-“Es muy grave, Irene [Montero], hay que ajustar la ley” -“La ley está bien hecha, Pilar [Llop], pero escucho propuestas”

La historia de la primera coalición de Gobierno española desde la II República se podría escribir alrededor de la Ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí. Ahí está casi todo. Los grandes dramas de los dos partidos socios, sus reencuentros, sus batallas, sus acuerdos, su ilusión por haber logrado ...

La historia de la primera coalición de Gobierno española desde la II República se podría escribir alrededor de la Ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí. Ahí está casi todo. Los grandes dramas de los dos partidos socios, sus reencuentros, sus batallas, sus acuerdos, su ilusión por haber logrado una ley que defienden como un salto para la protección de las mujeres y, finalmente, la desesperación al ver cómo crecía el agujero negro en el que se han convertido las revisiones de penas, con casi 400 rebajas y una veintena de excarcelaciones, sin poder hacer nada.

El último drama de esta obra en varios actos —que aún no tiene el final escrito pero sí amenaza la coalición— arranca en noviembre. Pocas semanas después de entrar en vigor la ley, comienza el goteo de rebajas de penas y estalla la polémica pública. El 16 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bali, en plena reunión del G-20, apoya rotundamente a Irene Montero y la ley. Pide tiempo para ver qué hacen otros tribunales, la Fiscalía y sobre todo el Supremo.

Pero el presidente regresa a Madrid y empieza a ver que la bola crece sin freno. La Fiscalía intenta acotar con una circular el alcance de las rebajas de penas, pero muchos jueces siguen aplicándolas. Y el Supremo, la última esperanza, también las asume. Parece imparable. Pilar Llop, su ministra de Justicia, también ve claro que hay que hacer algo. Las rebajas de penas a agresores sexuales ya condenados no se pueden evitar de ninguna forma —porque esos casos siempre podrán acogerse a la ley más favorable, la actual—; pero al menos, concluye el PSOE, sí se puede reformar la ley para impedir en el futuro condenas más bajas de las que se producían con la legislación anterior. Sánchez pide a Llop y Montero que busquen una solución. Con los periodistas, el 6 de diciembre, el presidente ya habla de “ajustes técnicos”. Llop y Montero se citan y hablan en estos términos, según fuentes conocedoras de las conversaciones:

— “La situación es muy grave para las víctimas, Irene. Tenemos que hacer ajustes técnicos en la ley. Debemos estudiar bien qué ha producido estas rebajas de penas”, le dice Llop.

— “La ley está bien hecha, Pilar. Hablad con Juan Carlos Campo [ministro de Justicia cuando se redactó, ahora magistrado del Tribunal Constitucional]. A todas nos preocupan las víctimas. Pero ninguna reforma va a impedir estas rebajas. Algunos jueces, una minoría, no la están interpretando bien. Pero, si tenéis propuestas para cambiarla, yo estoy dispuesta a escucharlas. Pasádmelas”, contesta la ministra de Igualdad.

La reunión se alarga. Sigue la discusión jurídica. Montero pide concreción, una propuesta precisa. Finalmente, Justicia la tiene. Ese primer papel de diciembre es algo muy parecido al que se ha publicado esta semana: un aumento de penas añadiendo el elemento de la violencia o la intimidación para crear dos subtipos en función de si existe o no esa agravante. Un anatema para Igualdad.

“Esto es volver al anterior modelo y acabar con este, centrado en el consentimiento. No podemos aceptarlo”, clama Montero. Llop replica: “Mantenemos intacta la parte del consentimiento, el artículo 178.1. Pero el aumento de penas tiene que estar justificado. La única manera de hacerlo es incluyendo el elemento de la la violencia o intimidación”.

Han pasado casi dos meses y se han intercambiado muchos papeles, el último este mismo viernes, pero la discusión sigue en un punto muy similar. En las últimas semanas, según admiten los socialistas y reivindica la propia Montero, Igualdad se ha movido. Ya no rechaza el aumento de penas, aunque sigue pensando que la ley está bien. Ha aceptado subirlas todo lo que pide Justicia. Pero quiere hacerlo sin vincular la subida al hecho que exista la violencia o intimidación en la agresión sexual. Y Justicia dice que eso no es serio, que jurídicamente podría causar nuevos problemas.

La situación se precipita. Después de semanas de negociación, Sánchez ha ordenado llegar ya a una solución. Las negociaciones se multiplican. Llop ni siquiera fue a la cumbre en Marruecos. El sábado pasado, cuando todo se aceleró, volvió antes de tiempo de un viaje oficial a Suecia y se vio con Montero en la sala de autoridades del aeropuerto de Madrid. La ministra de Igualdad iba camino de un acto en Baleares. Ambos equipos se pasan papeles contantemente, pero no hay manera de cerrar. Montero insiste en que está dispuesta a aceptar todo menos la fórmula de volver a incluir el elemento de la violencia y crear dos subtipos. No hay acuerdo, y el tiempo corre en contra.

El próximo martes por la mañana, como máximo, Sánchez tendrá que decidir si, en caso de no haber pacto, el PSOE presenta en solitario la proposición de ley con la reforma. Montero insiste en que incluso si eso sucede ella no dimitirá. Pero nadie duda de que sería un golpe muy duro a la coalición y una gran baza para el PP, que se volvería imprescindible para sacar adelante la reforma. La decisión tiene que llegar el martes para que la proposición pueda votarse en el pleno del 14 de febrero y así el Gobierno pueda empezar a superar cuanto antes esta sangría que lleva semanas desgastándole.

