PSOE y PP dejan la nueva financiación autonómica para la próxima legislatura

La revisión del sistema de financiación autonómica, una de las grandes reformas estructurales que arrastra España, seguirá atascada y se demorará hasta que no finalice el ciclo electoral de esta legislatura, que tendrá su colofón en las generales de finales del próximo año o principios de 2024. El modelo vigente, que prácticamente no contenta a ningún barón autonómico, se debería haber renovado hace una década, en 2014, pero en el Gobierno, el PSOE y el PP asumen que será inviable remozarlo ahora. Nada ayuda. Comie...

La revisión del sistema de financiación autonómica, una de las grandes reformas estructurales que arrastra España, seguirá atascada y se demorará hasta que no finalice el ciclo electoral de esta legislatura, que tendrá su colofón en las generales de finales del próximo año o principios de 2024. El modelo vigente, que prácticamente no contenta a ningún barón autonómico, se debería haber renovado hace una década, en 2014, pero en el Gobierno, el PSOE y el PP asumen que será inviable remozarlo ahora. Nada ayuda. Comienza un ciclo plagado de elecciones, el asunto es muy complejo y enfrenta reivindicaciones contrapuestas ajenas a lo ideológico. Por si fuera poco, el PP estrena liderazgo con Alberto Núñez Feijóo, que como presidente de Galicia tenía una posición de parte y para el que ahora resolver esta cuestión tampoco es lo más prioritario.

Las fuentes consultadas en el Gobierno y los dos grandes partidos coinciden en que únicamente un gran pacto entre Ferraz y Génova haría posible la renovación de la financiación de las autonomías tras los aplazamientos sucesivos por la inestabilidad política, la pandemia y ahora la crisis económica y social por la guerra de Ucrania. Pero en esta cuestión ni socialistas ni populares –entre ambos presiden todas las comunidades salvo Cataluña, Euskadi y Cantabria– han logrado establecer una posición única como partido. Los barones consultados se han hecho a la idea de que el sistema de financiación seguirá sin cambios a corto plazo.

Uno de los mejores ejemplos de la complejidad de unas negociaciones endiabladas es que Feijóo había abanderado hasta ahora como presidente de Galicia el llamado G-8, el bloque de las comunidades gobernadas por el PP y el PSOE más envejecidas y despobladas, que piden cambiar los criterios de reparto frente a las que quieren que se prime el número de habitantes. Entre estas estaba Andalucía, de Juan Manuel Moreno, el gran baluarte y socio en el PP de Feijóo, que ha colocado en su equipo en Génova como vicesecretario de Economía a su consejero, Juan Bravo, defensor de tener más en cuenta precisamente el criterio poblacional para el reparto del dinero público. Y no es el único en el PP: en una postura similar está el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

En el entorno de Feijóo explican que ahora efectivamente el asunto es complicado, con intereses contradictorios en los propios partidos, pero indican que debería ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que diera un paso adelante y no renunciara al menos a comenzar el debate sobre el nuevo modelo para avanzar algo la discusión, incluso aunque tuviese que postergarse para la siguiente legislatura. El PP de Feijóo no quiere asumir la carga ni la responsabilidad de ser el que aplaza esta cuestión de nuevo, según fuentes oficiales. En el Ministerio de Hacienda insisten a su vez en que no renuncian a cerrar un nuevo modelo de financiación antes de que concluya la legislatura, aunque reconocen que es muy complicado.

La peculiar coyuntura política del país dificulta de nuevo que se pueda lograr un acuerdo ante la inminencia de las elecciones andaluzas, que según todos los indicios se celebrarán en junio o como máximo en otoño y serán la antesala de los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2023. Esto es, cuando los socialistas y populares se jugarán casi todo su poder territorial. Las diferencias entre las mismas comunidades del PSOE o las del PP sobre los criterios que se tendrían que primar en el futuro sistema de financiación en función de factores demográficos y geográficos son uno de los factores clave que hace prácticamente imposible un consenso. La dependencia, a su vez, de los socios en los Gobiernos de coalición complica todavía más que se logre un pacto. El PP, en ese sentido, lo tiene algo más fácil, ya que solo comparte la Junta de Andalucía con Ciudadanos. El PSOE, en cambio, gobierna con socios muy diversos que abarcan desde Unidas Podemos a partidos nacionalistas de izquierdas y regionalistas conservadores. “Desde que el Ministerio de Hacienda presentó su propuesta de población ajustada, nadie se ha movido de sus posiciones. Ni los presidentes del PSOE ni los del PP”, resumen fuentes gubernamentales.

