluirá el próximo 31 diciembre, rematar importantes directivas medioambientales, económicas, sobre libertad de la información y protección de las mujeres. Entre otras, impulsará la directiva sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica, la primera norma europea específicamente dedicada a esta materia, que como el resto de avances sociales enfrenta el rechazo de la ultraderecha. Pedro Sánchez, que ha estrenado este sábado su presidencia europea con una visita a Kiev, se ha puesto también como prioridad para los próximos seis meses “la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania”, según el programa de la Presidencia española de la Unión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Gobierno español recibe de la anterior Presidencia sueca, que concluyó este viernes, unos 200 dosieres, algunos estratégicos, como la reforma del pacto de estabilidad o el migratorio. En total, se celebrarán en España 22 reuniones ministeriales y dos cumbres de jefes de Estado o Gobierno, una de la Comunidad Política Europea y otra de la UE, ambas en octubre en Granada.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto muchas esperanzas en el semestre español, el último de presidencia completa, ya que la belga, desde enero de 2024, solo tendrá vida útil hasta abril, pues en junio están previstas las elecciones al Parlamento Europeo, de las que saldrá una nueva Eurocámara y una nueva Comisión. España, que no asumía esta responsabilidad desde el primer semestre de 2010, se presenta así como una “presidencia escoba”, la última oportunidad de sacar iniciativas adelante antes de que cambien los equilibrios políticos internos de la Unión. Estas son algunas de las principales propuestas de su programa:

Derechos e igualdad. En materia penal, la Presidencia española “se centrará en la finalización de la negociación con el Parlamento Europeo de las propuestas en materia de protección del medio ambiente, recuperación de activos y decomiso, lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y prevención y lucha contra la trata de seres humanos”, explica el informe, de más de 50 páginas, que separa los asuntos a debatir por temas y consejos ministeriales.

Uno de los puntos más destacados es la directiva para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que recibió el acuerdo político de los ministros de Justicia de los Veintisiete en junio y establece normas mínimas para los derechos de las víctimas, de apoyo y de protección en toda Europa. La directiva, el primer marco legal común sobre el tema, cuenta con el rechazo frontal del Gobierno ultraconservador de Polonia, que calificó la nueva regulación de “violencia legislativa”.

La directiva obliga, por ejemplo, a evaluar el riesgo que conlleva el supuesto agresor la primera vez que una “víctima de violencia sexual o doméstica” se ponga en contacto con las autoridades, que deberán brindarle medidas de protección adecuadas —incluidas órdenes de restricción y protección de emergencia—. En España, las leyes contra la violencia machista van más allá de lo previsto en la directiva y han servido como modelo a otros países europeos. Sin embargo, no todos los socios tienen regulaciones específicas y hay algunos, como Hungría y Polonia, aliados de Vox, que rechazan la existencia de la violencia de género. El debate europeo se produce en un momento en que el PP, para obtener el apoyo de Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, está firmando pactos en los que se cambia el concepto de violencia machista por violencia familiar. España, como Presidencia de turno, se sentará a negociar con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión (lo que se conoce como trílogos porque incluye a un representante de cada institución) para dar luz verde al texto final.

Medio ambiente y energía. En medio ambiente, otro de los puntos de choque con la ultraderecha y parte de la derecha, que ha abrazado algunas de sus posturas negacionistas, España puede asumir la negociación final de la ley de restauración de la naturaleza, que los conservadores, encabezados por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, han llamado a tumbar. La normativa sobre biodiversidad, que prevé reparar el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE para 2030 y el conjunto de los ecosistemas que necesiten ser restaurados para 2050, se considera una pieza clave para la transición verde de los Veintisiete, pero aún está pendiente incluso de pasar a la etapa de negociación a tres bandas, pues el Parlamento Europeo no se ha pronunciado y se enfrenta al boicot de los populares de Weber, que la consideran una “mala ley”.

Reforma del mercado eléctrico. Completar la reforma del mercado eléctrico, acelerando el despliegue de las energías renovables y completando las interconexiones, es condición indispensable para mejorar la competitividad de la industria europea, abaratar los precios de la energía para empresas y particulares y avanzar hacia la descarbonización. España quiere sentar las bases del futuro mercado comunitario del hidrógeno, lo que incluye la creación de un banco europeo con este fin.

Agricultura. En un contexto de polarización social, la Presidencia española iniciará los debates sobre la propuesta legislativa para revisar la norma sobre bienestar animal. El proyecto busca ser más exigente en asuntos como el espacio vital de los animales para ganadería o sus condiciones de transporte y salud. Esta norma se enfrenta a la cerrada oposición de los partidos europeos de ultraderecha y de las nuevas fuerzas agrícolas populistas.

Ucrania. Por cronograma y por “compromiso” apuntan fuentes diplomáticas, España impulsará las negociaciones de adhesión de Ucrania. El país invadido por Rusia en febrero de 2022 es candidato al club comunitario y debe completar siete grandes reformas para poder empezar a hablar de integración. Está previsto que en octubre la Comisión Europea emita un extenso informe que evalúe cómo progresa Kiev en el cumplimiento de esos retos que abarcan desde la reforma de la justicia hasta una ley de minorías mejorada o el fortalecimiento de las medidas anticorrupción. Habrá un informe similar sobre Moldavia, también candidato reciente, y el resto de aspirantes, en los Balcanes. “La presidencia española impulsará unas conclusiones del consejo sobre ampliación que ofrezcan unas perspectivas realistas y creíbles a los países candidatos”, dice el documento de prioridades.

