Pedro Sánchez intenta que Irene Montero acceda a estudiar ajustes en la ‘ley del solo sí es sí’ tras la sentencia del Supremo

La situación de la ley del solo sí es sí no se acaba de resolver, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido tomar el control político de la crisis. Sánchez llamó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, según fuentes del Gobierno, para convencerla de que ante el ...

La situación de la ley del solo sí es sí no se acaba de resolver, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido tomar el control político de la crisis. Sánchez llamó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, según fuentes del Gobierno, para convencerla de que ante el goteo de reducciones de pena y excarcelaciones, que están suponiendo un importante desgaste para el Ejecutivo en una de sus leyes estrella, y sobre todo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que avala esta reducción de penas en el caso de La Arandina, es necesario plantearse un ajuste técnico de la norma para evitar estas interpretaciones de los jueces, que no eran las esperadas. Una vez apuntada la dirección política por Sánchez, ahora la interlocución para buscar soluciones es entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la propia Montero. La solución que está encima de la mesa es que un equipo técnico de Justicia con participación de Igualdad analice posibles ajustes.

Sánchez defiende la ley, en público y en privado, la considera una buena norma y un referente para el feminismo, y confía en que con el tiempo se verá su utilidad. “Es una gran ley, de todo el Gobierno, que amplía derechos y protege a las mujeres”, señalan en el entorno del presidente. Pero también cree que el Ejecutivo no se puede quedar de brazos cruzados ante una consecuencia no esperada de la norma. Es la misma opinión que tiene todo el sector socialista del Gobierno, incluida la ministra Llop. Montero, por el contrario, sigue pensando que no hay que cambiar la ley y el tiempo acabará ajustando todas las interpretaciones. En el entorno de la ministra aseguran que en Igualdad han revisado todas las posibles opciones de reforma y todas son perjudiciales para el objetivo de proteger mejor a las mujeres agredidas, y que por tanto hay que concentrarse en intentar lograr que los jueces interpreten correctamente la norma en la línea de lo que ha planteado la fiscalía general.

El goteo actual de revisiones —medio centenar— y excarcelaciones —al menos siete en Madrid y 12 en toda España— que se han producido no tienen remedio legal por parte del Gobierno, porque cualquier cambio de la norma que se hiciera ahora no lo arreglaría: se aplicaría la ley más beneficiosa para el reo, esto es, la que hay ahora en vigor, pero al menos se podría fijar con más claridad una norma para que en el futuro no haya este tipo de interpretaciones de los jueces, muy criticadas por Igualdad.

Para ello, el Ejecutivo estudia reunir a un grupo técnico de expertos alrededor del Ministerio de Justicia que estudien posibles soluciones jurídicas. El asunto no es nada sencillo, y por eso la fórmula no está cerrada, pero la implicación personal de Sánchez indica que la voluntad política de buscar una solución es firme. Ese grupo técnico podría concluir que es mejor dejar las cosas como están, señalan fuentes del Ejecutivo, pero la decisión de al menos hacer ese análisis a fondo se va consolidando en el Gobierno.

Existe un organismo específico de Justicia para este tipo de análisis técnicos, la Comisión General de Codificación, presidida por la propia ministra, Pilar Llop, y conformada por expertos técnicos, no políticos. Según la definición oficial del ministerio, se trata de “un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”, y podría encargarse de estudiar los “ajustes técnicos” de esta ley de los que habló Sánchez el martes en el Congreso. Este organismo está compuesto por 30 expertos del máximo nivel, pero puede llamar a los que considere oportunos para consultarles.

Esta comisión de codificación ya fue convocada en 2018 por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, del PP, cuando el escándalo de la primera sentencia de La Manada hizo que hubiera presiones para reformar la ley. En aquel momento ya hizo un trabajo específico sobre esta legislación en materia de delitos contra la libertad sexual. Ahora se trataría de ajustar la norma para evitar que las interpretaciones de algunos jueces, que el Gobierno no esperaba, arruinen el trabajo de una ley de largo recorrido que supone un cambio profundo en la lucha contra los delitos contra la libertad sexual.

El Gobierno está esperando que se publique la sentencia del Supremo sobre el caso de La Arandina. Sánchez siempre ha defendido la ley y a la ministra Montero, frente a las críticas de otros sectores del Gobierno, pero ya en la primera ocasión en la que habló de esto, tras la cumbre del G20 en Bali, señaló que había que esperar a que se pronunciaran los tribunales que crean jurisprudencia, esto es, el Supremo en España. Sin embargo, aunque la sentencia no se conozca, el fallo ya apunta a que el tribunal va a aceptar caso por caso la filosofía de la reducción de penas que han asumido varias audiencias provinciales y no la que ha planteado La Rioja, por ejemplo, que ha rechazado de plano todas las revisiones.

En Igualdad aseguran que ellos han estudiado en profundidad las posibilidades y están convencidos de que no tiene sentido tocar la ley porque son los jueces los que no están haciendo la interpretación correcta y están rebajando las penas cuando no deberían hacerlo. En el entorno de Montero señalan que el arco de penas que contiene la ley fue el que se pactó internamente en el Gobierno y el que se diseñó desde Justicia, entonces dirigida por Juan Carlos Campo, que tenía un planteamiento distinto al de Igualdad, y fue el que se impuso. Cualquier retoque al alza de las penas mínimas, una de las soluciones que han planteado algunos expertos, haría que muchos comportamientos de abusos sexuales menos graves quedaran fuera de cualquier pena, que es precisamente una de las cosas que quiere evitar la ley, según el ministerio de Irene Montero.

Por eso en Igualdad insisten en que la mejor opción es no tocar la ley y esperar a que despliegue su verdadera fuerza en los nuevos juicios que lleguen a partir de su entrada en vigor. Además, insisten en que se está poniendo el foco en las revisiones que están siendo aceptadas, pero no en las que son rechazadas, que son la inmensa mayoría, y en el caso de las primeras hay también muchos recursos planteados que podría alterar el resultado final de una consecuencia inesperada de una ley que sigue defendiendo todo el Gobierno.