El nuevo vicesecretario de Economía del PP asumió en febrero en el Parlamento andaluz, ante el documento que les presentó el Gobierno en diciembre con el nuevo criterio de la población ajustada, que el sistema no podría revisarse en 2022. Habría que aplazarlo al menos hasta 2023. Bravo propuso que, mientras tanto, podría acordarse entre todos los partidos la creación de un “fondo transitorio” para compensar económicamente a las autonomías hasta que se resuelva este embrollo. No logró mucho consenso. La discusión abundó en la idea histórica que se maneja desde Andalucía, y otras comunidades, de que el Ejecutivo central les infrafinancia entre 10.400 y 17.000 millones y en la variedad de criterios a tener en cuenta.

Un síntoma de lo lejana que parece una solución es que la financiación de las autonomías tampoco salió en las tres horas de la reunión que Pedro Sánchez y Feijóo mantuvieron el 7 de abril en La Moncloa. El presidente del Gobierno ni siquiera la incluyó entre las 11 propuestas de Estado en las que consideró posible pactar con el PP, con su prioridad en renovar los cargos institucionales, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Feijóo tampoco incluirá la financiación autonómica en el documento alternativo que presentará este martes a los agentes sociales en Génova y entregará al Gobierno el viernes, y donde se concentra en requerir bajada de impuestos y retoques “temporales y excepcionales” en el IRPF mientras dure esta crisis de la guerra de Ucrania.

El aún presidente de la Xunta, que en este asunto mantiene una posición contraria a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no urgió a reformar el sistema de financiación en la gira por España que realizó antes de su elección en el congreso extraordinario del PP en Sevilla del 1 y 2 de abril. Tampoco se mencionó en el cónclave en el que se consumó la sucesión de Pablo Casado. Sin embargo, varios barones populares se quejaron tres semanas antes por la falta de novedades en la conferencia de presidentes de La Palma. “Solicitamos que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera –este órgano reúne a los consejeros de Hacienda y al ministerio- y empecemos a debatir el modelo. Tenemos un sistema caduco, antiguo, que nos está llevando a una situación de asfixia. No entendemos por qué se le da largas a un problema de las comunidades autónomas en el que Andalucía pierde 1.000 millones al año, 4 millones al día”, afirmó Moreno. “Las expectativas lamentablemente son bajas, si esto no es una cuestión de Estado no sé qué puede serlo”, abundó López Miras.

Frente a las críticas de algunos barones que incluso reclaman nuevos fondos estatales, el Ministerio de Hacienda recuerda que las comunidades acariciaron en 2021 el primer superávit fiscal de historia. Las transferencias extraordinarias del Estado, los recursos del sistema de financiación y la mejora de los ingresos permitieron que las autonomías registrasen un déficit de 334 millones (0,03% del PIB). Hacienda añade que las comunidades recibieron 16.000 millones en 2020 para poder atender los servicios públicos en la pandemia. Una inyección similar se produjo un año después (13.500 millones). No obstante, las comunidades no gastaron casi 3.000 millones, es decir, en torno al 10% de esas transferencias.

Diez autonomías cerraron el ejercicio con superávit –Navarra (1,30 % del PIB), Baleares (1,17 %), Asturias y Cantabria (0,93 % del PIB), País Vasco (0,84 %), Canarias (0,50 %), Castilla-La Mancha (0,33 %), Madrid (0,32 %), Extremadura (0,20 %) y La Rioja (0,03 %)– y siete con números rojos: Murcia (1,40 %), la Comunidad Valenciana (1,15 %), Cataluña (0,33 %), Andalucía (0,19 %), Galicia (0,16 %), Aragón (0,15 %) y Castilla y León (0,10%). En cifras absolutas, el superávit lo encabezó Madrid con 735 millones y el déficit la Comunidad Valenciana, con un resultado negativo de 1.292 millones. La comunidad de Díaz Ayuso fue la única del PP que cerró con números positivos. Otro elemento que todos los barones, sean del partido que sean, tienen muy presente.