Inmigración. Otro de los asuntos más complejos y divisivos en el seno de la UE es la política migratoria común, y España hereda gran parte del complicado dosier. El Ejecutivo de Sánchez se ha marcado como meta “completar” el pacto de migración y asilo, que busca reducir los flujos migratorios irregulares, reforzar el control de las fronteras y establecer una cuota de reubicaciones obligatorias de solicitantes de asilo a repartir entre los socios. Quien no asuma su parte deberá pagar 20.000 euros por solicitante. Tras aprobar la Presidencia sueca, por mayoría, los reglamentos de procedimiento de asilo y gestión de inmigración, España buscará sacar adelante el último reglamento, el de gestión de crisis, para poder ratificar todo el paquete. La ultraderecha, con Hungría y Polonia a la cabeza, también busca bloquear las políticas migratorias comunes.

Libertad de expresión. En materia civil, España “priorizará” el expediente sobre demandas civiles abusivas contra periodistas y defensores de derechos humanos, según el documento de prioridades de la Presidencia. Se trata de acabar, por ejemplo, con las llamadas “SLAPP”, demandas que están diseñadas no para ganarlas sino para censurar, intimidar y silenciar a los críticos o denunciantes al cargarlos con altos costes legales y largos procedimientos. A veces se presentan en otra jurisdicción más afín al denunciante que ofrece estándares más bajos de protección al periodista.

América Latina, socio estratégico. España quiere convertir a América Latina en socio estratégico de la UE. Los próximos 17 y 18 de julio se celebra en Bruselas la cumbre UE-Celac (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), que no se reunía desde hace ocho años. Además de establecer un mecanismo de coordinación permanente, está previsto aprobar un plan de inversiones que España dotará con 9.000 millones y la Comisión con otros 10.000, a la espera de lo que aporten otros países. Se trata de recuperar el terreno perdido frente a China en los últimos años y contar con un suministrador fiable de materias primas estratégicas, para evitar dependencias indeseables, como la guerra de Ucrania ha dejado en evidencia con el gas ruso. España aspira a rematar los acuerdos comerciales con Chile y México y a desbloquear el de Mercosur. Los ministros de Economía latinoamericanos se reunirán con sus homólogos europeos en Santiago de Compostela (A Coruña) el 15 de septiembre.

Pacto de Estabilidad. España confía en que la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el retorno a los límites de déficit y deuda pública que quedaron en suspenso por la pandemia y la guerra de Ucrania, se haga con flexibilidad, atendiendo la situación de cada país. Este es uno de los temas en los que se ve más la diferencia entre el norte y el sur. Se trata de que Europa se dote de reglas “más justas, realistas y predecibles”, que combinen la sostenibilidad de las finanzas públicas con la financiación del estado del bienestar y de la transición verde y digital. El equilibrio fiscal no solo debe venir por el lado del gasto sino también de los ingresos: España aboga por fijar unos niveles mínimos de tributación empresarial en todos los países europeos y por luchar contra la evasión fiscal, especialmente de las grandes tecnológicas. Se revisará el Marco Financiero Plurianual 2021-27, para aumentarlo en 100.000 millones.

Europa de la Salud. Otro objetivo de la Presidencia española es sentar las bases de un espacio europeo de datos sanitarios, para mejorar la eficacia de las políticas sanitarias y de investigación, y reforzar la acción europea en materia de cuidados y salud mental, así como fortalecer financieramente a la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Defensa. Se desarrollará la Capacidad de Despliegue Rápido de la Unión, con el primer ejercicio real que tendrá lugar en suelo español. Se potenciará el Fondo Europeo para la Paz, utilizado para financiar el suministro de armamento a Ucrania y las operaciones militares en África, y el plan de capacidades de la Agencia Europea de Defensa. La UE aspira a convertirse en un actor global en materia de seguridad marítima, en la cuenca de Indopacífico y el golfo de Guinea.

Política laboral y social. Dentro del paquete de derechos laborales, España tratará de impulsar la negociación de los agentes sociales (sindicatos y patronales europeas) para llegar a acuerdos sobre teletrabajo y desconexión digital. Además, ha incluido una de las reclamaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: el avance de la democracia en las empresas.

Otro elemento que la presidencia española pretende impulsar es la inclusión de los desequilibrios sociales dentro de los indicadores de las evaluaciones del semestre europeo. En esos exámenes que hace periódicamente la Comisión, ahora solo se incluyen elementos fiscales (deuda, déficit) y macroeconómicos. Lo que Díaz, junto con su homólogo belga, ha tratado de impulsar en los últimos años es dar también una dimensión socioeconómica al llamado semestre europeo. Que la presidencia de España y Bélgica sean encadenadas es una buena ocasión para impulsar este objetivo.

Autonomía estratégica. La Ley de Materias Primas Críticas, que debe asegurar la autonomía estratégica, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Ley sobre Industria de Cero Emisiones Netas, el Reglamento del Gas y el Hidrógeno, el Reglamento SMEI (Instrumento de Emergencia del Mercado Interior) o el Reglamento de Ecodiseño, además de los ya mencionados, son algunos de los principales proyectos legislativos que España aspira a sacar adelante durante su Presidencia de la UE.