La coalición de Gobierno resiste a duras penas el ciclón del ‘caso Pegasus’
El PSOE y Unidas Podemos agravan sus diferencias pero descartan un adelanto electoral en un momento de gran debilidad para el Ejecutivo
El enésimo desencuentro en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, esta vez por el caso Pegasus, ha encrespado aún más los ánimos en una coalición que acumula tensiones pero que ninguno de los socios quiere romper. Al menos por el momento. La intención de las diferentes almas del Ejecutivo, donde ya hay quienes distinguen entre socialistas, Podemos y el espacio que responde ante Yolanda Díaz, es completar la legislatura. Ninguna de las partes, según reconocen las fuentes consultadas en cada una de ellas, contempl...
El enésimo desencuentro en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, esta vez por el caso Pegasus, ha encrespado aún más los ánimos en una coalición que acumula tensiones pero que ninguno de los socios quiere romper. Al menos por el momento. La intención de las diferentes almas del Ejecutivo, donde ya hay quienes distinguen entre socialistas, Podemos y el espacio que responde ante Yolanda Díaz, es completar la legislatura. Ninguna de las partes, según reconocen las fuentes consultadas en cada una de ellas, contempla una ruptura abrupta en un momento de gran debilidad del Gobierno.
Un adelanto electoral podría suponer un coste altísimo para la izquierda, con el PP de Alberto Núñez Feijóo igualado con el PSOE según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Con el bloque de la derecha a las puertas de la mayoría absoluta, la entrada de Vox en el Gobierno ha dejado de convertirse en una hipótesis sin fundamento. La falta de avances en la candidatura amplia de Díaz, que se ha dado de margen hasta final de año para confirmar si se presentará a las generales, es otro factor que desaconseja, según estas fuentes, un final precipitado de la legislatura. Responsables de La Moncloa subrayan que ahora mismo la preocupación del Gobierno es encauzar la relación con ERC y apuntan a que la coalición ha atravesado turbulencias peores. Como el 7 de abril, cuando el Congreso (con el voto de Unidas Podemos) desautorizó a Pedro Sánchez por el giro sobre el Sáhara horas antes de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, lo recibiera en Rabat.
Pero los problemas actuales en el Gobierno no parecen nada fáciles de reconducir. Las incógnitas por el espionaje a líderes independentistas y la brecha de seguridad en el corazón de La Moncloa, que ha reconocido que los móviles de Sánchez y Margarita Robles también fueron atacados con Pegasus, ha acrecentado unas grietas cada vez más profundas. El PSOE le reprocha a Unidas Podemos que se comporte como si no formase parte del Ejecutivo y exija responsabilidades políticas e incluso haya pedido la dimisión de la ministra de Defensa. Unidas Podemos, a su vez, se reivindica como el garante de que el PSOE apruebe medidas progresistas como la subida del salario mínimo. “A los dos nos conviene mantener la coalición. ¿Cuándo entraría en riesgo? Cuando uno de los dos gane más en el divorcio que en el acuerdo”, resume un alto cargo socialista del Ejecutivo.
La coyuntura económica tampoco favorece al Gobierno y es otro factor para esperar y calmar los ánimos. Las fuentes consultadas en el PSOE y en UP reconocen que necesitan tiempo para reconducir el impacto de la guerra de Ucrania y que se consoliden los buenos datos de creación de empleo provocados por la reforma laboral. En otras circunstancias, el récord de casi 700.000 contratos indefinidos en abril, junto al de los más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, habrían marcado la agenda, pero ahora han quedado deslucidos por los múltiples frentes con los que lidian en La Moncloa.
Sánchez destacó este viernes ante la patronal catalana en el Cercle d’Economia en Barcelona cómo el 48,2% de los contratos firmados el mes pasado fue indefinido frente al promedio entre 2014 y 2019 de un contrato indefinido por cada 10 contratos temporales. El presidente del Gobierno también resaltó la recuperación “vigorosa” del turismo, con una ocupación hotelera de los visitantes extranjeros en Semana Santa del 85% respecto a los de 2019, el año previo a la pandemia. Con independencia del avispero de la política española, la inflación es la otra gran preocupación del Ejecutivo. Tras tocar techo el 9,8% de marzo, una cota que no se alcanzaba desde 1985, el índice de precios al consumo fue del 8,4% en abril. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confía en que la inflación se sitúe “en torno al 2%” en 2023, cuando habrá elecciones autonómicas y municipales. Sánchez pretende que las generales sean en diciembre de ese año, al final del semestre en el que España presidirá la UE. Si es que la coalición no se ha roto para entonces.
El PP aprovechó la falta de tregua entre los partidos del Ejecutivo y el desgaste de las últimas semanas por el caso Pegasus para postularse como una alternativa de Gobierno solvente. “No hay charco en el que el Gobierno no esté dispuesto a meterse”, cargó Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de los populares. Rollán advirtió de la “clamorosa debilidad” de Sánchez y vaticinó que “lo que mal comienza, mal acaba”.