El desenlace está pues cercano, pero la ley tiene una larga historia que empieza el 7 de julio de 2016. La primera madrugada de aquellos sanfermines, cinco hombres violaron a una mujer de 18 años en un portal del centro de Pamplona. Ese caso, el de La Manada, supuso un terremoto social que empujó cambios políticos y legislativos: fue el punto de inicio de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ahora, solo cuatro meses después de su entrada en vigor, sufrirá su primer cambio.

Ese texto se basó sobre todo en la proposición de ley que Unidas Podemos había registrado en junio de 2018 y en las recomendaciones que seis meses después envió al Gobierno la Comisión General de Codificación (reactivada justo para esto tras el caso de La Manada). Pero un año antes de que se formase la coalición de Gobierno, la que era ministra de Justicia, la socialista Dolores Delgado, hizo la primera alusión a la propuesta concreta de cambio sobre los delitos sexuales: endurecer las penas. No subirlas, pero si hacerlas más rígidas: que los presos tuviesen que cumplir la mitad de la pena para poder acceder “a los beneficios penitenciarios, a los permisos de licencia, a la clasificación en tercer grado y al cómputo del tiempo para la libertad condicional”.

En enero de 2020, los ya socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se reunieron para dar forma al texto que llevarían al Consejo de Ministros. Igualdad quería que estuviese listo para el 8-M (Día de la Mujer) de aquel año. Justicia, con Juan Carlos Campo al frente, y Vicepresidencia, con Carmen Calvo, estaban en contra. Calvo quería incluir la reforma en otra más amplia del Código Penal. Igualdad se negaba. Tenían su reforma y la querían antes del 8 de marzo, la fecha simbólica.

Una reforma “verde y mal planteada”

Irene Montero entregó la reforma en un primer retiro del Gobierno de coalición en Quintos de Mora. Los tres jueces del Gobierno —Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles— la veían muy verde y mal planteada. Fueron muy críticos en privado, según fuentes gubernamentales. Pero Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, fue rotundo con Sánchez: tiene que estar para el 8-M. El presidente, para salvar la coalición, dio una orden clara: hay que sacarla. Calvo y Campo discutieron con Igualdad, hubo informes muy duros de Justicia contra la ley, pero se pulió y salió con una entusiasta nota oficial: “La ley de libertad sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad ante el 8 de Marzo”.

Pero las cosas no estaban resueltas. Podemos sentía que el PSOE había despreciado a las juristas que hicieron la ley. Iglesias se lanzó contra Campo un día después de la aprobación en el Consejo de Ministros: “En las excusas técnicas creo que hay mucho machismo frustrado”. Después hablaron entre ellos, lo arreglaron e incluso se dieron un abrazo en un acto oficial con el Rey delante. La ruptura con Calvo fue más definitiva. Era la primera prueba del Gobierno de coalición. Sánchez la resolvió, pero las heridas estaban ahí.

Los pilares de la ley quedaron sentados: unificar los delitos de abuso y agresión en uno único, añadir agravantes como la sumisión química y reducir las penas. El Consejo General del Poder Judicial, en un informe también duro, cuestionó la definición del consentimiento y la desaparición del delito de abuso, y advirtió de la bajada de penas máximas. Pero no apuntó nada sobre la reducción de las mínimas. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, tildó el informe de “regresivo” y Montero tuiteó: “Solo sí es sí. #SeráLey”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió “humildad” cuando en los textos legales se detectan “deficiencias jurídicas”.

Mientras, el equipo de Campo hizo un estudio sobre la futura aplicación de la ley, con más de 100 sentencias, con consecuencias claras: las máximas no podían bajar. “Habrá violadores en la calle”, concluyó Justicia. Montero lo asumió: las máximas volvieron donde estaban. Carmen Calvo dice, sin embargo, que no fue todo tan pacífico. Este pasado lunes, en la SER, la exvicepresidenta afirmó que, cuando llegó el segundo borrador al Consejo de Ministros, ella ya no tenía “ningún tipo de control” sobre el texto. “Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. ¿Y sabes qué ocurre? Que en un Gobierno se respeta también la autonomía de un ministro cuando dice ‘mi ley es esta’. Se respetó a la ministra de Igualdad [...] ¿Qué hace ahora el presidente del Gobierno? Lo que le toca hacer. Está rectificando el Gobierno entero”, dijo Calvo. La exvicepresidenta aseguró que Campo remitió un informe en el que advertía de que esto podía pasar, aunque no se transmitió al presidente esta cuestión porque no “todo el tiempo” se cuenta cada paso que se da al trabajar una ley.

Igualdad insiste en que nadie advirtió de que podrían salir a la calle cientos de agresores sexuales. En el PSOE se admite que nadie lo dijo de forma tan rotunda porque era imposible saberlo, pero sí aseguran que se lanzaron muchas advertencias. La ley salió en segunda vuelta del Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021. Un año después, tras una larga tramitación parlamentaria en la que de nuevo nadie previó lo que estaba por llegar, 205 diputados apoyaron la ley y 141 la rechazaron. El 2 de noviembre, Montero jugó fuerte: “Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista”. Pero dos semanas después se conocieron las primeras y la norma estrella de la legislatura se convirtió en el principal agujero negro del Ejecutivo. En las próximas horas se sabrá si hay acuerdo para intentar resolverlo o la primera gran ley de la coalición es también la que la abre en canal tres años después.